"Propongo usar la palabra narcogobernanza cuando los narcos no abarcan el control absoluto y directo de cada interacción humana y de los humanos con la naturaleza, pero sí cuentan con la capacidad de influir directa o indirectamente y de manera determinante en la vida de las personas".
{1} Sebastián (19 años), joven tikuna, piensa y repiensa que no debió trabajar en la "raspa" (cosecha de hoja de coca) esas dos semanas antes de sus exámenes finales en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Desde el Ferry, embarcación que lo devolvía con la mala noticia desde Iquitos hacia Caballo Cocha (la triple frontera con Brasil y Colombia), piensa una vez más en por qué se fue a la "raspa" y no estudió para sus exámenes en la carrera de Ingeniería Química que estudiaba financiado por Beca 18. Esta vez son muchas las imágenes que vienen a su mente. Recuerda sus manos gastadas en su primera raspa cuando tenía solo 7 años, la conversación de hace dos meses en la que el narco le ofreció trabajo como químico en "el centro", pensó en las tantas veces en que con su madre volvió del mercado a su casa con el mismo número de bolsas de farinha (harina de yuca) con el que salió, finalmente, y por al menos tres segundos, no pudo retirar de sus retinas cerradas el cuerpo de ese hombre al que los narcos mataron, descuartizaron y dejaron muy cerca de su comunidad. Resonaron tiros al aire en su memoria y sacudió su rostro horizontalmente como negando la realidad de su biografía, mientras se rascaba frenética y discretamente el cuero cabelludo en ese asiento al lado de la ventana en el que todavía le faltaban 8 horas por navegar.
El pueblo indígena Tikuna de Mariscal Ramón Castilla, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, es uno de los epicentros del cultivo de hoja de coca para cocaína que narcotraficantes colombianos compran a 1 sol el kilo y con ello, a pesar del bajo precio, consiguen que su oferta laboral sea el trabajo mejor remunerado en toda la provincia.
Los narcos son, en realidad, una cadena de compradores o acopiadores de hoja de coca, procesadores de la hoja o administradores del proceso hasta obtener pasta básica de cocaína; son, nuevamente, acopiadores de PBC para venderla o procesarla ellos mismos a clorhidrato de cocaína que luego venderán a otros narcos que continuarán con su transporte hacia sus destinos finales. Pero los narcos también pueden estar mucho antes en la cadena productiva de la cocaína. Pueden ser quienes alquilan hectáreas para cultivar coca o quienes han invadido tierra comunal y estatal en las áreas más aisladas del territorio ancestral tikuna. Los narcos son una serie variada de personajes que ejercen un poder omnipresente que propongo denominar "narcogobernanza" y que yo considero el verdadero motivo por el que Sebastián fue a cosechar hoja de coca durante las dos semanas que debía estudiar para sus exámenes finales en la universidad. ¿Para qué sería necesario crear una palabra como narcogobernanza?
Propongo usar la palabra narcogobernanza cuando los narcos no abarcan el control absoluto y directo de cada interacción humana y de los humanos con la naturaleza, pero sí cuentan con la capacidad de influir directa o indirectamente y de manera determinante en la vida de las personas usando recursos como: las normas sociales, el control del territorio, las decisiones de instituciones públicas, el uso legitimado de la violencia y, especialmente, la distribución del valor monetario producido en la cadena productiva de la cocaína.
Los narcotraficantes se reparten áreas de dominio territorial, conciertan los precios en contra de las leyes de la oferta y la demanda, y pueden desplegar niveles altísimos de violencia, por ejemplo, cuando se proponen ganar nuevos territorios o apropiarse de productos cocaínicos ya procesados por otros. Elaboré el concepto de narcogobernanza a la luz de la evidencia observada en las comunidades Tikuna con las que trabajamos en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde observamos que los capos de la droga ganan progresivamente la hegemonía sobre el territorio, los recursos y las dimensiones cruciales de la organización social de la vida humana.
