Abuso, VIH y economías ilegales, una trilogía macabra en Condorcanqui
La reciente visita de una comisión de la OEA. Condorcanqui volvió a poner en debate la crisis de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres awajún y wampís, que ha recibido poca atención estatal. El problema de los abusos a las niñas es solo la punta del iceberg de un sistema que perpetúa la impunidad y la desprotección a los mas vulnerables. El antropólogo Rodrigo Lazo revela en este informe cómo la precariedad estructural en los sectores de salud, educación y justicia estimula la propagación simultánea de los abusos sexuales y de la epidemia de VIH Sida. Adicionalmente, la rápida expansión de economías ilegales como la minería de oro aluvial y el narcotráfico actúa como un potente acelerador: con recursos financieros y redes de coacción, facilitan la explotación sexual, bloquean el acceso a la justicia ordinaria y dificultan la prevención y adherencia a los tratamientos médicos. A continuación publicamos el revelador estudio de Rodrigo Lazo.
La OEA en Condorcanqui: epidemias, economías ilegales y una arquitectura estatal contra los Awajún y Wampís
La misión de la OEA visitó esta semana Condorcanqui para atender a víctimas de la violencia sexual, una de las dos epidemias que avanzan sobre niñas, niños, adolescentes y mujeres awajún y wampís. Pero la violencia sexual es la punta del iceberg. Este texto describe el entramado institucional que permite el avance simultáneo de esa epidemia y de la del VIH/Sida y muestra cómo dos economías ilegales en expansión, la minería y el narcotráfico, no crean esas epidemias, pero las facilitan, financian y aceleran. La precariedad institucional en salud, educación y justicia, y las dos epidemias, afligen a esta población en los tres distritos de Condorcanqui (El Cenepa, Río Santiago y Santa María de Nieva), pero también en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua. La minería ilegal y el narcotráfico agravan diferenciadamente la situación sobre estos distritos.
Este texto no busca conceptualizar las causas históricas y estructurales que subyacen a la precariedad institucional y explican el avance de las epidemias y las economías ilegales, pero sí sirve tener en cuenta que las respuestas deficientes que describe en los sectores salud, educación y justicia no son una casualidad. La pobreza y el racismo son organizadores de la presencia estatal en los territorios awajún y wampís.
La violencia sexual en el mundo Awajún y Wampis
Desde el año 2010, el sector educación recibía denuncias de delitos sexuales en las escuelas (Villasante 2024). El primer estudio sistemático, financiado por el MINEDU, concluyó que los colegios funcionaban como plataformas de victimización de niñas, niños y adolescentes: docentes mestizos y awajún empleaban mecanismos de coacción que les permitían agredir sexualmente y anular las demandas de justicia de las familias. Se pueden destacar dos hallazgos: 1) la violencia sexual no está naturalizada: las víctimas y familias inician itinerarios de búsqueda de justicia, y 2) la búsqueda de justica fracasa incluso donde hay fiscalía presente (Lazo et al. 2017).
El segundo estudio, también publicado por el MINEDU, rastreó con sabias awajún los antecedentes de la violencia sexual. Esta existió desde sus infancias, en los años 1950, pero las prohibiciones eran más eficaces, y las sanciones físicas y el exilio para los violadores eran efectivas. También se identificó los contextos (escuelas, bares, caminos, comunidades) que los agresores aprovechan como oportunidad y describió la "arquitectura de la impunidad": diversas instituciones comunales y estatales coexisten, pero las probabilidades de éxito en el acceso a la justicia son bajas. Incluso, la ruta de la justicia ordinaria es más larga, costosa y revictimizante, y los agresores con dinero (maestros, funcionarios, y hoy mineros y trabajadores del narco) pueden bloquearla pagando (Lazo, Atamain y Arredondo 2022).
