El gobierno recurre nuevamente a la pena de muerte

En un colegio primario y frente a decenas de infantes la presidenta Dina Boluarte vuelve a la carga con la pena de muerte tras la presión de sus aliados en el Congreso y el impacto por la muerte del cantante de Armonía 10. La exprocuradora supranacional Delia Muñoz critica la medida y explica que la medida se aplicaría en el mejor de los casos en 2027.

La presidenta Dina Boluarte volvió a la "vieja confiable" de los regímenes que buscan combatir la criminalidad con medidas populistas: la pena de muerte.

Lo hizo frente a decenas de niñas y niños del colegio 3049 "Imperio de Tahuantinsuyo", del distrito limeño de Independencia, un día después del crimen de Paul Flores, vocalista del grupo de cumbia Armonía 10. 

"A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte... A estos les digo: estoy pensando firmemente en la pena de muerte", exclamó, pese a la presencia de los menores.

A su lado, el ministro del sector Educación, Morgan Quero, sólo aplaudía y asentía. 

El portal del gobierno replicó el anuncio presidencial con entusiasmo: "Presidenta Dina Boluarte: ¡Pena de muerte para criminales!". 

"Ese [la pena de muerte] no es el camino", señaló la exprocuradora supranacional Delia Muñoz, desde Estados Unidos, en diálogo Epicentro Tv.

La noche anterior, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó vía su cuenta de Twitter que el gobierno había decidido decretar el estado de emergencia en la provincia de Lima y el Callao, con patrullaje en las calles de las fuerzas militares.

"Tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional", escribió Adrianzén. 

Fue un anuncio cuestionado en las redes sociales debido a la ineficacia que la medida ha mostrado en ocasiones anteriores. 

Además, el premier lo planteó después de que el hermano del difunto artista Paul Flores, Christian Flores, anunciara desde Piura la realización de una "marcha por la paz" el miércoles 19 de marzo. 

"El miércoles, aparte del sepelio, acompañarnos en una marcha blanca por la paz, porque las autoridades, de una vez por todas, tengan la voluntad política de hacer verdaderamente algo que sea significativo, un cambio no solamente en las leyes, en las represiones carcelarias o en endurecer las penas. Tiene que haber algo realmente importante, que marque un hito para que mi hermano sea el último", dijo Christian Flores en declaraciones al dominical Cuarto Poder. 

Sea porque el gobierno busca aplacar cualquier protesta o porque acoge las exigencias de sus aliados en el Congreso, lo cierto es que estas medidas vuelven a ser parte del debate oportunamente cuando la presidenta es objeto de críticas por el manejo del asunto de sus cirugías y por su defensa cerrada al cuestionado ministro del Interior, Juan Santiváñez. 

Al anunciar el estado de emergencia y advertir que "está pensando" en la pena de muerte, la presidenta Boluarte no hizo sino recoger dos de las exigencias planteadas la noche del domingo por la bancada parlamentaria de uno de sus principales aliados, el partido Renovación Popular. 

Son los puntos 3) y 5) del pronunciamiento del partido de Rafael López Aliaga: la declaratoria del estado de excepción para que las FFAA se hagan cargo de la seguridad ciudadana y el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Es que, para que en el Perú se implemente la pena de muerte, tiene que retirarse del Pacto de San José y, en consecuencia, de las competencias de la Corte IDH. 

No es la primera vez que la presidenta Boluarte propone la pena de muerte. Ya lo había hecho el 10 de diciembre pasado, cuando dijo: "Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores". 

La jefa de Estado sabe que la aplicación de la pena de muerte no es inmediata. 

La abogada y exprocuradora supranacional Delia Muñoz calcula que, acelerando el paso, la medida empezaría a entrar en vigencia desde el año 2027. Pero tampoco es tan sencillo y ella lo explica. 

Un largo procedimiento

La explicación de la abogada Delia Muñoz es detallada y necesaria para tener claro lo que tendría que hacer el gobierno si quiere implementar la pena de muerte. 

Un debate sobre el tema debe partir de que en el Perú existen tres supuestos especiales para la pena de muerte: guerra exterior, traición a la patria y terrorismo; y que cualquier modificación o ampliación de los tres supuestos exige necesariamente una reforma constitucional y la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. 

El Perú se adhirió al Pacto en 1978, cuando estaba vigente la Constitución de 1933, que establecía la pena de muerte para los delitos de traición a la patria, homicidio calificado y "otros que estableciera la ley", y lo ratificó en 1981, cuando ya entró en vigencia la Constitución de 1979, que restringió los supuestos legales. 

"Y el pacto trae una prohibición de no extensión de la pena de muerte y señala que los países la pueden seguir aplicando únicamente en los casos establecidos en su Constitución. Hay quienes creen que se puede utilizar la Constitución de 1933 como una base para la ampliación a delitos como los que señala la presidenta, pero en derechos y en materia de causales de pena de muerte existe el principio de no regresión, es decir, no puedo retroceder para ampliar la aplicación de la pena de muerte", aclara Muñoz. 

Internamente, correspondería modificar la Constitución de 1992 -que, según recuerda Delia Muñoz, establece un sistema de protección absoluta a la vida-, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

"En el mejor de los casos, si hoy, en esta legislatura, toman la decisión y luego convocan a referendum, y, en paralelo, se trabaja la modificación del Código Penal, la norma no estaría lista antes de setiembre próximo", calcula Muñoz. 

Pero, acota que luego deberá transcurrir un año o un año y medio para que, en el mejor de los casos, el Poder Judicial emita una sentencia condenatoria efectiva de aplicación de la pena de muerte. 

En ese caso, estaríamos ya en el año 2027. 

"Todo ello, en caso no hubiera problemas con el Pacto de San José, pero el Pacto de San José exige que haya un aviso previo de un año" si un Estado miembro quiere denunciarlo para retirarse de su fuero, explica la exprocuradora.

Ese es el procedimiento. La teoría. En la práctica, el que va a dictar la pena de muerte es un Poder Judicial en crisis, con la mitad de jueces provisionales, con preocupantes niveles de corrupción, sin formación y sin ánimo de enfrentar al crimen organizado, 

"En este momento, el Poder Judicial no es un espacio de soporte de la legalidad. A mí no me da la mayor garantía. Hoy día ese [la pena de muerte] no es el camino, los caminos tienen que ser otros", concluye Delia Muñoz. 

Pero el gobierno y sus aliados en el Congreso exigen populismo e inmediatez para la tribuna. La razón no es algo que los caracteriza.