La narcogobernanza emplea los instrumentos antes mencionados como formas de control de los sujetos (Foucault, 2008), en niveles individuales o poblacionales, pero también subjetivos. Estos mecanismos de control de las personas son formas de coacción estructural, eficaz aunque sutil, que hacen prescindible la coacción continua, o, por ejemplo, con una pistola, de los patrones sobre los distintos tipos de trabajadores para que ellos realicen el trabajo deseado por los narcos.
Las imágenes de ese hombre trozado y expuesto ejemplarmente en medio de la calle que Sebastián trató de retirar de su mente y sus retinas, son formas de instrumentalización del terror que los narcos usan para mantener sus negocios funcionando. Para que los tikuna continúen trabajando sin tener que apuntarle a cada uno con una pistola. Al final, la narcogobernanza puede resultar más económica que perseguir a cada trabajador con un arma.
Bajo la narcogobernanza, las personas o comunidades son objetivadas como mano de obra segura para y por la economía de la cocaína. Los narcos lograron coaccionar a Sebastián, su familia y su comunidad sin apuntarles con un arma directamente. Pero en geografías narcogobernadas, los sujetos objetivados son también subjetivados, pues se convierten en sujetos dóciles pues han sido marcados o trastocados en dominios tan profundos como su psique. Como tecnología política, la narcogobernanza sirve a los narcos para extraer valor monetario de la energía, de los cuerpos individuales y colectivos de personas y comunidades tikuna. Es, además, una forma de imponer trabajo forzoso (TF) sobre ellos: un trabajo o servicio, realizado bajo alguna forma de coacción, en situación de involuntariedad.
La pregunta natural es la siguiente: ¿cómo y a través de qué mecanismos los narcos ejercen esta influencia, el trabajo forzoso de Sebastián, que es determinante en la gobernanza del territorio y la población investigada?
Tuve la oportunidad de plantearme este tipo de preguntas en una investigación multilocal financiada por USAID y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), a través de CHS Alternativo, sobre la existencia y las manifestaciones del delito de trabajo forzoso contra personas indígenas de cuatro pueblos originarios diferentes perpetrado por los actores de cuatro economías ilegales (narcotráfico, madera y oro ilegal, y trata y explotación de mujeres). Los cuatro estudios de caso que luego serían cuatro libros, los dirigí con Claudia Arredondo y realizamos el trabajo de campo junto a los investigadores indígenas Roldán Tumi (matsés), Edgar Peas (achuar), Ulises Pipa (kukama) y Danna Tello (kukama) y con Carlos Nuñez y Natalia Power.
La pregunta antes planteada me exigió verificar si la tipificación del delito de trabajo forzoso (trabajo o servicio, coacción, e involuntariedad) - formulada en 1930, cuando todavía existían artículos de transición en los tratados internacionales de abolición de la esclavitud, calzaba con las experiencias o manifestaciones del grupo de 15 trabajadores tikuna en la economía de los cocaínicos a quienes entrevistamos.
En el 2012, para facilitar este tipo de ejercicios, la Organización Internacional del Trabajo reunió a un grupo de expertos quienes elaboraron once indicadores de TF (OIT 2012) que, para ser honestos, no son siempre los más precisos para los sujetos, territorios, historias y circunstancias laborales de los pueblos indígenas. Los cuestionarios con los once indicadores recibieron respuestas negativas o ambiguas de los tikuna. Entonces, ¿cómo demostrar que Sebastián había sido coaccionado a trabajar esas dos semanas y que lo hizo contra su voluntad si decía que él decidió hacerlo? ¿cómo explicar que en el Ferry ensayaba formas de comunicar a su familia que había perdido la beca y que estaba considerando, ante la ausencia de otros medios productivos a cientos de kilómetros de su vivienda, aceptar la propuesta del narco y trabajar como químico para poder pagar los costos de estudiar en la ciudad y en la universidad?
