Caso “Puente Comuneros II”. Una reciente auditoría del órgano de control encuentra que durante su segunda gestión como presidente regional de Junín, Cerrón suscribió un convenio que terminó incrementando los costos del proyecto y ocasionando desembolsos no contemplados a Sima Perú, la empresa de la Marina de Guerra del Perú que ejecuta la obra.
Vladimir Cerrón Rojas, quien suele condenar posturas políticas mas no denuncias por corrupción, tiene responsabilidades penales y administrativas en la construcción de la obra “Puente Comuneros II”, según un informe de control emitido y publicado este miércoles por la Contraloría General de la República.
El puente “Comuneros II” fue una obra planificada durante la segunda gestión de Vladimir Cerrón al frente del Gobierno Regional de Junín, presupuestado en S/. 139.9 millones.
De acuerdo con la auditoría, el expresidente de Junín y líder del partido de gobierno, Perú Libre, suscribió sin sustento técnico ni legal un convenio específico con Sima Perú SA para la ejecución del puente, distinto al que había sido aprobado previamente por las gerencias autorizadas, generando cambios y costos adicionales que habrían terminado favoreciendo a la empresa perteneciente a la Marina de Guerra del Perú.
El informe de la Contraloría, de 156 páginas, analiza principalmente la firma del convenio específico de cooperación entre la gestión de Vladimir Cerrón y Sima de la Marina para la ejecución de la que fue una de las obras emblemáticas programadas durante el segundo mandato regional del líder de Perú Libre, así como las implicancias de la suscripción del documento.
El convenio, según el análisis y las conclusiones de los auditores de la Contraloría, permitió que el gobierno regional pague a favor de Sima Perú un monto por concepto de adelanto directo de S/. 39’459,197, y por el inicio del estudio complementario que fue subcontratado a una tercera empresa, un desembolso adicional de S/. 30’509,039, pese a que no correspondía hacerlo.
Para la Contraloría, los montos señalados excedieron los límites establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Fueron pagos que “incrementaron el costo del proyecto en S/. 6’469,589, generando obligaciones a favor de Sima Perú, afectando el normal y correcto funcionamiento de la administración pública en desmedro de los recursos de la entidad”, según el informe de control.
Cerrón y el convenio
El 10 de abril del 2019, en pleno segundo gobierno de Vladimir Cerrón en Junín, el Consejo Regional aprobó autorizar al presidente regional la firma del convenio específico con Sima Perú “para la ejecución del proyecto” denominado “Puente Comuneros II”, una estructura de 736 metros lineales y que busca conectar las provincias de Huancayo y Chupaca. Aún hoy se sigue construyendo.
El expediente técnico de la obra, aprobado en diciembre del 2016, durante la primera gestión cerronista, había determinado en S/. 148 millones el presupuesto de ejecución de obra, y en 480 días calendarios el plazo para la construcción.
Con la firma del convenio, el presupuesto quedó definido en S/. 131.5 millones. La alternativa tecnológica planteada inicialmente había cambiado: de una estructura tipo arco a una atirantada, “sin contar con un sustento técnico válido”.
Dos semanas después de recibir la autorización, el 26 de abril del mismo año, empezó el cambiazo señalado por la Contraloría. Cerrón firmó el convenio específico, pero era un texto distinto.
No tenía los visados de las oficinas y gerencias pertinentes que sí tenía el que había sido aprobado previamente.
El objeto del convenio, que inicialmente era el de “ejecución del proyecto”, también había cambiado. Ahora era el de “evaluar, reformular de ser el caso el Estudio Definitivo, y ejecución de obra”.
Al nuevo documento, suscrito por Cerrón, “se insertaron cláusulas no consideradas en el proyecto del convenio, que permitían operativizar la citada modificación del objeto, las mismas que estaban referidas a las modificaciones del estudio definitivo, plazos y obligaciones de Sima Perú”.
