Luego de 60 muertos en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su preocupación por las denuncias de abusos y limitaciones de derechos y reclama al gobierno información concreta sobre las investigaciones y las acciones que ha tomado.
En comunicación reservada dirigida al Representante Permanente de Perú ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, Embajador Luis Chuquihuara, ocho comisionados del sistema de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos exhortan al gobierno peruano a que en un plazo no mayor de 60 días entregue información precisa sobre graves hechos denunciados ante esa oficina vinculados con violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de derechos humanos y periodistas, así como uso abusivo del término “terrorismo”.
El documento de 21 páginas conocido en exclusiva por Epicentro.TV, tiene fecha del 24 de febrero. Los comisionados firmantes instan al gobierno a suspender las acciones de uso excesivo de la fuerza, le atribuyen credibilidad a las denuncias que han recibido y piden que el gobierno entregue un informe detallado en el que responda por cada uno de los puntos de preocupación para el sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El documento dice: “emitimos este llamamiento para salvaguardar los derechos de las personas que están ejerciendo sus derechos de asociación y manifestación pacífica y a la libertad de pensamiento y de conciencia, con el objeto de proteger sus derechos de posibles daños irreparables”.
El informe exhorta al gobierno de Dina Boluarte a “proporcionar información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial sobre los alegados homicidios durante las manifestaciones. Por favor, incluya información sobre el estado actual de la investigación, en qué medida las investigaciones se ajustan a los estándares internacionales y científicos aplicables en casos de muertes potencialmente ilícitas”.
El gobierno también deberá remitir “información sobre las medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra las personas que ejercen su derecho a la protesta. En particular, respecto a los discursos estigmatizantes y el uso del término “terruco” contra manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, tomando en cuenta el contexto histórico de Perú”. “Se reportó que la respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada del discurso oficial que señala ‘estar en guerra’, y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o ‘terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas”.
Naciones Unidas solicita “información sobre la legislación, las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso de la fuerza durante las manifestaciones, garantías de no repetición y el cumplimiento de las normas internacionales pertinentes, incluido el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
El gobierno también debe enviar “información más detallada sobre las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el marco de manifestaciones pacíficas (…) y las medidas que se han adoptado para garantizar que la vigilancia se lleva a cabo de conformidad con la ley, utilizando únicamente las medidas que son necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática.
El informe se refiere a un caso de posible desaparición forzada por lo que piden información sobre esta denuncia y los mecanismos que se han aplicado para la detención, el traslado y la información a los familiares de los detenidos en el contexto de las protestas.
Naciones Unidas recibe con especial preocupación las denuncias de agresiones físicas y verbales a periodistas por parte de agentes de fuerzas de seguridad y de manifestantes y hace énfasis en el comunicado del Ministerio del Interior que insta a los ciudadanos a denunciar la “apología del terrorismo” en redes sociales: “Consideramos que incentivar la denuncia de acciones vagamente definidas y alejadas del principio de seguridad jurídica son susceptibles de contribuir al incremento de detenciones arbitrarias”, sostiene.
El informe también expresa su preocupación por las denuncias de allanamientos policiales sin respeto de las garantías procesales que están establecidas en los estándares internacionales contemplados en los tratados que el Estado peruano ha suscrito.
El documento de Naciones Unidas le da plazo de 60 días al gobierno para que responda este extenso cuestionario y advierte que “transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de Su Excelencia se harán públicas a través del sitio web de informes y comunicaciones”.
El informe concluye que las denuncias que han recibido justifican una atención inmediata. “Además, consideramos que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.
Este informe ya debe estar en manos de la canciller Ana Cecilia Gervasi, el primer ministro Alberto Otárola y la Presidenta Dina Boluarte. No responderle a Naciones Unidas no es una opción.
El documento íntegro solo para suscriptores de Epicentro Tv.