A diez años del primer registro sistemático, pocas y poco de las recomendaciones se han materializado. La visibilidad actual de la epidemia de violencia sexual la han conseguido lideresas y organizaciones indígenas como el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), que ha tejido alianzas multiactor y multinivel y hoy tiene en la visita de la OEA uno de sus hitos. El COMUAWUY también está impulsando un sistema de protección de víctimas; mientras que el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) desarrolla la formalización de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en los estatutos comunales, impulsa sanciones más drásticas contra agresores sexuales en los códigos de justicia comunitaria, y busca la aprobación de un protocolo de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial comunitaria. Uno de los desafíos es la reapropiación de las comunidades de la tolerancia cero efectiva hacia la violencia sexual y una comunidad por visibilizar para proteger mejor es la población LGTBI indígena.
La epidemia de VIH/Sida
El primer estudio sobre VIH/Sida entre los awajún, financiado por UNICEF con asesoría del MINSA, revisó registros de establecimientos de salud de cuatro comunidades del Cenepa y el Marañón. Solo en ellas, se halló 72 casos registrados entre 2006 y 2014; de los cuales 32 (44%) habían fallecido. También, 24% (17) del total de casos era hombres que tienen sexo con hombres, y su mortalidad mayor que la del resto de la población. En ese momento, la explicación dominante era que la creencia en la brujería (waweamu) impedía el acceso al tratamiento; sin embargo, el estudio halló que aunque, en efecto, todos los pacientes atribuían la infección al waweamu, la causa inmediata era que en la cuenca no se distribuían antirretrovirales, no había laboratorios, ni una política intercultural de atender a la población (Lazo 2014).
Diez años después, el MINSA encargó el diseño de la política de VIH/Sida para el pueblo Awajún. En su diagnóstico, el nuevo estudio encontró la persistencia de limitaciones institucionales: alta rotación de personal, insuficiencia de laboratorios y ausencia de atención en idioma awajún. También halló algunos avances: mayor distribución de antirretrovirales en algunos puntos de la microrred de Huampami y algunos laboratorios para el monitoreo de carga viral. En el nuevo contexto, uno de los problemas hallados fue que, aunque desde el 2014 las acciones para tamizaje y diagnóstico se incrementaron notablemente, las acciones sanitarias habían descuidado el acompañamiento a pacientes diagnosticados y que cuando estos no recogían los medicamentos en los establecimientos, el sistema los clasificaba como "abandono" y dejaba de enviarles tratamiento. Sobre esto, otro estudio realizado con pacientes de cuatro distritos de Condorcanqui y Bagua halló que solo el 28.8% de ellos reportó adherencia completa al tratamiento antirretroviral (Valenzuela-Oré et al. 2023).
Así, el resultado del encargo del MINSA del 2024, fue un Modelo Rural Intercultural (MRI) validado por las diferentes instancias regionales y locales del sector salud, y por las organizaciones indígenas más representativas en el territorio awajún: el GTAA, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), el Consejo Aguaruna Huambisa (CAH), entre otras. El MRI planteó ocho pilares para la política de salud: una estrategia de recuperación de "abandonos" para garantizar la adherencia; condiciones materiales mínimas para la política; un lenguaje intercultural y científico sobre el VIH/Sida brindado en lengua materna; acciones para la prevención; medidas de articulación intersectorial; revitalización del sistema de salud tradicional; medidas para garantizar la suficiencia de personal de salud; y mejoras en la articulación entre niveles de atención en el sector salud para, por ejemplo, garantizar referencias oportunas previo al ingreso en fase SIDA. Aunque la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH), en reunión con el GTAA, afirmó algunos avances en estos ocho pilares, reconoció limitaciones presupuestales para implementar la política y la necesidad de actualizar la normativa vigente al año 2026.
Conexiones entre violencia sexual y VIH/Sida
La precariedad institucional emparenta a quienes sufren cada epidemia por separado, pero también a quienes las sufren juntas. Algunas conexiones:
1. La organización centralizada del servicio educativo propicia la migración de estudiantes de sus comunidades a caseríos en los que enfrentan mayores riesgos de violencia e infección: necesidad económica para su subsistencia y carencia de protección familiar o institucional. En estos contextos, existen bares que contratan a menores de edad que facilitan la explotación sexual e incrementan los riesgos de infección de niñas, niños y adolescentes.
