O cómo una ley que se discute a 10 mil kilómetros, en Bélgica, puede devolver la dignidad a una provincia cusqueña.
Cuando encontré a Esmeralda Larota para su primera entrevista, estaba mojada, calada hasta los huesos. Había llovido en Espinar ya la altura de esta provincia cusqueña, el viento helado paraliza. Esmeralda es pequeña y habla bajito, pero lo que dice cala más que el frío.
“Sabiendo las mamás que el agua en Espinar está contaminada, con esa misma agua estamos criando a los hijos. Es triste para las mujeres”.
Esmeralda Larota es una mujer K´ana, de los más antiguos linajes indígenas de Cusco. Ella es dirigente en una asociación de mujeres que defienden su cultura y los derechos de su comunidad. Hace cuatro meses, cuando la vimos bajo la lluvia, declarando frente a una documentalista ya un fotógrafo, habló desde las cercanías de su casa, en Espinar, con la cara casi escondida bajo un gorro de lana. El suyo es uno de los rostros principales de la campaña “Espinar No Puede Esperar” , que reúne a más de 100 agrupaciones de cooperación internacional y entidades nacionales, en busca de darle voz a la gente que, como Esmeralda, lleva la sangre contaminada por metales pesados desde hace años, sin que al estado se le mueva un pelo.
Una ley de Europa a Cusco
La campaña busca la tan postergada justicia para los ciudadanos de Espinar, acceso a la salud y tener claro de dónde procede la contaminación por metales pesados que aqueja a muchos. También poner luz sobre una normativa que actualmente se debate en el parlamento europeo, la ley de Debida Diligencia, que plantea que las empresas de capital europeo o que muevan capitales allí, tengan reglas más estrictas de respeto al medioambiente y a los derechos humanos de los pueblos que afecten, en otras latitudes. El proyecto no es perfecto, por supuesto. Los voceros de esta campaña advierten que debe contener no solo mejores garantías para la salud sino, lo que en derecho se conoce como Principio Precautorio, es decir que, ante la sola sospecha de que las operaciones de una empresa estén causando daños al medioambiente o salud de la población, se puedan paralizar las actividades que pudieran ser la causa, previniendo mayor devastación. Sin este principio, mientras no existan pruebas concretas de causalidad, las empresas siguen operando sin sentir culpa alguna. Los ciudadanos, empobrecidos muchas veces, no tienen acceso a un sistema médico digno, menos aún cómo probar que sus dolencias tengan que ver con la actuación de una compañía.
Y es que el caso Espinar es un símbolo de eso que se llama abandono.
Los estudios más recientes hechos por el Estado peruano, específicamente por el Centro Nacional de Salud Ocupacional (CENSOPAS), en 2013, arrojaron metales en sangre en más de 100 personas examinadas, más precisamente arsénico, cadmio, manganeso, plomo, sustancias que, en cantidades superiores a las permitidas, son altamente dañinas. Algo que ya había advertido esta entidad del Ministerio de Salud, tres años antes de ese estudio, con resultados muy similares, en una muestra de 500 personas. El más reciente estudio hecho a la población de Espinar, a cargo de Amnistía Internacional, en el 2021, no hace más que seguir pintando una realidad imposible de ignorar: 78% de las personas analizadas en sangre y orina está severamente contaminado por metales pesados. Hoy no hay estudios recientes que determinen con seriedad el origen de la contaminación de un gran porcentaje de la población aledaña al proyecto Antapaccay, que, desde hace 10 años, explota la empresa suiza Glencore. La empresa por su lado, en respuesta a nuestras preguntas, se basa en un estudio de hace 9 años, del 2013, hecho por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, para afirmar que las trazas de once metales pesados como arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, plomo, manganeso, molibdeno, selenio, talio y zinc se encuentran en la zona, pero no en rangos tóxicos. También Glencore -Antapaccay afirma que “ninguno de estos metales se produce como resultado de las operaciones”.
La empresa también señala que “entre 2010 y 2015 MINSA, DIGESA, INGEMMET, SENASA, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, ANA, realizaron estudios sobre metales pesados en suelos y fuentes de agua. En resumen, estos estudios señalan que la presencia de metales pesados es de origen natural”.
“Tienen un origen natural, claro, son yacimientos polimetálicos los que se operan, la pregunta es ¿cómo llegan al agua y a las personas?”, dice Ana Leyva, especialista legal en temas minero ambientales, para quien la explicación no es tan simple. “Para extraer el cobre, éste no sale solo. Al extraerlo, hay reacciones químicas con otros elementos, muchos de estos metales que están naturalmente en la zona se mezclan con el aire y con el agua. Los pobladores quedan expuestos y estos metales, con el tiempo, se acumulan en el cuerpo”.
