Mientras la PNP se indigna por caricatura periodística, el Poder Judicial informó que en enero y febrero agentes policiales son investigados por homicidio, violación, robo agravado y cohecho.

Así como en Perú hay presidentes denunciados por corrupción, jueces investigados por tráfico de influencias y congresistas procesados por lavado de activos, también hay policías que han dañado la imagen de su institución. Eso es innegable, y demostrarlo en una caricatura, no debería ser una afrenta como lo ha interpretado la Policía Nacional del Perú (PNP), que a través de un comunicado ha anunciado que iniciará acciones legales contra el diario La República y “aquellos que resulten responsables” por la imagen publicada el 30 de enero.

La caricatura realizada por Carlos Tovar, el popular Carlín, es una sátira que evidencia que la corrupción también está dentro de la institución, así como los casos de policías investigados por otros delitos como extorsión y robo. La PNP asegura que con esta caricatura se afecta la imagen institucional.

Fuente: La República

A la policía se le respeta, sí. De hecho, esta semana se pudo lograr la extradición y encarcelamiento del feminicida confeso Sergio Tarache, quien estaba escondido en Colombia. Tarache le prendió fuego a Katherine Gómez Macharé, el 18 de marzo del año pasado. La captura ha sido celebrada como un logro de la PNP porque compartió información con la policía colombiana para lograr la detención. Sin embargo, también hay que evidenciar a quienes realmente están dañando la imagen de la institución.

Solo en enero y febrero de este año, el Poder Judicial informó de, al menos, 5 procesos penales que involucran a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). El 5 de enero, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón por ser el presunto responsable de la muerte del estudiante Rosalino Florez Valverde, durante las protestas ocurridas en el Cusco contra el gobierno de Dina Boluarte, en el 2022.

Foto: La República

El juzgado ordenó la búsqueda y arresto del suboficial, quien es señalado por la Fiscalía como el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio en el contexto de delitos de violencia de derechos humanos. Sin embargo, se encuentra prófugo.

El 16 de enero, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, confirmó la condena de 14 años de cárcel impuesta al  suboficial PNP del grupo Terna, Jean Brando Rodríguez Lázaro, de 27 años. El policía fue acusado por el delito de violación sexual.

Según la sentencia, en la madrugada del 1 de diciembre de 2018, el suboficial PNP, agredió sexualmente a una joven de 22 años aprovechando que se encontraba ebria e incapacitada para impedir el abuso. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial sentenció a Rodríguez Lázaro, a 14 años de cárcel. Sin embargo, el suboficial apeló señalando que lo dicho por la víctima “no era coherente”. Su solicitud fue declarada infundada por lo que la Primera Sala de Apelaciones ordenó su búsqueda y captura inmediata. El exintegrante del Grupo Terna estuvo en prisión preventiva por otro proceso penal relacionado con tocamientos indebidos a una menor de edad.

Foto: Poder Judicial

Hay más. El 22 de enero, el Poder Judicial, a través de la Corte de Piura, dictó 9 meses de prisión preventiva contra 4 efectivos policiales acusados de la muerte del taxista Édgar Silupú Bereche, de 23 años, al interior de la comisaría La Arena.

Silupú Bereche falleció el 17 de enero en una celda de una dependencia policial, luego de ser arrestado por un hecho de violencia familiar reportado en su vivienda ubicada en el sector del bajo Piura.

La fiscalía inició una investigación por el presunto delito de tortura relacionado con la muerte del joven taxista, cuya autopsia reveló que la víctima sufrió hemorragia cerebral, traumatismo encéfalo craneano severo y politraumatismo a causa de un objeto contuso. Los oficiales acusados han dicho que Silupú se autolesionó.

Asimismo, el Poder Judicial informó hoy que el  juzgado de Loreto, condenó a 18 años de cárcel a dos policías por delito de robo agravado a una sede del Banco de la Nación, ubicada en la zona de frontera con Colombia y Brasil. Se trata de los suboficiales de la Policía Aron Franchito Romero Arribasplata (26) y Freddy Cachique Sinarahua (27).

Los suboficiales son acusados de integrar la organización criminal ‘Los miserables de Santa Rosa’, la cual ejecutó el asalto al banco en diciembre del 2021 y asesinó al suboficial de tercera, Sergio Rengifo, quien intentó detener el robo.
El Poder Judicial también informó hoy que a través de la Corte de Lima Norte, se impuso una pena de 5 años de prisión suspendida, por el delito de cohecho propio en el ejercicio de su función policial, contra 3 policías que solicitaron S/.500  a un chofer, en Los Olivos.

¿Confía la ciudadanía en la PNP? Según la encuesta de IEP de abril del 2023, siete de cada diez personas encuestadas (69% ) desconfían de la Policía: confían muy poco (37%) o nada (32%) en la institución. Un 26% tiene algo de confianza y solo un 5% cree mucho en la PNP.

Fuente: IEP

No es para menos. Este jueves en la mañana, los padres de una adolescente de 13 años denunciaron que el miércoles fueron a reportar la desaparición de su hija en la comisaría de Pamplona, sin embargo, les dijeron que debían esperar al viernes porque el policía que recibió la denuncia no estaba de turno.

Los padres desesperados obtuvieron ellos mismos el video de la cámara de seguridad de una tienda donde se ve a su hija siendo perseguida por un sujeto. Con esa información pudieron identificar al sujeto e ir a buscarlo a su casa, pero no lo encontraron. Al día siguiente pidieron a la comisaría de Pamplona información actualizada de la desaparición de su hija. Sin embargo, pese a la urgencia , solo recibió como respuesta que debía esperar la llegada del agente policial que tomó su denuncia en un primer momento.

Es una amenaza

La reacción de la PNP frente a la caricatura realizada por Carlos Tovar  ha sido calificada como una amenaza a la libertad de prensa por parte de la policía peruana ante el uso de caricaturas para evidenciar, a través del humor, hechos reales que suceden en el país.

Pedro Vaca, relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció al respecto y tuiteó:  “Una caricatura no afecta la “imagen institucional” de una entidad. Erosionar el espacio para el humor sobre la autoridad sí que lastima severamente la libertad de expresión. Cuando el humor preocupa a la autoridad es porque la reflexión que se quiere provocar es relevante”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó “la amenaza táctica” de la PNP de intentar enjuiciar al caricaturista Carlos Tóvar por la sátira contra la policía.

“Institución policial desconoce que el humor tiene protección preferente al ser legítima expresión de libertad de expresión/opinión. Un sistema realmente democrático se sustenta en tolerancia a expresiones artísticas críticas, algo ajeno a quien redactó comunicado de Policía”, señalaron.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también ha criticado la postura de la PNP al considerarla una amenaza a la libertad de expresión. El asesor jurídico del IPYS, el abogado Roberto Pereira, señaló claramente que se trata de un despropósito al considerar que la caricatura contiene un fuerte contenido crítico a una institución pública muy cuestionada por hechos objetivos y verificables”.

La jurisprudencia internacional sobre el derecho al buen nombre reconoce que éste se debe merecer.

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