Legislación para el retroceso
El Congreso de la República no solo tiene en su haber las leyes pro-crimen, también tiene en su haber otras desgracias, como el proceso sistemático de desmantelamiento de derechos . No se trata solo de iniciativas aisladas o de excesos ideológicos. Se trata de una estrategia legislativa que, paso a paso, busca debilitar los avances en igualdad, autonomía y derechos sexuales y reproductivos.
Lo más preocupante: muchas de estas normas no necesitan siquiera ser plenamente aplicables para causar daño. Basta con que existan, pues no son leyes: es una arquitectura regresiva y en durante esta gestión del congreso, hemos podido evidenciar un patrón claro. Por ejemplo:
. La llamada "ley de textos escolares" (Ley N.º 31498) que traslada a los padres la decisión sobre contenidos educativos, debilitando el rol del Estado y del currículo nacional.
. La modificación de la Ley de Igualdad de Oportunidades; eliminando el enfoque de género y la educación sexual integral, vaciando de contenido una de las principales herramientas para cerrar brechas estructurales.
. Otras normas que refuerzan visiones excluyentes, como la imposición del "enfoque de familia" limitado a un modelo tradicional o la eliminación del lenguaje inclusivo en el Estado.
Estas no son decisiones técnicas. Son decisiones políticas que reconfiguran el sentido del Estado: de garante de derechos a reproductor de desigualdades.
Más de 20 proyectos en cola: el retroceso no se detiene
El problema no termina con lo ya aprobado. Actualmente existe una veintena de proyectos de ley en curso que profundizan esta regresión. Muchos de ellos son reiterativos, de baja calidad técnica, copias entre sí y sustentados en argumentos falsos o descontextualizados. Pero incluso cuando son declarativos o simbólicos, tienen efectos concretos, tales como instalar la desinformación en la opinión pública, reforzar el estigma sobre la sexualidad, las mujeres y las personas LGTBIQ+, generar presión sobre funcionarios y operadores para restringir derechos
Entre los más preocupantes destacan:
. Proyectos que buscan eliminar la educación sexual integral o reemplazarla por enfoques "biológicos y éticos", negando evidencia internacional sobre su efectividad.
. Iniciativas que pretenden otorgar carácter absoluto a la objeción de conciencia, lo que en la práctica puede bloquear el acceso a servicios de salud, incluido el aborto terapéutico.
. Propuestas para eliminar el concepto de género del ordenamiento jurídico, desarmando décadas de avances en políticas contra la violencia.
Esto no es casual. Es una ofensiva coherente.
Educación bajo sospecha: el nuevo campo de disputa
Uno de los focos más agresivos de esta agenda es el sector educación.
Bajo el discurso de "recuperar el derecho de los padres", se busca intervenir en los contenidos educativos, especialmente en educación sexual. Pero ese derecho nunca ha estado en riesgo. Lo que sí está en riesgo hoy es el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación basada en evidencia. Detrás de ello hay algo más profundo: la intención de imponer creencias religiosas o morales en políticas públicas, incluso si eso implica debilitar al Estado.
El costo real: desigualdad, violencia y silencios
Quienes impulsan estas iniciativas suelen presentar sus propuestas como defensa de valores. Pero el resultado es otro:
. Más embarazo adolescente
. Mayor tolerancia a la violencia sexual
. Menor acceso a información para tomar decisiones
. Mayor exclusión de poblaciones diversas
La evidencia es clara: la educación sexual integral reduce riesgos, mejora trayectorias educativas y protege la salud (UNESCO, UNFPA, OMS). Su eliminación no protege a nadie. Expone más.
Una disputa de fondo: igualdad vs. privilegio
Pues lo que está en juego no es solo una política pública. Es el modelo de sociedad. Mientras algunos sectores hablan de "complementariedad", lo que buscan es perpetuar un sistema de jerarquía, donde la desigualdad se naturaliza y los derechos se condicionan.
Y aquí hay que decirlo con claridad: la libertad no es abstracta. No existe igual para todos. Sin políticas públicas activas, sin enfoque de género, sin educación, la libertad queda reservada para quienes ya tienen poder. Es por ello que de llegar al Parlamento, el desafío no será menor, pues entre otros aspectos habrá mínimos indispensables, tales como revisar la constitucionalidad de estas normas, visibilizar sus impactos reales, defender el rol del Estado como garante de derechos y recuperar políticas públicas basadas en evidencia
Pero, sobre todo, habrá que devolverle sentido a la ley. Porque una ley no puede ser un instrumento para imponer dogmas. Debe ser una herramienta para ampliar derechos, reducir desigualdades y mejorar la vida de las personas y esa debería ser la promesa mínima de cualquier proyecto político viable y democrático, es que las leyes sean realmente para la gente.
Gracias al equipo legal de PROMSEX, por permitirme el acceso al documento de monitoreo congresal 2024-2025.
(*) Candidata del Partido Primero La Gente, con el Nro 6 Senado Electoral Distrito Único Nacional