La exfiscal de la Nación entabló vínculos con políticos de la "alta dirección" de Fuerza Popular, así como del APRA y de Perú Libre para poder lograr sus objetivos, según la extensa disposición de la fiscal suprema que la investiga, Delia Espinoza, quien le imputa el presunto delito de “organización criminal”, al igual que a las congresistas Patricia Chirinos y Martha Moyano, y a los fiscales Marco Huamán y Elmer Ríos Luque. Veinte personas, entre congresistas y fiscales, son investigadas.
La fiscal suprema Delia Espinoza considera que la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la cual investiga, era integrante y jefa de una presunta organización criminal que “no escatimaba en cometer diferentes delitos” para mantener su poder.
Así lo ha plasmado en la “Disposición de ampliación, precisión de imputación, incorporación de investigados y desacumulación de hechos”, que suscribió este viernes 1 de marzo y que, además, incorpora como investigados a 14 congresistas, 4 fiscales y el líder del partido que ganó las elecciones de 2021.
Ellos son los congresistas Patricia Chirinos Venegas, la vicepresidenta del Congreso Martha Moyano Delgado, José María Balcázar, Jakheline Ugarte Mamani, Edgar Tello Montes, Germán Tacuri Valdivia, Luis Cordero Jon Tay, el ex presidente del Congreso José Williams Zapata, Luis Aragón Carreño, José Jerí Oré, Ilich López Ureña, César Revilla Villanueva, Jorge Flores Ancachi, y el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes; los fiscales Marco Huamán Muñoz, Elmer Ríos Luque, Carlos Muñoz León, Juan Fernández Jerí; y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.
Sobre Patricia Benavides, la disposición de 226 páginas señala que para lograr su cometido, habría logrado establecer un vínculo directo principalmente con la “alta dirección” del partido Fuerza Popular, con Hernán Garrido-Lecca y Jorge del Castillo, del APRA, y con Vladimir Cerrón y José María Balcázar, líder y congresista de Perú Libre, respectivamente.
“Es viable imputar en nivel de sospecha simple no solo la presunta existencia de una organización criminal con vigencia aproximada desde el 2021, por lo que Liz Patricia Benavides Vargas debe ser comprendida como presunta autora del delito de organización criminal en su calidad de integrante y presuntamente condición de jefe una vez que asume el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación”, señala la disposición de la fiscal Espinoza.
Dicha organización, de acuerdo con el documento, “no escatimaba en cometer diferentes delitos, que van desde el tráfico de influencias, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real e incluso otros que en el seno de la investigación vayan emergiendo”.
La investigación que realiza la fiscalía suprema que dirige Espinoza explica cómo la presunta organización ejecutó varios hechos hipotéticamente delictivos para lograr sus objetivos, y que, para ello, Benavides logró forjar nexos directos o a través de su asesor Jaime Villanueva con la “alta dirección” del partido de Keiko Fujimori y con otros prominentes dirigentes del APRA y de Perú Libre.
En este caso, la amplia declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto fue importante para que el despacho de Espinoza pueda cerrar los hechos más relevantes. La disposición desarrola que dichos hechos fueron:
La remoción de la fiscal suprema Bersabeth Revilla.
- Las acciones presuntamente ilícitas realizadas con el congresista de Perú Libre José María Balcázar.
- Las acciones aparentemente ilegales para nombrar al defensor del Pueblo.
- La inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
- Las presuntas acciones ilícitas para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
- Las acciones efectuadas para suspender al fiscal superior Rafael Vela y remover al fiscal José Domingo Pérez.
- Los supuestos actos de encubrimiento durante la ejecución del caso Valkiria.
Para ello, Benavides y sus asesores habrían ejecutado “gestiones indebidas con congresistas y políticos”, como los señalados líneas arriba.
