Desde la semana pasada, se viene librando una sorda batalla al interior del Ministerio de Educación. Por un lado, está el equipo de profesionales dedicados a la elaboración técnica de las evaluaciones que deben pasar aquellos profesores que aspiran a ocupar una plaza pública a nivel nacional y por el otro, los funcionarios que están ejerciendo una enorme presión para modificar, a última hora, esta evaluación con el objetivo de “suavizar” la Prueba Única Nacional que los maestros deben pasar cada año, en las partes más complicadas, aquellas en las que “jalan” cientos de maestros poco calificados.

Según relatan los propios coordinadores de la Dirección de Evaluación del MINEDU en este informe, el 2 de setiembre, el nuevo director general de la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, Luis Bretel, le solicitó al equipo revisar posibles mejoras en el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial, específicamente en el modelo de evaluación de la Prueba Única Nacional, con la que se evalúa a todos los maestros del país que postulan para ser contratados en las escuelas públicas de educación básica.

Los coordinadores relatan que al día siguiente sostuvieron una reunión con Luis Bretel y otros funcionarios, en la que acordaron, entre otras cosas, “migrar a la alternativa en la cual se eliminen los puntos de corte de las subpruebas de Comprensión Lectora (CL) y Razonamiento Lógico (RL).” Además, se acordó que “no se cambiarán los textos de la subprueba de CL y se mantendrá la prueba como ha sido diseñada para este concurso.”

La prueba de nombramiento de maestros consta de 90 ítems y está dividida en tres subpruebas: comprensión lectora y razonamiento lógico, ambas con 25 preguntas y un valor de 50 puntos cada una y la de conocimientos específicos del área de cada profesor. Todas las subpruebas tienen un corte, es decir, un mínimo indispensable de respuestas acertadas para aprobar. Este corte es, en las dos primeras subpruebas, lograr 30 puntos de los 50; es decir, responder correctamente al menos 15 de las 25 preguntas.

La propuesta de mejora elaborada por los funcionarios de la Dirección de Evaluación planteaba dos alternativas que hacían ajustes de forma para ambas evaluaciones, sin bajar los estándares de calidad de la prueba. Pero no fue suficiente. El 9 de setiembre el tono se endureció desde arriba. Se les informó que era necesario “retirar de la propuesta de mejoras al modelo de evaluación de la Prueba Única Nacional, a las subpruebas de Razonamiento Lógico y Comprensión Lectora”, es decir, eliminar de un plumazo ambas evaluaciones, que son, coincidentemente, las dos áreas en donde más profesores no calificados desaprueban el examen.

El lunes 13 de setiembre, la invocación se convirtió en orden expresa: eliminar las subpruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico. Dos de las tres subpruebas. Esto, obviamente, con el fin de facilitar el acceso de los docentes a la carrera, bajando el nivel de dificultad.

Esta orden que atenta contra todo lo que se ha venido avanzando en el ministerio en cuanto a calidad de educación y meritocracia, encendió las alertas del equipo de coordinadores de la Dirección de Evaluación Docente que deja escrito en su informe que “al retirar ambas subpruebas, se dejaría de evaluar a los docentes en habilidades generales.”

La subprueba de comprensión lectora evalúa la capacidad del docente para construir significados, ubicar e integrar información de textos complejos y reflexionar críticamente sobre el contenido y la forma de un texto. La subprueba de razonamiento lógico, por su parte, evalúa la capacidad del docente para construir soluciones, resolver problemas aplicando razonamientos inductivos, deductivos y relacionales; identificar argumentos lógicos e interpretar información cuantitativa.

Al eliminar las pruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico se eliminan dos de las tres secciones de evaluación docente, dejando sólo la sección de conocimientos pedagógicos, pero con una reducción drástica en el número de preguntas. Un retroceso que solo se explica si se ve al magisterio como el nuevo bolsón laboral político.

Pero en la calidad menguada de la prueba no se acaba el problema. Además del evidente atentado contra la Ley de Reforma Magisterial, la decisión de retirar ambas subpruebas genera un serio problema adicional: La Prueba Única Nacional, sin los recortes ahora exigidos, ya está en fase final de diagramación y por irse a imprenta. Su aplicación está programada para octubre de este año y ya existe un millonario presupuesto para ese fin.

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que es compromiso del MINEDU “proveer oportunamente a EL INEI los originales de los instrumentos de evaluación” para implementar el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2021.

Para la adjudicación del servicio de impresión, el INEI convocó a un concurso público el 15 de julio último y otorgó la buena pro el 7 de setiembre. El 20 de setiembre se firmará el contrato y el MINEDU está obligado a entregar los instrumentos de evaluación al día siguiente de la suscripción de este.

Según la alerta que han emitido los propios funcionarios del área de evaluaciones, los archivos finales deberían ser entregados a imprenta “en fecha 21 de setiembre del 2021 y respetar así el cronograma establecido entre el INEI y la imprenta. Retirar las dos subpruebas en los 28 cuadernillos implicaría un rediseño de diagramación en tiempo récord y no se podrían realizar los tres controles de calidad que normalmente se implementan para garantizar que las pruebas salgan si error alguno”.

El equipo que ha formulado este examen viene trabajando, con todo y pandemia, por alrededor de un año para lograr el estándar que ahora se piensa volar alegremente.

La cláusula sexta del convenio dispone que el Ministerio de Educación debe transferir a favor del INEI más de 85 millones de soles y cualquier modificación, reajuste o actualización de ese monto debe ser efectuado previa firma de una adenda.

El informe presentado por los coordinadores del MINEDU detalla que “respecto a la cantidad de páginas establecidas para cada cuadernillo, al retirar 50 ítems de un total de 90 que actualmente contiene la PUN, la cantidad de páginas de los cuadernillos se reducen a aproximadamente a la mitad. Esto impacta en lo presupuestado y cronogramado en el proceso de impresión con el INEI”.

Los coordinadores que suscriben el informe alertan que “cualquier retraso en la entrega de los instrumentos que sobrepase la fecha máxima señalada, trae como consecuencia que no sea factible aplicar la PUN en la fecha programada, lo que pone en peligro la ejecución del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial de este año.

En plena emergencia educativa, eliminar las pruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico de la Prueba Única Nacional, rebaja el nivel de exigencia y abre la puerta de la carrera pública magisterial a miles de profesores que no están capacitados para recibir, además, a toda una generación con las dificultades de la post pandemia.

No era difícil adivinar que uno de los primeros movimientos de este gobierno estuviera dirigido a la prueba docente. En su discurso de investidura, el presidente del Consejo de ministros, Guido Bellido, hizo hincapié en la revalorización de la carrera pública docente y agregó que la meta del gobierno es que aproximadamente 80, 000 profesores ingresen a la carrera pública durante este quinquenio. Lo que no dijo es que sería bajando la valla tan groseramente.