Y ahí radica el problema, a lo largo de los últimos 10 años, los intentos por llegar a tener una causalidad clara de la contaminación han fallado. Los estudios del Instituto Peruano de Energía Nuclear por determinar el origen de la contaminación, en el 2012 y el 2017, quedaron nulos por observaciones en el método y por problemas administrativos. Según la bióloga y especialista en temas médico ambientales, Karen Luque, aunque desestimados por aquellos problemas, los informes determinaban hallazgos importantes: “La empresa no pueden negar que sus presas de relave hayan filtrado, los análisis que se han hecho de causalidad, más allá del error metodológico del IPEN dicen: estamos haciendo tomas de muestras en las filtraciones de las relaveras Ccamacmayo y Huinipampa. Hay registros, indicios.
Esmeralda lo ha dicho en todas las reuniones, si fuera una contaminación natural, sus abuelos y sus padres hubieran visto todos estos daños hace mucho tiempo”.
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Para Ana Leyva es imprescindible que se vuelvan a hacer estudios en busca de la real causalidad de la contaminación en las aguas y las personas.
“La ciencia ha ido avanzando, ahora se pueden hacer pruebas, con trazadores, mucho más concluyentes”
Mientras todo esto se resuelve, los pobladores de Espinar sobreviven, muchos sin servicios básicos de agua potable, con una ganadería que cada vez deja ver más los huesos. En los mercados locales temen que los animales de esta zona y los productos derivados sean nocivos por la contaminación.
Más grave aún, colectivos de ciudadanos de Espinar, obtuvieron una sentencia del Poder Judicial a su favor, que ordena al MINSA diseñar una estrategia de salud de Emergencia Sanitaria para esta provincia cusqueña. Pero ésta es letra muerta, pese a que se les daba 90 días para hacerlo. De eso ya pasó un año y medio. Pero así se cumpliera ¿es suficiente? ¿Se resuelven, con un plan de salud, todos los problemas de Espinar?
“Sin conocer la fuente, ¿de qué me sirve el tratamiento, si me voy a seguir contaminando? Lo que se requiere es que se frene la contaminación de la gente y para eso hay que saber qué exactamente la ocasiona. En ese plan deben intervenir los ministerios de Salud, Minería, Ambiente y Vivienda”, dice Ana Leyva.
Pero en Espinar sienten que fueron y siguen siendo invisibles.
Por eso Esmeralda Larota se atrevió a subir a un avión para llegar hasta Bruselas, Bélgica, la sede del Parlamento Europeo y hasta Londres, para hablar con parlamentarios del Reino Unido, Karem Luque y otros rostros de la gira que promueve esta campaña. Ha cambiado el gorro que le tapaba casi hasta los ojos por una vincha colorida y un traje bordado de flores y se ha dirigido a los eurodiputados que la han escuchado, como nunca antes la habían escuchado.
Esmeralda de Espinar
“Ya somos inválidos”, dijo Esmeralda Larota ante los europarlamentarios. “Hay familias enteras, mamás, papás, jóvenes, niños que están enfermos. A diario nosotros, la mayoría, no tenemos paz en nuestra salud, porque no hay como curarnos, no hay quién diga de nosotros nada. Estamos muriendo”.
A Esmeralda, le ha sorprendido que la escuchen dentro de un edificio tan grande como el Parlamento Europeo. Dice que acá, en su país, las autoridades locales nunca tienen tiempo de recibirlos.
En Bélgica, pudo hablar de su salud, de la salud de sus padres ancianos, de los jóvenes que se mueren como nunca antes se ha visto en su localidad.
También de cómo sus animales nacen con malformaciones mortales y cómo los productos que antes vendían en las ferias locales ya no se venden igual, bajo sospecha de contaminación. Espinar era ancestralmente ganadera hasta antes de que llegara la minería hace 40 años. Eso también está muriendo.
“Dicen que somos mineros, nos dicen que tenemos dinero. No todos somos así. Muchos estamos sin trabajo, muchos estamos mal de salud y no tenemos la oportunidad de trabajar y no tenemos de ninguna parte ingreso económico, estamos en este dolor”, dijo Esmeralda. La voz se le fue rompiendo.
“Por eso yo vengo acá, a pedir con una esperanza que se pueda hacer algo desde este país, al aprobar la Debida Diligencia, para que nos den garantías en nuestra vida (…) queremos vivir en paz, ya no así, desesperados, ya no así, sin futuro, porque sin salud, no hay futuro”.
