La paradoja de la confianza: estudiantes, ONG y un Estado que amenaza
Los resultados de la encuesta publicada por El Comercio sobre la percepción de los estudiantes universitarios del Perú deberían ser un llamado de atención para nuestra clase política. La pregunta sobre qué instituciones se preocupan más por el bien común revela un hallazgo contundente: las organizaciones no gubernamentales (ONG) son reconocidas como los actores que más trabajan por la ciudadanía, mientras que los partidos políticos, el Congreso y el Ejecutivo aparecen no solo como instituciones carentes de confianza, sino incluso como amenazas.
Según los datos, un 84 % de los estudiantes considera que los partidos políticos no se preocupan por el bien común. Y la percepción sobre el Congreso y el Ejecutivo no es mejor: lejos de representar una garantía democrática, son vistos como instancias que ponen en riesgo el futuro del país. La paradoja es clara: justamente estas instituciones, con la legitimidad más baja, han desplegado una ofensiva contra las ONG, intentando restringir su acción y debilitarlas en su rol de contrapeso democrático. Todo ello, pese a que las ONG son entidades privadas, no comprometen recursos públicos y cumplen funciones que fortalecen el tejido social.
Las democracias se sostienen en un equilibrio entre Estado y sociedad civil. Cuando ese balance se rompe, lo que queda es un autoritarismo disfrazado de legalidad. En el Perú, quienes concentran la mayor desconfianza ciudadana son precisamente los que buscan acallar a los pocos actores que todavía cuentan con reconocimiento público.
No se trata de un caso aislado. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en un informe publicado este año, mostró que el 42 % de la población declara tener mucha o algo de confianza en las ONG, cifra que supera largamente la confianza depositada en los partidos políticos. Y entre quienes conocen de cerca el trabajo de estas organizaciones —en derechos humanos, medio ambiente, acceso a la justicia o ayuda humanitaria— los niveles de confianza son aún más altos.
En un país atravesado por enormes brechas sociales, donde la desigualdad y la desconfianza en las instituciones se han vuelto norma, las ONG han ofrecido aquello que los poderes del Estado no han sabido garantizar: cercanía con la población, capacidad de incidir en políticas públicas y un compromiso sostenido con la justicia social.
Las ONG han acompañado a comunidades excluidas, defendido a poblaciones vulnerables y visibilizado problemas que los poderes públicos prefieren ignorar. Y, sin embargo, hoy son el centro de ataques y difamaciones desde curules y desde el propio Palacio de Gobierno. Se las señala como responsables de los males del país, cuando en realidad la raíz de la crisis está en la corrupción, el abandono y la incapacidad del propio Estado para responder a la ciudadanía.
Las ONG, parte activa de la sociedad civil, no tienen la responsabilidad ni la capacidad de resolver por sí solas los problemas de la ciudadanía. Su función es otra: profundizar el análisis, llamar la atención, vigilar y exigir que las políticas públicas cumplan su cometido y lleguen a quienes deben llegar. Ese rol incómodo, propio de una vida democrática saludable, es lo que molesta a quienes hoy gobiernan. En países con instituciones sólidas, la participación ciudadana es reconocida como un contrapeso legítimo que mejora la calidad del gobierno y el ejercicio del poder. En el Perú, en cambio, se busca acallar esa voz crítica.
Acosar, debilitar o criminalizar a las ONG es quitarle oxígeno a miles de comunidades y personas que ya viven al margen del acceso a derechos. Ese es uno de los costos más graves del deterioro al que este Congreso y este gobierno nos están conduciendo.
No es mi intención idealizar a las ONG. Como cualquier institución, también requieren transparencia, rendición de cuentas y capacidad de renovación. Pero ese no es el tema central del debate, aunque se use como excusa para atacarlas. Lo que realmente está en juego hoy es mucho más grande: el derecho a contar con una sociedad civil fuerte, capaz de exigir que los derechos humanos se cumplan, que la democracia no se vacíe de contenido y que las instituciones públicas respondan al bien común.
Defender a las ONG no es una causa sectorial. Es defender la posibilidad de un país donde la justicia, la transparencia y el bien común no sean consignas vacías, sino realidades vividas.