Un millón de soles al año en alquiler. Un uno y seis ceros, eso es lo que gasta la Procuraduría General del Estado en estas oficinas. En plena pandemia, más concretamente el pasado 26 de abril la PGE, por adjudicación directa, concretó el alquiler de cinco pisos de este edifico, ubicado en el distrito de San Isidro de Lima. El contrato es por tres años y por la módica cifra de 3.504.064 soles. Es decir, más de un millón de soles al año solo en alquiler y eso que la Procuraduría General del Estado es una institución relativamente nueva que está en fase de organización. ¿Alguien dijo crisis?
Martín Mijichich, gerente general de la entidad, justifica el alquiler del espacio con el argumento de que, al ser una entidad nobel, se necesita hacer trabajo presencial, respetando los protocolos. Además, asegura que buscaron espacios públicos y otros privados, pero más baratos y que no encontraron nada acorde a sus necesidades.
Los cinco pisos alquilados suman unos 1.600 metros cuadrados y, a diario, hacen trabajo presencial entre 80 y 100 personas. Cuando le preguntamos al gerente general qué les diría a esos procuradores que trabajan en condiciones precarias, hace una pausa, como buscando una respuesta imposible, y dice: “Justamente de lo que se trata es que la Procuraduría General del Estado termine con esas brechas”.
La Procuraduría General Estado se creó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y fue el ex presidente Martín Vizcarra, por recomendación de su ministra de justicia, quién nombró al primer procurador general de la república en abril del 2020. se trata del abogado Daniel Soria Luján y su nombramiento es por cinco años. La intención de crear la procuraduría general fue evitar injerencia política y establecer criterios estandarizados en la defensa pública del estado. Por eso es un ente adscrito al ministerio de justicia, pero autónomo. En un primer momento y solo por unos meses, la procuraduría general funcionó en esta casona del limeño distrito de Miraflores. este inmueble fue decomisado a un funcionario del gobierno de Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción y posteriormente, fue adjudicado al sistema de defensa legal del estado. Es decir, la procuraduría no pagaba un sol de alquiler cuando estaba en este local. Pero en plena pandemia, cuando la mayor parte del trabajo se hace remoto, alguien decidió que este lugar no reunía las condiciones y que había que buscar otro mejor. La explicación que dan para este traslado es que la casona no cumplía con los requisitos mínimos y que, además, en ese lugar funcionan otras dos procuradurías y ha quedado su archivo.
Entre trabajar en una ratonera, hay un abismo y la PGS no ha encontrado el término medio. De compartir local con otras procuradurías menores ha pasado a pagar un millón de soles al mes, solo en alquiler. Y eso que la entidad está en fase embrionaria, recién se está organizando.
Esta entidad tiene como mandato: concentrar y dirigir las 456 procuradurías que hay en el país y que ahora dependen de diferentes organismos: lavado de activos, terrorismo, caso Lava Jato, las de cada ministerio…etc. La idea es que sea el ente rector de la defensa pública del estado, el que designe o remueva a los procuradores y establezca políticas generales, entre otras cosas. A día de hoy, la Procuraduría General no ha asumido el control ni tan siquiera de las procuradurías especializadas, y eso que el presupuesto que se maneja es de cinco estrellas, mientras sus hijas sufren desnutrición de medios y presupuesto. Desde la Procuraduría General del Estado repiten una y otra vez el mismo soniquete: “de lo que se trata es de crear políticas a largo plazo para mejorar el funcionamiento de todas las procuradurías”.
Hacer comparaciones a veces en necesario. Esta es la Procuraduría Anticorrupción, tiene a su cargo la defensa del estado en 50.0000 casos y trabaja en esta casa de alquiler que cuesta 5.000 dólares al mes. 5,000 no los 20 mil y tantos al mes que va a pagar la Procuraduría General del Estado por tres largos años.
Lo que pagan muchas instituciones públicas en alquileres es un disparate, no hay un control de los gastos ni se fideliza el dinero de todos. Con lo que gasta el estado en rentar espacios podría, en muchas ocasiones, comprarlos y dejar de tirar el dinero público por el wáter. La Procuraduría General de la República va a gastar tres millones y medio de soles en el alquiler de tres años. Con ese dinero, algo se podría haber construido o al menos se podría haber alquilado algo más pequeño y barato, ahora que están en periodo de implementación. Para evitar este despilfarro, el pasado 30 de junio, el gobierno aprobó esta directiva que estableces controles y procedimientos muy rígidos para que las entidades públicas puedan arrendar espacios. Lamentablemente, la Procuraduría General del Estado firmó el contrato de alquiler por tres años y tres millones y medio de soles en abril, dos meses antes de que se publicara esta directiva. Mijichich asegura que si la norma hubiera estado ya vigente la hubiera cumplido, pero no responde a la pregunta si considera que, estando vigente la directiva, se les hubiera permitido alquilar este local.
Ya sabemos ahora que la Procuraduría General invierte en oficinas de alto standard, lo que no sabemos muy bien es a qué dedica el tiempo libre el Procurador General del Estado. Él, además de dirigir, junto con el consejo directivo, la puesta en marcha de la entidad, tiene a cargo la defensa del estado en los casos dónde están involucrados funcionarios aforados, con derecho a antejuicio. Es decir: ex presidentes, ex fiscales supremos, ex consejeros etc. La verdad es que poco o nada se le escuchado decir en casos como: El Vacuna Gate, Lomas de Ilo … etc. Aunque dicen que, de hacer, hace. El gerente general de la Procuraduría da una respuesta políticamente correcta que en resumen es: “el Procurador está tomando acciones, pero por la reserva de los casos, no puedo decir más. Además, no todo es presentar escritos”. La ciudadanía tiene que saber qué hace el Procurador General de la República, porque es quién defiende el dinero de todos.
Yo me procuro un gran lugar de trabajo, pero no se lo procuro a los demás. Informa la Procuraduría general del estado. Si así van a defender los intereses del estado, no sabemos para que habemus Procuraduría General.