La disposición de la fiscal Espinoza le imputa a Patricia Benavides ser autora del delito contra la tranquilidad pública - organización criminal, así como tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo específico, cohecho activo genérico, negociación incompatible, e instigadora presunta de los delitos de tráfico de influencias agravado, patrocinio ilegal, negociación incompatible
Los otros investigados a los que se les imputa ser autores del presunto delito de organización criminal son las congresista Patricia Chirinos y Martha Moyano Delgado, el exfiscal coordinador del caso Cuellos Blancos, Elmer Ríos Luque, y el exfiscal supremo provisional Marco Huamán Muñoz.
Hechos muy graves
Para remover a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales, Patricia Benavides se valió de un informe que habría falseado la verdad sobre la productividad real de la fiscla que investigaba a su hermana, Enma Benavides.
“Resulta viable imputar a Liz Patricia Benavides Vargas como presunta instigadora del delito de falsedad ideológica, pues habría hecho insertar datos falsos en el informe emitido por el gerente de control de productividad, conociendo de la falsedad de los mismos y que ellos podían ser probados con tal documento, para luego utilizarlo e invocarlo como sustento en la resolución que dejaba sin efecto el nombramiento de la entonces fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, lo que evidencia también el perjuicio que no solo podía sino que, en efecto, produjo tal uso”, indica la disposición.
Respecto de las presuntas acciones ilícitas realizadas con el congresista de Perú Libre José María Balcázar, la resolución fiscal postula que Benavides habría canjeado el apoyo del parlamentario nombrando, por pedido de éste, a una persona en el Ministerio Público.
Por ello, el documento señala que Benavides sería “autora de los delitos de cohecho activo específico… dado que compró la función del legislador que tenía que votar sobre la viabilidad o no de las denuncias constitucionales en su contra, poniéndose a disposición de aquel parlamentario y nombrando como fiscal a una persona a propuesta del legislador”.
“Además, ante el requerimiento de aquél (el congresista Balcázar), ofertó y desarrolló (Benavides) diferentes gestiones a su favor ante la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, quien tenía a su cargo la causa que por el delito de apropiación ilícita se tramitaba en contra del referido parlamentario. Tal proceder sería propio del delito de tráfico de influencias… a título de autora”, añade la disposición.
Sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas para la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, Delia Espinoza le imputa a Benavides ser presunta instigadora del delito contra la administración pública, pues habría comprado las influencias reales que ostentaba un parlamentario para que éste influya en otros parlamentarios y así poder tener un “voto coordinado” en la elección referida.
En cuanto a las presuntas acciones ilícitas para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, la disposición de la fiscal suprema dice:
“No solo se habrían comprado los votos de los congresistas con la promesa de archivar o tener injerencia en investigaciones que en muchos de los casos tenían como investigados a los propios parlamentarios y en otros a personas relacionadas a los mismos”.
Por este caso, Espinoza la considera presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico –debido a que “gestó” supuesta influencia sobre otros parlamentarios– y del el presunto delito de tráfico de influencias.
Para este fin, 17 congresistas fujimoristas votaron contra Ávalos.
A similares conclusiones arriba la fiscal suprema Espinoza en los casos de las acciones ejercidas para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia –por el que le imputa posible delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias– y para suspender a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, a través de la Autoridad Nacional de Control, que está a cargo del fiscal Juan Fernández Jerí, otro de los investigados.
Jaime Villanueva ha señalado que uno de los particulares pedidos realizados por Martha Moyano y otros congresistas fujimoristas fue “la cabeza” de José Domingo Pérez, el responsable de la investigación de los millonarios aportes recibidos en dos campañas electorales de Keiko Fujimori.
Según la disposición, no se trata de un hecho aislado, pues hay un antecedente en el objetivo de Fuerza Popular por desprestigiar al fiscal Pérez: los famosos chats de “La Botica”, en donde Keiko Fujimori y sus parlamentarios planificaban cómo “joderlo” (al fiscal Pérez), entre otras acciones.
