Durante la tarde del miércoles, agentes de seguridad del Congreso se dedicaron a cruzar la puerta principal con una barra de metal, a modo de ensayo de un resguardo de emergencia. Todo esto después de haber comunicado que se suspendía el pleno del día siguiente y la reunión de la Junta de Portavoces para “salvaguardar la seguridad de los congresistas así como del personal del Congreso”.
El documento que anuncia la suspensión del Pleno, refiere una reunión entre el Jefe de la Región Policial Lima y el Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención del Congreso, previa a la decisión de prácticamente desalojar el edificio.
Medidas preventivas relacionadas con la marcha convocada para el jueves 10 de noviembre llamada La Toma de Lima, organizada por algunos sindicatos y organizaciones sociales a favor del gobierno de Pedro Castillo, en rechazo del tercer pedido de vacancia y pidiendo una nueva constitución.
Según el documento, la Región Policial Lima y altos mandos policiales han hecho saber que en dicha marcha habría “actos de violencia contra la propiedad pública y privada, debido a la posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes, que podrían ocasionar un desborde social”.
No se había visto tanta preocupación frente a la marcha ciudadana del fin de semana previo.
Pero ¿es ese posible choque lo que preocupa tanto al Parlamento? ¿O es más bien la amenaza velada que llegó impresa en papel el día anterior desde la PCM? ¿Es esta dilatación de tiempos y fechas una estrategia?
Ganando tiempo
Como se recuerda, el martes 8 de noviembre, el primer ministro anunció, en una movida muy enrevesada, que presentaría una Cuestión de Confianza… pidiendo se discuta la derogatoria y modificación de la ley que rige la Cuestión de Confianza, buscando acotarla. Varios fueron los constitucionalistas que de inmediato señalaron que la Cuestión de Confianza solo se pide de manera expresa y oral durante ante el Pleno del Congreso y que la ley sobre esta figura fundamental -que eventualmente podría ser utilizada como As bajo la manga para un cierre del Congreso- ya ha sido convalidada en el Tribunal Constitucional, el máximo ente rector de la Constitución.
Menos de una hora después del ensayo de seguridad en las puertas del Congreso, llegó la respuesta al pedido del gobierno. Fue un rotundo No.
No, señor premier, usted no puede presentar una cuestión de confianza. Basándose en que es un tema ya resuelto en el TC y que se trata de temas que solo son competencia del parlamento, el oficio firmado por José Williams Zapata, culmina exhortando al premier Torres a respetar la independencia de poderes y la institucionalidad democrática.
Tu marcha, mi marcha
Este es el contexto en el que se espera, con un Congreso aparentemente preocupado, la marcha del jueves 10 a favor de Castillo, cinco días después de la marcha ciudadana Reacciona Perú, convocada por la oposición el fin de semana pasado y que anuncia una nueva fecha para el 20 de noviembre. Y para el sábado 12 se convoca a una marcha ciudadana más, la que se organiza en honor a los muertos y heridos de las marchas ciudadanas de noviembre del 2020.
