Elecciones 2026: la agenda ausente frente al avance de las economías ilícitas y la corrupción
En el Perú, las elecciones en los últimos veinte años han sido un momento de disputa política. Sin embargo, este 2026, lo que está en juego va más allá de quién gobierna. Estamos ante una disputa por el control del territorio, la integridad del Estado y la capacidad de la democracia para resistir la influencia de economías ilícitas, la extorsión y el sicariato. Y, sin embargo, este es precisamente el debate que la mayoría de los candidatos está evitando.
Nuestro análisis* sobre los 36 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones muestra una brecha crítica. El 63.89% de los partidos políticos no incluye propuestas relevantes sobre la relación entre corrupción, economías ilícitas y crímenes ambientales, mientras que solo el 5.56% lo aborda de manera explícita. Esto incluye a varias de las principales candidaturas que hoy lideran o compiten en los primeros lugares de las encuestas.
El análisis de los planes de gobierno muestra que la brecha no es homogénea, pero sí estructural. Entre las candidaturas de los partidos políticos que han tenido mayoría parlamentaria en el Congreso en los últimos 5 años -como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) o César Acuña (Alianza para el Progreso)- predominan enfoques que priorizan la seguridad, el crecimiento económico o la gestión sectorial, sin desarrollar de manera integral la relación entre corrupción, economías ilícitas y control territorial en la Amazonía.
Sin embargo, existen otras propuestas que intentan aproximarse -aunque con distintos niveles de profundidad- a esta problemática. El plan de Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) incorpora elementos relevantes como la protección de defensores ambientales, mecanismos de trazabilidad y enfoques de justicia ambiental. No obstante, estas medidas se mantienen a nivel programático y no terminan de articularse en una estrategia integral frente a economías ilícitas.
De manera similar, Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantea medidas vinculadas a la trazabilidad del oro y la articulación entre inteligencia financiera y operativa. Sin embargo, su enfoque se mantiene en el plano de seguridad y control, sin desarrollar una visión más amplia de gobernanza territorial.
En el caso de Mesías Guevara (Partido Morado), su plan presenta propuestas más avanzadas en materia de inteligencia financiera, trazabilidad y cooperación internacional para el control de flujos ilícitos. Aun así, estas medidas se inscriben.
principalmente en una lógica institucional y no logran integrar plenamente la dimensión territorial y social del problema.
Por su parte, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) enfatiza el fortalecimiento de la inteligencia financiera y la articulación interinstitucional para el rastreo de flujos ilícitos, pero sin un desarrollo específico orientado a las economías ilícitas asociadas a crímenes ambientales ni a sus impactos en territorios amazónicos.
Otros candidatos relevantes como George Forsyth (Somos Perú), José Williams (Avanza País) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) incluyen medidas parciales -como fortalecimiento de la inteligencia financiera, control de actividades ilegales o regulación del sector extractivo- pero éstas se presentan también sin integrar una estrategia de gobernanza territorial frente a las economías ilícitas.
En conjunto, estos casos evidencian un patrón, incluso cuando existen propuestas relevantes, estas se presentan de manera fragmentada, sin conectar las dimensiones de corrupción, economías ilícitas y control territorial.
En los casos específicos de Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Carlos Álvarez (País para Todos), sus planes de gobierno no incorporan propuestas vinculadas a la gobernanza ambiental ni abordan la relación entre corrupción, economías ilícitas y delitos ambientales, lo que los ubica en el grupo mayoritario de organizaciones políticas que no incluyen estos enfoques en su agenda programática.
El patrón de propuestas es claro. Los candidatos hablan de corrupción, hablan de seguridad, hablan de desarrollo, pero no están conectando los puntos, y ese es el problema, porque en el contexto de crisis que enfrenta nuestro país, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras o el narcotráfico no son fenómenos aislados, son economías ilícitas que operan en casi todo el territorio nacional, movilizan más de 12 mil millones de dólares, y se sostienen en redes de corrupción que atraviesan instituciones públicas y privadas.
Como hemos visto en La Pampa, en Madre de Dios, o en Pataz, en La Libertad, estas economías están reconfigurando el control del territorio, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia del Estado es débil y la presión sobre las tierras es creciente.
Por tanto, no estamos frente a un problema sectorial, sino ante una disputa por la arquitectura del poder entre la soberanía del Estado, la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades locales, y el avance de economías criminales en alianza con la corrupción en todo el territorio nacional.
En este escenario, el proceso electoral adquiere un rol central. En economías donde los flujos ilícitos superan los 12,000 millones de dólares anuales, las campañas políticas se convierten en un punto de entrada natural para la captura del Estado. El riesgo no es hipotético, es sistémico.
El financiamiento ilegal de campañas, la influencia sobre decisiones regulatorias y la posterior asignación de recursos públicos, forman parte de un mismo ciclo de acumulación de poder, sin embargo, esta discusión está prácticamente ausente en el debate electoral.
Las consecuencias de esta omisión son profundas, las economías ilícitas no solo degradan ecosistemas como la Amazonía, también asesinan e invaden territorios de pueblos indígenas y consolidan formas de gobernanza paralela basadas en el control territorial. Más de 58 defensores han sido asesinados en la última década en el Perú, en conflictos vinculados al control de recursos y territorios. Esta violencia reduce la capacidad de vigilancia ciudadana, fragmenta y erosiona el tejido social y facilita la expansión de actividades ilícitas a lo largo y ancho del país.
Por ello, las elecciones de este domingo son, en esencia, un punto de inflexión. Pueden consolidar un modelo de captura del Estado -donde las economías ilícitas influyen en la política y en las decisiones públicas-, o puede abrir una oportunidad para fortalecer la gobernanza, la transparencia, la vigilancia ciudadana y el control territorial. Pero para ello, es necesario que el problema sea reconocido. Hoy, la evidencia muestra que no lo está siendo.
La pregunta no es si los candidatos tienen propuestas sobre corrupción o desarrollo, porque la mayoría las tiene. La pregunta es: ¿Están preparados para enfrentar el vínculo entre corrupción, economías ilícitas y control territorial?
Hasta ahora, la respuesta —basada en sus propios planes de gobierno— parece ser que no, y esa es una de las principales alertas de este proceso electoral.
(*) Socióloga, experta en anticorrupción y economías ilícitas