Una nueva amenaza de impunidad en Caso Saweto: El recurso legal que puede anular la condena a cuatro madereros ilegales por el asesinato de líderes ashéninkas
Un decenio de laberintos judiciales e impunidad
El camino hacia la justicia para las familias de Saweto ha sido inusualmente tortuoso, marcado por dilaciones, nulidades y cambios de estrategia que han prolongado el proceso durante más de una década. Los antecedentes revelan un sistema judicial que ha oscilado entre la contundencia y la fragilidad procedimental.
El crimen ocurrió en septiembre de 2014. Edwin Chota, Leoncio Quintísima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados en la zona fronteriza entre Perú y Brasil mientras se dirigían a una reunión de coordinación con los grupos asháninka de Brasil para la defensa de sus territorios. En ese entonces ya estaban amenazados de muerte. Los cuerpos fueron hallados con signos de tortura tras días de búsqueda por parte de la propia comunidad. El móvil era claro: las víctimas habían documentado y denunciado sistemáticamente la presencia de redes de tala ilegal que operaban dentro de su territorio ancestral.
Tras casi 10 años de espera, en febrero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado de Ucayali dictó la primera condena de 28 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, el alivio de los deudos y familiares fue efímero. En agosto de 2023, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló la sentencia argumentando vicios procesales, específicamente cuestionando la valoración de un testigo clave y la falta de debida motivación. Esto obligó a reiniciar el juicio desde cero.
Dice el dicho que "Justicia que tarda, no es justicia". Pero en el caso Saweto, la justicia no solo tarda, también se retuerce. El sistema de justicia peruano enfrenta un nuevo y crítico punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores ambientales en la cuenca amazónica. A casi doce años de los asesinatos de los cuatro líderes indígenas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, un recurso de hábeas corpus presentado recientemente busca anular la condena de 28 años de prisión dictada contra los responsables de la matanza ocurrida en septiembre de 2014.
Esta acción judicial, interpuesta por la conviviente de uno de los madereros implicados, pretende dejar sin efecto la sentencia contra los madereros ilegales: Jossimar Atachi Félix, Segundo Atachi Félix, Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta. Todos sentenciados en segunda instancia por la tortura y asesinato de los 4 líderes indígenas de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto. El recurso no sólo solicita la nulidad de la resolución actual y la realización de un nuevo juicio oral, sino que demanda el levantamiento de las órdenes de captura contra los sentenciados que permanecen en la clandestinidad hace más de un año.
Fue recién en abril de 2024 cuando un nuevo colegiado ratificó la condena de 28 años y 3 meses contra los cuatro madereros ilegales. Posteriormente, en agosto del mismo año, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia en segunda instancia y elevó la reparación civil a S/ 400,000. No obstante, el caso sigue sin concluir ya que actualmente se encuentra en etapa de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Un recurso de casación es un procedimiento de impugnación extraordinario, cuyo objetivo es anular o revocar sentencias definitivas de tribunales inferiores que infringen la ley o que se han dictado con errores de procedimiento. Se enfoca en cuestiones de técnicas del derecho, pero no cuestiona los hechos. El recurso de casación está en trámite pero la sentencia contra los madereros sigue vigente mientras no se resuelva.
Edwin Chota, líder de Saweto, asesinado en setiembre de 2014
Juez y parte
Un recurso de hábeas corpus recientemente presentado por el abogado de los madereros que busca anular la sentencia ha recaído en el juzgado que preside Dilmer Meza Conislla. El juez Meza fue uno de los tres integrantes del Juzgado Penal Colegiado que dictó la sentencia condenatoria de abril de 2024 contra los madereros asesinos. Su gestión en aquel momento fue reconocida por la "celeridad y oportunidad" con la que manejó el segundo juicio de Saweto, tras años de estancamiento. Sin embargo, llama la atención que no se haya inhibido ahora para resolver el habeas corpus. De no hacerlo, la defensa legal de los madereros podría aprovechar la circunstancia para elaborar una maraña legal que termine en impunidad.