El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder investiga una presunta orden del presidente Pedro Castillo para desaparecer pruebas presuntamente incriminadoras en la compra irregular de biodiesel por Petroperú. La historia es digna de película policial y compromete a Castillo y a cuatro de sus colaboradores –su entonces subsecretario general, Beder Camacho, el director de la DINI, José Luis Fernández, y su asesor Henry Shimabukuro– en un hecho impropio de un jefe de Estado.

La noche del 20 de diciembre de 2021, en Palacio, el presidente Pedro Castillo convocó a su entonces secretario general, Beder Camacho, al director de la DINI, José Luis Fernández, y a su asesor Henry Shimabukuro, y les habría expresado su preocupación por las revelaciones periodísticas sobre la compra irregular de S/. 74 millones en biodiesel realizada por Petroperú a la empresa de Samir Abudayeh.

En la reunión, el presidente Castillo les habría ordenado “desaparecer” todo lo que lo incriminara en el negocio del combustible.

“Que desaparezca todo, y haga lo que tenga que hacer”, habría sido la orden del jefe de Estado, de acuerdo a la información que maneja el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y que está recogida en la resolución judicial que autorizó la detención y el allanamiento de domicilios del exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, el operador Daniel Príncipe Collazos, Henry Shimabukuro Guevara, José Luis Fernández Latorre y el empresario Samir Abudayeh Ghía.

Miedo presidencial

Ese mismo día, más temprano, en el mismo Palacio de Gobierno, la oficina 404 del despacho presidencial era objeto de una diligencia a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Los fiscales realizaban una “diligencia de descarga y aseguramiento de los registros de visitas al despacho presidencial” entre el 1 de octubre y el 31 de noviembre del 2021, como parte de sus diligencias por el “caso Petroperú”. Se fueron de Palacio a las 5:52 de la tarde.

“Ante dicha situación, el líder de la organización criminal denominada ‘Red criminal en el poder’, presidente de la República, habría coordinado con los demás integrantes de la misma, en el presente caso José Luis Fernández Latorre, Beder Ramón Camacho Gadea y Henry Shimabukuro Guevara, a fin de realizar actos encaminados a sustraer al presidente de la República de la acción de la justicia”, señala la resolución judicial entre las páginas 67 y 68.


Esta reunión entre el presidente de la República y sus colaboradores ocurrió unas tres horas y media después del retiro de los fiscales de Palacio.

Habría sido en dicha reunión, con Fernández Latorre, Camacho y Shimabukuro, que “concertaron y se repartieron funciones específicas para sustraer de la acción de la justicia al presidente de la República en la investigación penal del caso Petroperú, procurando la desaparición de los indicios y evidencias que lo vinculen con los demás investigados”.

Allí es donde –de acuerdo con el testimonio de Beder Camacho– el mandatario habría ordenado la desaparición de los elementos comprometedores.

Borrado de huellas

Según el despacho de la fiscal Marita Barreto, luego de la reunión en Palacio, los colaboradores del presidente ejecutaron la orden.

Beder Camacho se encargaría de desaparecer cuatro teléfonos celulares asignados a los edecanes del presidente Castillo y los cuadernos de registro de actividades “para evitar que se conozca la información que contenían”. Los cuadernos contenían, según el Ministerio Público, información de los personajes vinculados al caso Petroperú que se habían reunido con Pedro Castillo.

Al día siguiente, 21 de diciembre de 2021, Camacho y el empleado del despacho presidencial a cargo de las redes móviles, Pablo Flores Barrios, concretaron en la sala de edecanes el cambio de los celulares de los edecanes del presidente y de los técnicos de servicio, que son militares.

Luego, uno de los efectivos militares le entregó a Camacho cuatro cuadernos con información sobre las reuniones del jefe de Estado.

Camacho se llevó ese material y procedió.

El 26 de diciembre, arrojó los cuatro celulares al mar de la playa La Punta, en el Callao, y quemó los cuatro cuadernos de registro de los edecanes.

“Al término de su actividad criminal, Beder Camacho Gadea le informó al presidente de la República, quien le dijo que continúe con el plan criminal acordado”, señala la resolución judicial.

Mediante denuncias policiales realizadas entre el 4 de julio y el 17 de mayo de este año, los cuatro celulares fueron reportados falsamente como perdidos por los siguientes trabajadores de Palacio a los que no les habían sido asignados los equipos: Renzo Tinta Cárdenas, Mauro David Gonzalez Caballero, Helí Hernando Cárdenas Yaya y Luis Miguel tito Sánchez.

De ese modo, reportada la “pérdida”, no se generaría ningún proceso administrativo sancionador contra ningún trabajador.

“Beder Camacho pagó el valor de la penalidad de los cuatro equipos celulares, y esos comprobantes fueron entregados al analista en redes móviles del despacho presidencial, Pablo Flores Barrios, quien analizó el trámite respectivo ante la empresa de telecomunicaciones y, de esa forma, se justificó la ilícita desaparición de los celulares utilizados por los edecanes del presidente Pedro Castillo que contenían información que vinculaba al presidente con las investigaciones del caso Petroperú”, indica la resolución.

Los hechos investigados no corresponden a acciones que tengan que ver con las funciones de un presidente de la República, sino al de cualquier jefe de banda. Los hechos deben conocerse a fondo hasta el final.

Compartir