Día de furia en el Congreso

Mientras la mayoría estaba atenta al partido de la selección de fútbol, el Congreso aprobó bonos para sus trabajadores, retornar a la bicameralidad y la reelección parlamentaria indefinida.

En un país que, en medio de una recesión económica, se aferra a los partidos de la Selección Peruana de Fútbol; y con la presidenta Dina Boluarte gobernando desde Estados Unidos (aún sin ministro del Interior), el Congreso de la República ha aprovechado para legislar aceleradamente priorizando sus beneficios. En menos de 48 horas, aprobó por insistencia un proyecto de ley que debilita el proceso especial de colaboración eficaz; en primera votación el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria de manera indefinida; y además, un bono de casi S/. 10 mil para los trabajadores del Congreso.

Por insistencia

El miércoles, el mismo día en que la atención recaía sobre la cesura al entonces ministro del Interior, Vicente Romero; la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría y sin debate, el dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 565/2021, proyecto que debilita el proceso especial de colaboración eficaz.

La comisión que preside la congresista por Perú Libre, Janet Rivas, desestimó las observaciones que había realizado previamente el Ejecutivo al proyecto de ley. Esta propuesta legislativa modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal limitando el proceso de colaboración eficaz a 8 meses. Incluso establece que por causas justificadas el Fiscal podrá prorrogar este plazo hasta por 4 meses, y solo en casos de crimen organizado la exención será por ocho meses.

Este punto ha sido cuestionado por el Ejecutivo al señalar que el plazo planteado “es un tiempo evidentemente corto y acotado”, por lo que proponen “que el plazo no sea más de 36 meses e improrrogable”.

Lo que también ha sido observado por el Ejecutivo es el numeral 12 del artículo 473 del Código Procesal Penal que propone el dictamen al considerar que se trata de una incoherencia normativa. Esto debido a que el nuevo dictamen establece que el Fiscal Provincial, Superior o Supremo a cargo de la investigación, “tiene el deber de proteger el secreto o reserva de la totalidad del proceso de colaboración eficaz y el contenido de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores, así como salvaguardar sus identidades, bajo responsabilidad, administrativa, civil y penal”.

Esta modificación también ha sido criticada por diferentes especialistas porque podría afectar directamente la libertad de información de los medios de comunicación, al plantearse una posible sanción penal a los periodistas que el contenido de las declaraciones de los colaboradores eficaces. Sin embargo, esta observación también fue desestimada por el Congreso. Los votos a favor del dictamen fueron de congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, APP, Avanza País, Renovación Popular, Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva en calidad de no agrupada.

El dictamen será debatido y votado en el Pleno del Congreso. Por haberse aprobado por insistencia, la nueva autógrafa ya no es enviada a la presidenta Dina Boluarte, sino que es publicada en el Diario Oficial El Peruano por orden del presidente del Congreso.

En junio, la Procuradora Pública AD Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, alertó que esta norma no es útil para la lucha contra la corrupción en el Perú y dijo que podría afectar a más de 50 casos que están en trámite. “Son poco más de cincuenta, 54 (procesos) que estamos en trámite. Y que, como la propia norma establece que debe entrar en vigencia al día siguiente de publicado; entonces va a afectar, va a impactar de manera directa, a los procesos que están en trámite”, dijo entonces en RPP.

¿Arriba Perú?

Con todas las miradas puestas en las previas al partido entre las selecciones de Perú y Bolivia, el jueves el Pleno del Congreso aprobó con una notable mayoría  (93 votos a favor, 28 en contra y una abstención) el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria de manera indefinida. Debido a que es una reforma constitucional, lo aprobado en primera votación debe ser ratificado en una votación más en la siguiente legislatura.

Según el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Martha Moyano, con la bicameralidad el Parlamento estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado. Estarán integrados por 130 y 60 personas, respectivamente.

Debido a que los senadores y diputados representan a la Nación, señala el dictamen, ellos no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. “El mandato legislativo es irrenunciable”, indica el documento.

El Congreso ya había intentado volver a la bicameralidad este año cuando se aprobó en primera votación. Sin embargo, cuando se tuvo que volver a votar, no alcanzaron los votos. Con este nuevo dictamen, deberán alcanzar por lo menos 87 votos en la segunda votación.

Otro de los puntos aprobados en el dictamen es que se deja sin efecto el artículo 90 A de la Constitución que establece que los parlamentarios no pueden ser elegidos por un nuevo periodo de manera inmediata. Es decir, se aprueba la reelección inmediata de legisladores.

La parlamentaria Ruth Luque fue una de las que manifestaron su oposición a la aprobación del retorno a la bicameralidad. “Hoy este Congreso con alta desaprobación quiere a espaldas de la ciudadanía imponer la bicameralidad. Quiero más bien emplazar a quienes han postulado con la izquierda con la bandera de la nueva constitución, si hoy van a ser coherentes con su campaña o van a darle la espalda al país para aprobar una propuesta que en el fondo plantea la reelección”, dijo en el debate.

Luque también recordó que en el 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, el 90% de la población le dijo no a la propuesta de reforma constitucional que proponía el retorno a la bicameralidad. Han pasado apenas 5 años de ello pero algunos congresistas parece que no lo recuerdan.

Y para cerrar la jornada, obviando la recesión económica que vive el país y que ha sido admitida por el Ejecutivo, la Mesa Directiva del Congreso aprobó otorgar a sus trabajadores un bono de dos UIT equivalentes a S/9.900.

"Autorizar, por única vez, una bonificación extraordinaria a título de liberalidad, a favor del personala activo del Congreso de la República, con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñen, por el monto equivalente a dos (2) UIT", señala el documento dirigido a la directora general de Administración, Marisol Espinoza.

El acuerdo aprobado por la Mesa Directiva, presidida por el congresista Alejandro Soto, señala también que el bono “no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionista y no está sujeto a cargas sociales”.

El bono fue solicitado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo.