El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción allanó esta madrugada los inmuebles de cuatro nuevos implicados en el caso ‘La Fiscal y su cúpula’. Entre ellos, el del exministro aprista Hernán Garrido Lecca.
Nuevas revelaciones han salido a la luz en el caso ‘La Fiscal y su cúpula’, en la que se investiga la presunta organización criminal que supuestamente lideraba la suspendida fiscal Patricia Benavides, quien a través de sus asesores, habría negociado favores con un grupo de congresistas a cambio de archivar sus procesos penales.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso, a pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción (EFICCOP), el allanamiento, descerraje y registro de los inmuebles de cuatro nuevos involucrados en el caso. Se trata del exministro aprista Hernán Garrido Lecca, el abogado del Sodalicio José Luis Hauyón, Rudy Aguedo Del Castillo y Claudia Ruiz Mesías.
La presunta organización criminal habría “instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio”. Según la investigación, los asesores de Benavides actuaban influyendo ilícitamente en decisiones discrecionales de congresistas para que estos, mediante un procedimiento constitucional, aprobraran la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que investiga a Benavides, y así evitar su destitución. ¿Qué ofrecían a cambio? Según la tesis fiscal, archivar las denuncias penales por presuntos actos de corrupción en el caso Los Niños, por ejemplo.
La investigación incluye al jefe de la Autoridad de Control Nacional (ACN) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, quien habría logrado deshacerse de los fiscales que le eran “incómodos” a la gestión de la Fiscal de la Nación. Uno de ellos, es el fiscal superior Rafael Vela.
Así luce el nuevo organigrama de la presunta organización criminal:
Además, de ejercer influencias ilícitas con un grupo de congresistas para lograr la destitución de la extitular del Ministerio Público, Zoraida Avalos, la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo; la investigación revela al menos otros 4 hechos concretos más en los que los asesores de Benavides habrían influido para obtener beneficios. Estos son: la destitución del fiscal superior Rafael Vela, el retiro de la fiscal Bersabeth Revilla, las negociaciones con el congresista José María Balcázar y los actos de encubrimientos realizados cuando se dio a conocer la operación Valkiria VI.
El plan Vela
La resolución del Poder Judicial señala que, tanto Garrido Lecca como el abogado José Luis Hauyón, influenciaron para que la fiscal Patricia Benavides obtenga por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el cargo de Fiscal Suprema Titular, en junio del año pasado. Ambos estaban siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y del Equipo Especial de la Fiscalía, a cargo del fiscal superior Rafael Vela, por el caso Lava Jato.
Asimismo, la investigación señala que ambos investigados por corrupción también influenciaron en la designación de Juan Antonio Fernández Jerí, como jefe de la ACN.
Uno de los nuevos hechos que revela la investigación del Equipo Especial de la Fiscalía es la influencia que habrían tenido el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado del Sodalicio José Luis Hauyón en la suspensión del fiscal superior Rafael Vela.
Vela Barba recibió, por pedido de Benavides, a Hauyón en su oficina. Hauyón le dijo a Vela que el mandato que había ordenado la expedición de copias a la fiscalía de Lavado de Activos había sido anulado por el fiscal superior de Crimen Organizado Pedro Calderón y, por lo tanto, el fiscal provincial Lizardo Pantoja “no tendría sustento para poder calificar un documento que ya no existía jurídicamente”.
Al no encontrar respuesta, el asesor de Benavides, Jaime Villanueva le indicó al fiscal Vela que Patricia Benavides se encontraba incómoda con el fiscal Lizardo Pantoja porque no resolvía el pedido de su amigo Hauyón, y con él mismo porque no hacía nada para ayudarla. Vela respondió que los fiscales son autónomos. Ahí nace una de las razones que terminaron en la suspensión de Vela.
La incomodidad de Patricia Benavides con Vela se incrementó cuando un fiscal de la unidad de Lavado de Activos allanó la Universidad Alas Peruanas y las propiedades de Joaquín Ramírez, lo que “le generaba turbulencia mediática por el problema que ella tenía con su tesis”. A esto se le suma que los fiscales Vela y José Domingo Pérez, salieron a dar entrevistas a los medios de comunicación tras la extradición al Perú del expresidente Alejandro Toledo, en la que señalaron que la Fiscal de la Nación no desvío haberse presentado en el Grupo 8 porque no tenía competencia para ello. Entonces, Juan Antonio Fernández Jerí abrió procesos disciplinarios a ambos fiscales por esas declaraciones.
El Equipo Especial tiene información de que Garrido Lecca y Hauyón se reunieron, entonces, con Patricia Benavides para gestar la destitución del fiscal superior Rafael Vela. El objetivo era que Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la ACN, lo suspendiera de su función para que luego Benavides lo destituyera de su cargo de coordinador del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. Y así fue. En octubre, Vela fue suspendido en primera instancia y pidió informar oralmente ante la ACN el 10 de noviembre, sin embargo, fue diagnosticado con lumbalgia por lo que presentó un descanso médico para reprogramar la audiencia.
Según la investigación, Benavides filtró el descanso médico de Vela al programa de Phllip Butters, donde fue difundido. Las reuniones entre Garrido Lecca, Hauyón y Benavides continuaron para insistir con que Fernández Jerí cumpliera con la suspensión de Vela. La presión la habrían hecho a través de Rudy Aguedo Del Castillo, quien trabaja en el Órgano de Control del Poder Judicial, sería cercano a Fernández Jerí. El 24 de noviembre, Aguedo llamó a Miguel Girao a avisarle que ese día se le notificaría finalmente a Vela la suspensión.