2. La impunidad prevalente en casos de violencia sexual abre un espacio de vulnerabilidad en el que agresores infectados pueden continuar infectando el VIH/Sida.
3. En escuelas y colegios, los agresores emplean mecanismos de coacción tanto para victimizar (mejores notas, dinero o regalos a cambio de sexo y seducción), como para impedir el acceso a la justicia (amenazas y pagos para ‘resolver el problema’ localmente). En casos de docentes agresores infectados con VIH/Sida, la institución educativa es usada como plataforma para la violencia sexual que amplifica la infección del VIH/Sida.
4. El sector salud no tiene una variable de registro ni una estrategia integral para casos de violencia sexual, aunque es clave en la representación del Estado ante estas situaciones y poblaciones: i) recibe emergencias por agresiones sexuales, ii) administra medicamentos que previenen embarazos e infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida en casos de emergencia, iii) atiende a pacientes menores, incluso menores de 14 años, con VIH/Sida u otras ITS infectados por vía sexual (es decir, muy probablemente víctimas de violaciones sexuales), y iv) tiene competencia sobre la salud psicológica de la población. Sería importante desarrollar en el sector salud funciones al respecto y establecer o fortalecer la coordinación con sectores como educación, justicia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
La minería ilegal como aceleradora de ambas epidemias
La minería ilegal de oro aluvial ha intensificado su expansión en territorio awajún y wampís desde el 2020. Los mineros provinieron de Madre de Dios, Ucayali y Loreto principalmente. Algunas conexiones entre la minería ilegal y la epidemia de violencia sexual:
1. Los mineros externos buscan relaciones con familias de las comunidades donde hay yacimientos para ser aceptados y explotar el mineral. Una forma de hacerlo es establecer alianzas con suegros donde las hijas, con frecuencia menores de edad y en ocasiones menores de 14 años, son víctimas de uniones forzadas.
2. Debido a la capacidad de pago de los perpetradores, la búsqueda de justicia ante los delitos sexuales perpetrados por mineros mestizos o trabajadores de la minería ilegal indígenas es anulada y las familias suelen aceptar dinero como "reparación".
3. De acuerdo a directores de colegios y personal de salud, gran parte de las estudiantes mujeres de secundaria aceptan encuentros o parejas mineras por motivos económicos.
4. La minería está financiando la proliferación de bares en comunidades con atención o asistencia de menores donde es frecuente que actores con capacidad económica accedan a sexo que suele involucrar a menores.
5. Los mineros externos no brindan su verdadera identidad en sus arreglos con las comunidades, este anonimato bloquea cualquier acceso a la justicia en casos de violencia sexual y garantiza la impunidad.
Paralelamente, entre las conexiones entre minería ilegal y la epidemia de VIH/Sida se puede encontrar:
1. Los mineros rechazan el tamizaje de VIH/Sida que les propone el sector salud. En comunidades que aceptan la minería se observa el incremento de detecciones de VIH/Sida. La conexión causal está aún por establecerse.
2. Aunque los establecimientos de salud ofrecen preservativos, su uso queda subordinado a relaciones asimétricas entre mineros y menores, donde el riesgo de infección es generalizado.
3. En estudios en curso, la minería se asocia a deserción escolar por enganche laboral de varones y uniones con estudiantes mujeres. Las escuelas y colegios son los únicos espacios donde el sector salud tamiza con población cautiva. La minería reduce la prevención en este segmento poblacional.
Narcotráfico como acelerador de las dos epidemias
La existencia del narcotráfico en territorio Awajún ha pasado desapercibida por décadas y en los registros de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) aparece solo recientemente, concentrado entre Chiriaco - Santa María de Nieva. El acceso del narco a la tierra es principalmente por alquiler, aunque hay reportes de despojo en algunas comunidades. La temporalidad de la producción produce inyecciones de dinero que se traducen en la proliferación de licorerías, bares y hoteles, y en el consumo de alcohol y otras sustancias. Algunas conexiones entre la economía del narcotráfico y las dos epidemias:
1. Tras la etapa productiva de cosecha de hoja de coca se incrementa el consumo de alcohol que interactúa con la violencia sexual.
