El INPE anunció en un comunicado que Antauro Humala, líder etnocacerista condenado a 19 años por el "Andahuaylazo", saldrá en libertad luego de que se le redimiera un año y siete meses de su pena total.


No queda claro que pasará con el pago de su reparación civil, pero, sobre todo, si la controversial decisión del INPE, con claros efectos políticos, realmente se ajusta a ley, a derecho, tomando en cuenta que estamos en un contexto en el que el ejecutivo ha dado claras muestras de querer agitar movilizaciones sociales.

Según la institución, la decisión está basada en lo establecido en la Ley 28760, para las personas sentenciadas por el delito de secuestro, se deberá aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación. Por ello, esto le ha permitido redimir su pena en un año y 7 meses cuando su sentencia debía terminar recién en el 2024. La defensa de Antauro Humala había presentado tres veces la solicitud para su libertad, pero el INPE no había aceptado porque no contaba con el plazo correspondiente.

Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, organizó en 2005 el llamado "Andahuaylazo" que dejó cuatro policías muertos y fue acusado por delitos de homicio, secuestro, rebelión y robo de armas.

El líder del Etnocacerismo fue sentenciado en 2009 a 25 años de reclusión por homicidio, secuestro y rebelión por el llamado “Andahuaylazo”. En 2011, su pena se redujo a 19 años, tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema.

Repetimos, no queda claro que pasará con el pago de su reparación civil, pero, sobre todo, si la controversial decisión del INPE, con claros efectos políticos, realmente se ajusta a ley, a derecho, tomando en cuenta que estamos en un contexto en el que el ejecutivo ha dado claras muestras de querer agitar movilizaciones sociales.

El ministro de justicia  Félix Chero, ha sostenido  que la liberación de Antauro Humala era algo que es lo que "corresponde de acuerdo a ley". En ese entonces Antauro Humala no cumplía con el plazo para redención de la pena por trabajo y educación, ahora sí corresponde. Estamos frente a un beneficio penitenciario técnico-administrativo del INPE.

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