Salvando a su hermana
La investigación realizada por la EFICCOP y el equipo de investigación del coronel Harvey Colchado, revela que en julio del año pasado, la fiscal Patricia Benavides concertó con sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, la conclusión de la designación de la fiscal Bersabeth Revilla en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que estaba a cargo de la investigación en contra de la hermana, Enma Benavides Vargas.
Con ese fin, Miguel Girao propuso a Benavides elaborar un informe de productividad que mostrara que el despacho a cargo de Revilla tenía una baja producción, y así motivar su retiro. Benavides aceptó y, en apenas unos días, estaba listo el informe con el que se sustentó la salida de Revilla. Para que la medida pasara desapercibida para la prensa, la resolución de la salida de Revilla se dio a conocer junto a la captura del prófugo exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.
Benavides nombró en reemplazo de Revilla a Azucena Solari, quien solo duró un mes en el cargo. Tras su renuncia, Benavides nombró al fiscal Uriel Terán Dianderas, quien terminó a cargo de la investigación contra su hermana Enma Benavides. Ella es acusada por el presunto cobro de sobornos a narcotraficantes a cambio de su libertad.
La investigación revela que en febrero de este año, en plena crisis política por las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte, Benavides coordinó con el fiscal Terán Dianderas para que presentara el sobreseimiento del caso de su hermana. Asimismo, Benavides aprovechó que el despacho de Terán Dianderas estaba investigando al juez supremo Juan Carlos Checkley para que, por intermedio de Garrido Lecca y Hauyón, negociara archivar su proceso a cambio no solo de aceptar el sobreseimiento del caso de su hermana, sino de realizar la audiencia “cuando ocurriera una noticia de connotación nacional” para que pasara desapercibida.
Según el Equipo Especial, Benavides y sus asesores no pararon ahí. Al conocer que la Procuraduría Pública apelaría el sobreseimiento, y que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, vería el caso, Benavides habría apuntado sus esfuerzos contra San Martín. En unos días, con la ayuda de un fiscal adjunto supremo de su confianza, encontró que en la investigación ‘Cuellos Blancos del Puerto’, existía una comunicación entre San Martín y el exjuez superior Daniel Peirano. Por ello, con el supuesto fin de presionar a San Martín, solicitó la ampliación de la declaración de Peirano para que precisara la participación del juez supremo San Martín en el caso.
Los actos de encubrimiento
El domingo 26 de noviembre, al enterarse de la ejecución del operativo Valkiria VI, la fiscal Patricia Benavides le envió un mensaje a su asesor Jaime Villanueva asegurándole que el objetivo del EFICCOP era él. Por ello, le pidió que se internara de inmediato en la clínica San Pablo, en donde ella ya habría coordinado su ingreso. Benavides le dijo a Villanueva que ya sabía qué tenía que hacer. Eso, según la hipótesis fiscal, significaba desaparecer su celular, documentación y cualquier otra cosa que pudiera involucrarlos ilícitamente.
🚨 Momento de la detención de Jaime Villanueva, asesor de la fiscal Patricia Benavides, a las 04:00 am. Supuestamente estaba enfermo, aunque en breve será dado de alta de la Clínica San Pablo. pic.twitter.com/wPWgpfIaUV
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 27, 2023
La investigación evidencia cómo horas antes de que se iniciara el allanamiento del domicilio de Villanueva, Benavides junto a sus trabajadores más cercanos empezaron a coordinar para evitar ser descubiertos. El fiscal Ricardo Dulanto Ysla, llamó a Guillermo Silva Loli, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal adjunto del EFICCOP, pidiéndole información sobre el operativo contra Benavides y Villanueva. Silva Loli había ingresado a la Fiscalía con ayuda de Claudia Ruiz Mesías, esposa del fiscal Dulanto. Cuando este fue designado en el EFICCOP, el fiscal Dulanto Ysla le dijo: “tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICCOP”. Ante la consulta de Dulanto, Silva Loli confirmó que un equipo de fiscales estaba realizando diligencias fuera de la oficina.
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Anuska Buenaluque
Silva Loli ya había sido presionado días antes, cuando el fiscal adjunto supremo Marco Huamán lo citó en su despacho para preguntarle: “Qué sabes de Marita”. Esto con el fin de sustentar la remoción del cargo de la fiscal Marita Barreto.
La misma noche del domingo 26, la fiscal Benavides llegó al piso 9 del Ministerio Público y junto a su asesor Miguel Girao y otros funcionarios de la fiscalía, redactaron el cese del cargo de la fiscal Marita Barreto como coordinadora del EFICCOP. Además, dejaron sin efecto la designación de Jaime Villanueva como Gerente Central del despacho de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, nada de eso sirvió para impedir la investigación que, actualmente, sigue revelando los nexos más siniestros dentro del Ministerio Público.
En tanto, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca, aseguró desde la India, que se encuentra sorprendido por “lo ridículo de la argumentación para el allanamiento”.
"Que muestren las pruebas de eso. Por lo que tengo entendido también sería cómplice de esta organización criminal la JNJ, porque entiendo que por unanimidad y concurso público nombraron a Jerí en la ANC de la Fiscalía, y eso fue antes de que la Dra. Benavides fuera nombrada fiscal suprema", dijo en RPP.
