Luego del violento ataque a la minera La Poderosa en Pataz, que dejó 9 trabajadores fallecidos, la presidenta Dina Boluarte dice que “formalizará la minería ilegal”. En el Congreso hay un paquete de proyectos legislativos que buscan dilatar el proceso de formalización minera.

La criminalidad sigue alcanzando niveles estremecedores en el país. La madrugada   del sábado, nueve trabajadores de la empresa minera ‘La Poderosa’ fueron asesinados y, al menos, 15 resultaron heridos luego de que fueron atacados con explosivos dentro del socavón de la mina, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, un grupo de sujetos armados con fusiles, ingresaron de manera violenta a la minera a la 1:00 a.m., y tomaron de rehenes a cuatro de los trabajadores. Esto ocasionó un enfrentamiento con el personal de seguridad de la mina.

“Dichos sujetos ingresaron al socavón de la mina, haciendo uso de cargas explosivas, lo que provocó el lamentable fallecimiento de 9 personas y dejó heridas a otras 15”, dice el documento publicado el sábado.

En un comunicado, la empresa minera indicó que el violento ataque no se dio de manera aislada, sino que responde a “el crecimiento exponencial de la minería ilegal ahora coludida con la criminalidad organizada”.

Las primeras investigaciones aseguran que el ataque fue realizado por una organización criminal aliada con mineros que realizan actividades ilegales en la zona, y que pretenden tomar el control de las minas.

El domingo la policía informó de la detención de siete sujetos sospechosos, con armas de fuego de largo alcance, quienes se encontraban en una casa en el centro poblado Pueblo Nuevo, en Pataz, en donde se registra alta incidencia de minería ilegal. Este martes se realizará la audiencia de prisión preventiva contra los detenidos.

Foto: Mininter

El ministro del Interior, Víctor Torres, informó que un contingente de 180 efectivos de la Policía Nacional del Perú, y otros 50 miembros del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), estarán a cargo de restablecer la tranquilidad y el principio de autoridad en la zona.

Labor que entorpece

“La Policía Nacional ya tomó control de la zona, estamos desde el Gobierno mirando cómo formalizamos esa minería ilegal que tanto daño hace a la patria. No solamente porque son ilegales y están armados, sino porque están dañando nuestro ecosistema”, aseguró el domingo la presidenta Dina Boluarte sobre lo ocurrido en Pataz.

Sin embargo, la mandataria desconoce, al parecer, que formalizar a los mineros que realizan actividades ilícitas es precisamente lo que debe evitar, y lo que parece el Congreso está buscando hacer a través de algunas propuestas legislativas.

“El minero informal está inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras que el ilegal es perseguible y sancionable”, aclara el abogado experto en derecho ambiental, César Ipenza.

En el Congreso hay un paquete de propuestas legislativas encaminadas a entorpecer la lucha contra la minería ilegal y el avance del registro que busca formalizar a los mineros que cumplan con los estándares mínimos de cuidado ambiental.

Para Ipenza, uno de estos proyectos legislativos es el 2519-2021, de autoría del congresista por Perú Libre, Jorge Marticorena. Con este proyecto se busca ampliar por 90 días el plazo dispuesto por el Reinfo para que se registren los mineros informales, lo que dilataría aún más el proceso de formalización iniciado en el 2002, es decir, hace 21 años.

“El proceso de formalización ya tiene 21 años porque la primera norma que se dio fue en el 2001. En el 2011  se dieron unas normas y empezó el proceso, ya con plazos de caducidad, pero nunca se cumplieron las condiciones, por ende los mineros insistían en el Ejecutivo. En el gobierno de Pedro Castillo se amplió hasta el 31 de diciembre del 2024. Ahora, con el proyecto de ley de Marticorena se pretende abrir el Reinfo a estos mineros ilegales para convertirlos en formales”, precisa el experto.

Es decir, con la inscripción y permanencia en el registro de formalización minera, los mineros que cometen actividades ilegales son eximidos de responsabilidad penal por cometer el delito de minería ilegal.

En junio, la comisión de Energía y Minas del Congreso, aprobó por mayoría el dictamen que agrupa este proyecto de ley junto al 2172, 3621 y 5171. Este fue incluido en la agenda del Pleno y está a la espera del debate y votación.

El segundo proyecto de ley es el 2715, del congresista de Madre de Dios por Alianza por el Progreso, Eduardo Salhuana. Este proyecto propone modificar el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país. Uno de los objetivos de la norma es asignar los bienes, maquinarias, equipos e insumos decomisados en las intersecciones a los gobiernos locales y regionales.

“Como estamos con el Fenómeno de El Niño, el congresista utiliza el argumento de cómo es posible que se sigan destruyendo las maquinarias y no las podamos usar. Dice que se debe poner en manos de los municipios regiones, pero estos operativos son reservados y si voy a tener que coordinar con el municipio, habrá un fracaso en la interdicción contra la minería ilegal. Esto hace que sea más compleja la lucha contra la minería ilegal porque tienen que estar en proceso para que se les devuelvan la maquinaria”, critica Ipenza.

En mayo el Pleno aprobó en primera votación, y exoneró de una segunda, el texto sustitutorio del proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo observó la autógrafa y retornó a la comisión de Energía y Minas. Una de las observaciones fue, precisamente, el peligro de perder el carácter de reserva en los operativos policiales frente a la propuesta de entregar las maquinarias a las autoridades.

No obstante, a fines de octubre la comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz, aprobó por mayoría el dictamen por insistencia rechazando las observaciones del Ejecutivo.

El tercer proyecto legislativo es el 3634, del congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi. Este proyecto llamado “Ley de la Minería a Pequeña Escala - MAPE”, pretende, asegura Ipenza, establecer que el proceso de formalización sea “permanente y eterno”.

Asimismo, establece que para ser considerado pequeño minero se debe contar con 5 mil hectáreas, cuando actualmente es solo mil.

“Lo que siempre han querido estos señores es permitir que se desarrolle minería en cuerpo de agua, en dragas. Por ello, piden opinión a la Autoridad Nacional del Agua para que en el debate metan lo de minería en cuerpos de agua”, concluyó el experto.

El proyecto del congresista Ancachi aún se encuentra en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Con tanto impulso desde el Congreso a la ilegalidad en la Minería no debe sorprender que las mafias tenga cada vez más poder y más dinero.

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