2. En el circuito cocalero se han multiplicado los bares sin fiscalización en los que atienden mujeres indígenas, mestizas y extranjeras, algunas de ellas menores. Hay indicios sobre rutas de trata desde comunidades hacia enclaves económicos entre Bagua Chica y Santa María de Nieva.
3. Como en contextos de minería ilegal, la capacidad de pago de actores vinculados a la economía cocalera puede interactuar con la explotación sexual y la producción de impunidad.
Finalmente, hay que tener presente que los sectores salud, educación y justicia, que enmarcan la expansión de las epidemias de violencia sexual y VIH/Sida,1 saben -tienen registro formal en sus instituciones- desde hace por lo menos una década: MINSA mediante estudios del 2014 y el 2024; MINEDU desde que contrató la primera investigación en el 2015 y luego el 2022, y el Poder Judicial en una publicación editada por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) del año 2021.
También vale decir lo obvio: las organizaciones indígenas como COMUAWUY, el GTAA, el Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampís, ODECOFROC y otras son cruciales para enfrentar el engranaje de amenazas múltiple que enfrentan niñas, niños, adolescentes, mujeres y la población LGTB indígena.
Referencias citadas:
Valenzuela-Oré F, Angulo-Bazán Y, Lazóriga-Sandoval LD, Cruz-Vilcarromero NL, Cubas-Sagardia CR. Factors influencing adherence to anti-retroviral therapy in amazonian indigenous people living with HIV/AIDS. BMC Public Health. 2023 Mar 15;23(1):497. doi: 10.1186/s12889-023-15362-y. PMID: 36922774; PMCID: PMC10015934.
Lazo-Landivar, R. (2014). INFORME ETNOGRÁFICO PARA PROPUESTAS DE MODIFICATORIA A LA NORMA TECNICA DE SALUD DE VIH Y SIDA PARA POBLACION AWÁJUN DE CONDORCANQUI - AMAZONAS, PERÚ. UNICEF/MINSA
Lazo et al. (2017). Desenrollando la Madeja de la Impunidad: Rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Estudio de una comunidad nativa awajun del Río Santiago. Editado por: MINEDU/UNFPA
Lazo-Landivar, R., & Arredondo, C. (2021). La ecología social de la violencia sexual en los pueblos awajún y wampis de Amazonas. In A. Alva, E. Pinedo, & E. León (Eds.), Conflicto y justicia en comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas en el Perú (Primera, pp. 89-146). Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú. https://doi.org/10.35292/pj.gob.pe/book/978-612-4484-25-4
Lazo-Landivar, R., Arredondo Villar, C., & Atamain, Y. (2022). Violencia sexual en el mundo Awajún: Historias de mujeres de tres generaciones en el corredor Chiriaco-Imacita. MINEDU
MINSA 2024 (no publicado). Nota de prensa. Modelo de cuidados de atención integral para el VIH/SIDA en población indígena awajún. (mencionado como Modero Rural Intercultural en el texto). URL: Minsa presentó el modelo de cuidados de atención integral para el VIH/SIDA en población indígena awajún - Noticias - Ministerio de Salud - Plataforma del Estado Peruano
Lazo Landivar, R (2024). "Narcogobernanza": aporte para registrar el trabajo forzoso de ciudadanos y pueblos indígenas. Publicado en Epicentro.Tv: URL: https://epicentro.tv/narcogobernanza-aporte-para-registrar-el-trabajo-forzoso-de-ciudadanos-y-pueblos-indigenas/
Lazo Landivar, R (2024). Más de 30 años de convivencia con el narco en territorio awajún: ¿Devida entre la narco-gobernanza y el Buen Vivir? Publicado en Epicentro.Tv: https://epicentro.tv/convivencia-awajun-y-narcotrafico-en-amazonas-narco-gobernanza-o-buen-vivir/