Ante estos dilemas, revisando cada oración de Sebastián y de sus otros catorce pares, identificamos 17 indicadores de la narcogobernanza que sí permitían visualizar situaciones de coacción y de involuntariedad o de consentimiento viciado. Diecisiete tipos diferentes de experiencias narradas que sí cumplían con trabajo o servicio, coacción e involuntariedad, a pesar de que los indicadores de la OIT no los pudieran percibir.
Por otro lado, el concepto de "agencia constreñida" en la situación geopolítica y social de los tikuna, bajo el poder de las organizaciones criminales y con la ausencia protectora del Estado o, lo que es peor, con la presencia coludida con la mafia de algunas instituciones estatales, también permitió visibilizar decisiones que ciudadanos y ciudadanas indígenas tikuna como Sebastián debían tomar a pesar de carecer de plena libertad. La agencia constreñida o situada buscó explicar las decisiones tomadas bajo restricciones sutiles o manifiestas de la libertad de jóvenes como Sebastián.
Dilemas y tramas vitales como los de Sebastián, que condujeron a propuestas teóricas como las de la narcogobernanza, la instrumentalización del terror o la agencia constreñida, también abrieron la puerta para revisitar el mismo concepto de trabajo forzoso, elaborado en Suiza en 1930. ¿Sería la bienintencionada definición de trabajo forzoso, de hace 96 años y del norte global, la herramienta más adecuada para identificar el trabajo forzado en el sur global, entre pueblos indígenas del siglo XXI?
Pensando desde las ciencias sociales y con cargo a que el Observatorio de Trabajo Forzoso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo eventualmente elabore una herramienta ad-hoc para pueblos indígenas o que estime o desestime los siguientes apuntes sobre el concepto que da sentido a su labor de observación, y considerando que en el Protocolo del 2014 la OIT incluyó a los migrantes como población especialmente vulnerable, ¿es posible proponer otro protocolo que priorice tanto a los pueblos indígenas como sujetos colectivos e individuales, como a sus territorios, la macrocuenca amazónica, que también viene siendo repensada por sectores de juristas como sujeto de derechos especialmente vulnerables? ¿Es posible incluir o explicitar, al menos en la legislación peruana, que debe ser más consciente de la realidad institucional del Estado peruano y de los países amazónicos, que además de los privados, el Estado también puede ser autor del delito de trabajo forzoso? ¿Esto, en la medida en que en el Perú, y para los Pueblos Indígenas, son normas la ausencia de instituciones o las políticas formuladas que quedan en el papel, elementos que podrían ser considerados determinantes de este delito? Y, finalmente, si por la calidad de los servicios que brinda en los territorios indígenas y por la ausencia de law enforcement en estas geografías, el Estado peruano está produciendo sujetos explotables o vulnerables y listos para trabajar contra su voluntad, pero, además, ya que tampoco vela por la protección de sus derechos laborales y, en cambio, suele aliarse con economías ilegales: ¿Cuáles son las formas jurídicas necesarias para procesar al Estado por esta doble responsabilidad en la realización del trabajo forzoso en territorios de pueblos indígenas?
Finalmente, el concepto de narcogobernanza tiene el potencial para contribuir a explicar el desbalance de fuerzas en las relaciones entre comunidades y narcotraficantes en otros territorios de la región Loreto, como el Putumayo, el Napo o, incluso, el VRAEM. Es decir, permite mapear áreas de la Amazonía en las que el Estado asiste a las mafias o no protege a personas y ecologías que están siendo voraz y velozmente depredadas a pesar de las ya tangibles consecuencias del cambio climático. El concepto puede interpretarse como una invitación a la acción desde las instituciones públicas, una invitación a resistirnos a pensar en la Amazonía como un ecosistema natural que existió y ya no está. Hablar de la Amazonía en tiempo pasado en un futuro inminente será consecuencia del consentimiento con narcogobernanzas y otras plagas que la depredan a quienes están en el Estado en el presente.
{1} El nombre y otros identificadores de esta persona han sido cambiados de acuerdo al protocolo de ética y de seguridad para proteger su vida.