Tras escuchar a Esmeralda, la eurodiputada belga, María Arena, dijo sobre la importancia de aprobar la normativa, algo bastante gráfico: “En la tierra de mis padres suelen decir: tienes la casa muy limpia, adentro hacia, pero no te importa tenerla limpia hacia afuera. Siento que esto es algo así. Mantenemos nuestra casa limpia en el interior, pero no nos importa el exterior. Esta conducta no está bien.
Necesitamos esta ley para estar seguros de que nuestras compañías no están tirando toda esa basura hacia afuera”.
Que Francia y Alemania ya tengan en sus legislaciones una Ley de Debida Diligencia y que ahora sea parte del debate en la Unión Europea, sólo demuestra algo: en casi todo el mundo, el autocontrol de las empresas de gran impacto ambiental y humano, no ha sido suficiente. El control de los Estados para garantizar algo tan básico como el derecho a la salud y a vivir en un medioambiente sano, tampoco ha sido suficiente. Una ley como la que se propone en el parlamento europeo es una salida, la única que muchos pobladores de Espinar ven como la luz al final de un túnel muy oscuro.
Han sido tres las empresas que han operado en la zona, la australiana BHP Billiton, con el proyecto Tintaya, luego la suiza alemana, Xstrata y desde el 2012, la suiza Glencore, con Antapaccay y con un proyecto de ampliación llamado Coroccohuayco, que podría prolongar sus operaciones por 30 años más. Con todas esas empresas hubo y sigue habiendo conflictos. Con HP Billiton se llegó a la negociación de un convenio marco, por el cual la empresa daba un fondo en beneficio de la población. En el 2012, hubo protestas por el tema de la salud y la contaminación de las aguas y las personas, brutalmente reprimidas por la policía, que acabaron con muertos, con Xstrata aún como interlocutor. Y también paros en plena pandemia, reclamando por la salud y el uso del dinero del convenio marco, en el 2020, ya con Glencore en operaciones. Hace pocas semanas, luego de protestas, la población logró que se le reconozca un bono de 2 mil soles, provenientes del fondo del convenio marco, para subsistencia por la crisis.
Mientras, la empresa minera se expande. Las tierras se venden de manera particular, desoyendo el ancestral uso comunal. Los caminos se cierran. Muchos se van, Los pocos que se quedan, lo hacen cada vez más empobrecidos. Ceferino Kana es uno de ellos. Ceferino habla con sus vacas, como quien habla con amigas, en la soledad de su estancia en la comunidad Huisa, a más de 4 mil metros sobre el mar. Uno de sus hijos nació con labio leporino y paladar hendido. Otro de sus hijos va muy lento en el aprendizaje. “Mi esposa estaba gestando, justo cuando había filtración de la presa de relave de Huinipampa”, dice Ceferino. Su sangre, la de su esposa y la de sus hijos contiene niveles peligrosos de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.
Ceferino ha sido parte de la población analizada varias veces, pero no sabe nada concreto sobre su estado de salud. Para Karen Luque, no se trata de falta de recursos, ni de personal, sino de voluntad. Ella asegura que las muestras se toman en mínima proporción a la población más expuesta a las operaciones mineras, que vive alejada e incomunicada. Los resultados tardan hasta un año en llegar a sus manos. No se cuelgan las estadísticas en ningún lugar, la población no sabe si la proporción de metales pesados ha subido o bajado.
En Europa, Karem Luque y Esmeralda Larota se han reunido no solo con parlamentarios sino con financistas de Glencore. Y es que la ley de Debida Diligencia, de aprobarse, podría alcanzar a toda la cadena de valor de la operación, quiere decir financistas, bancos, empresas vinculadas comercialmente con la compañía. “Ha sido importante reunirnos con financistas, BNP Paribas, que ha sido uno de los principales financistas de Glencore, asi como el fondo de pensionistas públicos de Londres, donde cotiza. Se les ha puesto en alerta de que muchas de las inversiones que ellos van a desarrollar deberían generar mayores políticas para que ese dinero no tenga sufrimiento, ese dinero no siga causando impactos en las poblaciones”, señala.
La empresa Glencore, en una entrevista que respondió por escrito, pintó un panorama de decrecimiento de la producción de Antapaccay. “La producción tiende a decrecer y se proyecta que esto continuará ocurriendo en los próximos años por las características propias del yacimiento minero. El objetivo de desarrollar la Integración de Coroccohuayco, no es aumentar la producción de cobre si no reemplazar la de Antapaccay”.
Todo esto, en un escenario en el que el cobre será uno de los insumos más requeridos, precisamente para las tecnologías verdes, especialmente para los autos eléctricos. Para un mundo más limpio de combustibles, más sombras y sospechas de contaminación. Toda una paradoja que los consumidores deben conocer.