Según el órgano de control, el acuerdo “habría sido modificado y suscrito solamente por el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, gobernador regional, pese a que el Reglamento de Organización y Funciones señala que la responsabilidad de elaborar el citado convenio recae en la Oficina de Asesoría Jurídica, accionar que tampoco se refleja en los flujogramas remitidos por la entidad”.
En su momento, en Junín, se publicitó el acuerdo entre Junín y Sima, así como la ejecución de la obra, como “un ahorro para el gobierno regional”, debido a que Sima Perú no cobraría el concepto de utilidades por la ejecución. Sin embargo, para la Contraloría la historia fue distinta.
Fue gracias al convenio de cooperación interinstitucional que Sima Perú quedó excluida “del ámbito de la aplicación de la normativa de contrataciones sujetos a la supervisión del OSCE… lo que permitiría a la entidad (gobierno regional) economizar en su ejecución un monto total de S/. 9’567,953.51, que fueron considerados en la estructura de costos como utilidad”.
Asimismo, otra de las cláusulas añadidas en el convenio específico, no contempladas en el original, fue el de la posibilidad que tuvo Sima Perú para subcontratar las actividades de ejecución que no eran de su especialidad.
Por ello, pudo subcontratar –de acuerdo al informe de control– el servicio de elaboración del estudio complementario de ingeniería de detalle del puente.
Es allí que cobra sentido la modificación del objeto del convenio. Como indicamos líneas arriba, el que fue firmado por Cerrón indicaba: “evaluar, reformular de ser el caso el Estudio Definitivo, y ejecución de la obra”. En el texto original se decía: “ejecutar la obra”.
Precisamente, la reformulación del expediente técnico le permitió al gobierno regional hacer un adelanto a favor de Sima de S/. 30’459,197, equivalente al 30 por ciento del presupuesto de la obra.
Con ello, se ampliaron los plazos para la reformulación del expediente y la ejecución de obra, y se incrementaron los costos.
“Formularon cuatro adendas al convenio específico para la elaboración del estudio complementario de ingeniería de detalle que fue subcontratado por Sima Perú a la empresa Cesma Ingenieros SL Sucursal del Perú… para lo cual se otorgó un adelanto directo de 3’% del presupuesto, equivalente a S/. 39’459,197.07, que luego se amplió en S/. 2’524,745.02 por la modificación del presupuesto, y el S/. 27’984,294.72, equivalente al 20% adicional durante la ejecución de la obra”, señala la auditoría.
No fueron los únicos añadidos, pues “el expediente técnico inicial fue modificado y aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura el 27 de julio del 2020, con un incremento del costo en los componentes: puente Comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental por S/. 3’606,416.91, y gastos generales en S/. 2’863,172.68”.
“Situaciones que impidieron que la entidad convoque y realice un procedimiento de selección transparente y competitivo para elegir a un postor con mejor precio y calidad, ocasionando que la entidad ponga a disposición de Sima Perú S/. 69’968,263.81; asimismo, se elevó el costo total de la obra por componentes adicionales y gastos generales en S/. 6’469,589.59, en desmedro del erario público, y generándose retrasos en el inicio de la ejecución de la obra en menoscabo de la necesidad de contar con interconectividad vial de la población, afectando el normal y correcto funcionamiento de la administración pública”, concluye el informe de Contraloría.
El órgano de control deja constancia de que Vladimir Cerrón no ofreció sus descargos.
Otros exfuncionarios regionales a los que se les imputa responsabilidades penales y administrativas son Loly Wilder Herrera Lavado –quien recientemente ocupó el cargo de secretario general del Ministerio de Energía y Minas–, Clever Untiveros Lazo, Jakelyn Flores Peña, Fernando Orihuela Rojas, Carlos Alberto Pérez Rafael, Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, Marcial Castro Cayllahua, Teodoro Yangali Páucar, Fiorella Marroquín Gutiérrez, Mercedes Carrión Romero, Luis Ángel Ruiz Oré, Emerson Camposano Huallullo, Silvia Ticse Huamán, Jimmy Morán Granda y Anthony Ávila Escalante.
