Las investigaciones por presuntos crímenes de derechos humanos y lesiones graves por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte marchan con lentitud. Según el fiscal adjunto supremo a cargo de las pesquisas, Marco Huamán, no pudo citar a jefes policiales y militares investigados por no contar con sus nombres completos, pero nuevos documentos lo dejan sin piso.
En los primeros días del mes de mayo, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán -a cargo de las investigaciones por las muertes durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, los ministros de Interior y Defensa, y los altos jefes militares y policiales- argumentó en un documento que no había podido citar a declarar a los mandos investigados de la Policía Nacional y del Ejército Peruano, debido a que no contaba con sus nombres completos.
La providencia, remitida el 4 de mayo pasado por el fiscal Huamán, fue revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece. Allí argumentó que, como no tenía los nombres completos de los policías y militares a quienes está investigando por presuntas violaciones de derechos humanos, no había podido citarlos a declarar.
Pero este martes, el diario La República puso en cuestión tal argumento.
Desde el 15 de enero pasado, el fiscal Huamán contaba con los nombres completos de los altos jefes policiales y militares de por lo menos dos regiones en las que hubo muertes y presuntas violaciones de derechos humanos: Ayacucho y Apurímac.
Así que al menos el fiscal pudo haber citado a los responsables castrenses y policiales de estas regiones. Sin embargo, no lo hizo.
Según informó La República, aquel día el fiscal Huamán recibió del coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, información relevante sobre las acciones que se habían tomado hasta entonces.
Jara le dijo a Huamán que la Fiscalía de Ayacucho había abierto investigación preliminar contra el exjefe de la Macrorregión Policial Ayacucho, Ántero Mejía Escajadillo, y contra el excomandante general de la Segunda Brigada de Infantería de la misma región, Jesús Amarildo Vera Ipenza.
Asimismo, Jara le indicó que en diciembre pasado los familiares de los fallecidos en Apurímac habían entablado denuncias por genocidio y violaciones de derechos humanos contra el jefe del Frente Policial de esa región, Luis Jesús Flores Solís.
Como se observa, en el documento había nombres completos de altos jefes policiales.
Pese a ello, en el documento del 4 de mayo pasado, Marco Huamán señaló: “A la fecha no se cuenta con los datos de identificación completos del personal policial y militar que ocuparon los cargos señalados a la fecha de las protestas sociales suscitadas”.
Como si la tarea de obtener nombres completos demandara un alto grado de complejidad, el fiscal señaló que para conseguirlos se hacía necesario solicitarlos por escrito a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Nacional y a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa.
Desde la quincena de enero y hasta el 4 de mayo, transcurrieron tres meses. En ese lapso, Huamán tuvo en la carpeta fiscal los primeros nombres completos (de los jefes policiales de Ayacucho y Apurímac). Pese a ello, elaboró ese oficio explicando las supuestas razones por las que no había citado a declarar a los investigados.
Su argumento ha sido rebatido con documentos.
Gloria Cano, abogada de la organización de derechos humanos Aprodeh, ha señalado que la información con la que contaba Huamán desde enero era “suficiente”, y que no haber iniciado las diligencias necesarias indica una “preocupante inacción” de su parte.