Cuellos Blancos, Alas Peruanas y Hauyón
El presunto vínculo entre Benavides y el fujimorismo también se habría manifestado –de acuerdo con la disposición– en abril del 2023, con los allanamientos de los inmuebles de Joaquín Ramírez y de la Universidad Alas Peruanas.
En aquella ocasión –según ha narrado Jaime Villanueva– Benavides habría dicho: “ese caso se va a caer”. Además, se habría opuesto a la asignación de los bienes incautados al Estado.
La exfiscal de la Nación suponía –según su exasesor– que el allanamiento de la universidad implicaba la búsqueda de su hasta hoy desconocida tesis.
Uno de los interesados por el caso Alas Peruanas fue –según ha señalado el fiscal Rafael Vela en la investigación– el abogado José Luis Hauyón, consejero y amigo de Patricia Benavides.
Según el testimonio del fiscal Rafael Vela, Patricia Benavides citó a su despacho al fiscal del caso Alas Peruanas, Wilson Salazar Reque, responsable de los allanamientos a los inmuebles de dicha universidad y de Joaquín Ramírez.
El testimonio del fiscal Vela señala que Benavides habría cuestionado al fiscal Salazar Reque “por ejecutar una medida judicial con plazo vencido”. Jaime Villanueva ha confirmado la reunión entre Salazar y Benavides, aunque ha indicado que fue para que aquel le informara a la segunda sobre los avances del caso.
La disposición también menciona otros casos en los que coincide el supuesto interés del referido abogado.
Uno es la investigación por presunto lavado de activos contra sus clientes del Sodalicio; otro, es la denuncia contra la periodista Paola Ugaz, de mucho interés para el Sodalicio por sus investigaciones periodísticas; y, por último, menciona el caso Cuellos Blancos.
Según Villanueva, Benavides removió al fiscal superior provisional José Luis Díaz Cabello como coordinador del Equipo Cuellos Blancos, luego de que éste elevara un informe sobre un audio entre César Hinostroza Pariachi y el fiscal Javier Huamaní Muñoz, a quien Benavides designó en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.
Además, la propia Benavides y su hermana Enma habrían tenido “interés” en “controlar” dicho equipo por su “presunta relación” con los procesados por el caso Cuellos Blancos, Antonio Camayo y Edwin Oviedo, y para “controlar la explicación a brindar respecto de tales llamadas, habría contactado a Mateo Castañeda, abogado de Antonio Camayo y actual abogado del investigado José Luis Hauyón”.
El documento se refiere a las llamadas telefónicas sostenidas por Patricia y Enma Benavides con los investigados Antonio Camayo y Edwin Oviedo, respectivamente, que constan en un informe de la unidad especializada Diviac.
La fiscal Delia Espinoza también postula que Patricia Benavides dispuso del uso de los recursos del Ministerio Público para sus fines.
Menciona para ello las reuniones en el Estudio Hauyón & Hauyón, en una de las cuales participó, en horario de trabajo, el gerente de imagen institucional de Patricia Benavides, Hamilton Ponce Domínguez, para coordinar la vocería que le fue encargada al abogado Eduardo Roy Gates en el caso de su hermana Enma Benavides.
Allí, Benavides le habría pedido a Ponce coordinar entrevistas para Roy Gates. Coordinó cuatro entrevistas y concretó dos: con RPP y con Canal N.
La fiscal Delia Espinoza empezará a solicitar una cantidad importante de información y documentación, y a interrogar a nuevos testigos. El caso es grande, tanto que ha “desacumulado” el caso de la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla y el de los presuntos actos de encubrimiento de los ilícitos realizados durante el inicio de la ejecución de la Operación Valkiria. Es decir, el de la presunta orden dada a Jaime Villanueva para destruir el celular y el chip que en ese momento poseía. "Así pinta el escenario para Patricia Benavides". ¿Por ello es que el Congreso busca “reorganizar” el Ministerio Público, de la misma forma como ha buscado destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? El Congreso mismo se encargará de darle darle sentido a ese presunto objetivo.
