La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca cambiar el actual reglamento de supervisión de los fondos que reciben los partidos políticos, en especial los que les entrega el Estado. Ha eliminado, por ejemplo, las consecuencias de no rendir cuentas dentro del plazo, y según la Asociación Civil Transparencia y el Instituto de Defensa Legal, la valla para fiscalizar a los partidos que incumplan con entregar sus rendiciones ha bajado. La ONPE prefiere no pronunciarse.
Después de conocerse por denuncias periodísticas cómo gastaron algunos partidos políticos los varios millones de soles que recibieron del Estado peruano en los tres últimos años, se hubiera esperado un ajuste en los mecanismos para controlar mejor el destino de esos fondos. En lugar de ello, las cosas parecen apuntar en sentido contrario.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca cambiar el reglamento vigente de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, y en un nuevo proyecto que hizo público en su página web la semana pasada plantea modificaciones que han provocado las primeras críticas.
“Uno hubiera esperado un avance en las reglas sobre el control de estos temas”, dice Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), añade: “Las sanciones se reducen o se estarían reduciendo, es decir, se baja el estándar sancionatorio que, dicho sea de paso, ya es bastante bajo”.
Veamos cuáles son esos cambios, que no son muchos, pero sí puntuales y significativos.
La primera y más saltante modificación, de aprobarse el proyecto de la ONPE, es que en el nuevo reglamento de la ONPE se elimina el artículo 15 del reglamento aún vigente, que establece sanción para el partido político que no rinda cuentas de sus gastos.
Dicho artículo establece que “la falta de rendición de cuentas genera la suspensión automática sobre el siguiente otorgamiento del fondo público directo que corresponda”. En la nueva reglamentación, esto ha sido omitido. O sea, si la agrupación política no rinde, no hay problema, se le sigue entregando el fondo de todos los peruanos.
El jueves 25 de noviembre, el IDL le envió un correo electrónico a la ONPE para pedirle mantener el artículo que ahora brilla por su ausencia: “sugerimos no reducir el estándar de control y rendición de cuentas de la ejecución o gasto de los fondos públicos. En el proyecto actual se omite la consecuencia de no haber entregado la rendición de cuentas del fondo previamente entregado (la suspensión automática del siguiente otorgamiento del fondo), por lo que se sugiere mantener el artículo del actual reglamento (y que el proyecto ha eliminado)”.
Cruz Silva, del IDL, refiere a Epicentro Tv que con el nuevo reglamento, el organismo electoral “deja en el vacío la sanción o la medida inmediata para que los fondos no vayan a los partidos políticos que no están rindiendo sus cuentas claras, pero aparte, además, parecería que se están reduciendo las sanciones del actual reglamento”.
La Asociación Civil Transparencia, por su parte, le envió a la ONPE un oficio para demandarle que implemente un mecanismo de control de partidos más eficiente que el que ya existe.
El documento indica que “consideramos valioso que la propuesta de reglamento exija un sistema de control interno partidario. Debería agregarse que este sistema debería tener algunas exigencias mínimas conforme a los lineamientos que establezca la ONPE y que su existencia efectiva será objeto de verificación posterior, siendo una infracción muy grave el dar una declaración falsa al respecto”.
Carta de Transparencia by Epicentro TV on Scribd
Transparencia también ha advertido otro problema. Actualmente, si un partido comete una infracción o incumple la norma de financiamiento, y la ONPE inicia un proceso sancionador en su contra, el partido paga una multa. Si la agrupación política enmienda su proceder al inicio del proceso sancionador, el reglamento vigente establece que tiene un descuento a su favor del 20 por ciento de la multa impuesta. En cambio, con la nueva normativa, la ONPE le perdonaría el 50 por ciento. Todo un premio.
En la misma línea, si un partido infringe la norma y luego de que la ONPE le haya abierto procedimiento administrativo sancionador la agrupación política reconoce la falta por escrito, el actual reglamento le descuenta el 50 por ciento de la multa. Ahora, con el proyecto del nuevo reglamento, a los partidos se les perdonaría el 70 por ciento de la multa. Otro premio.
“En realidad, hace que una reducción de la multa eventualmente sea altísima. Imaginemos que una multa sea 100 originalmente, podría reducirse casi al 20 por ciento ese número inicial. De 100 a 20. Creemos que eso es demasiado. Eso en la práctica haría que las multas sean muy irrisorias y mucha gente podría tener el incentivo de incumplir porque es tan pequeña que no tiene ningún costo importante”, sostiene Iván Lanegra.
Las observaciones por escrito de Transparencia llegaron a la ONPE el jueves 25 de noviembre. Las del Instituto de Defensa Legal el mismo día a las 6:43 de la tarde.
Ambas, al tope del cierre de la recepción de los comentarios y observaciones a la norma. Un día antes, el 24 de noviembre, la ONPE informó en su portal que el 22 de noviembre había publicado el proyecto del nuevo reglamento. Añadió que como la norma establece un plazo de tres días hábiles para que la ciudadanía envíe comentarios y sugerencias a la propuesta, dicho plazo vencía el jueves 25.
Asimismo, como se observa en la imagen anterior, la ONPE consignó un correo a donde los ciudadanos podían remitir las opiniones: [email protected]. Pero algo pasó con esa dirección electrónica. El correo del IDL no recibió acuse de recibo, y al día siguiente los abogados de esta ONG llamaron a la ONPE para preguntar qué había ocurrido. Se dieron con una sorpresa.
“Lo que nos respondieron fue que el correo electrónico era con las “V” mayúsculas: “VVivanco”. Nosotros dijimos que la ONPE había puesto mal el correo al que los ciudadanos podíamos enviar nuestras sugerencias. Si es que otros ciudadanos han querido presentar sus observaciones en estos tres días cortísimos, sus correos no han sido recibidos. Esa es una razón más por la que se tendría que ampliar mínimo a cinco días hábiles más para que los ciudadanos podamos conocer y hacer llegar nuestras sugerencias porque el error es de la ONPE”, sostiene Cruz Silva. Por ello, al día siguiente el IDL envió a la ONPE dos nuevos correos.
Las autoridades de la ONPE fueron requeridas para participar en este reportaje, pero a través de su Oficina de Comunicaciones señalaron que aún no ofrecerían declaraciones, pues se encontraban evaluando los comentarios recibidos a su proyecto.
Iván Lanegra, de Transparencia, cuestiona que “si no se avanza en aquello que es más importante, ¿cómo garantizamos que estos recursos tengan resultados sustantivos, es decir, que se logre un fortalecimiento partidario, que los partidos tengan cuadros mejor formados?”
Para Silva, simplemente este nuevo reglamento en proyecto “reduce el estándar de la fiscalización a los partidos”.
“No obstante que el nuevo reglamento pretende supervisar y fiscalizar los fondos, en realidad no solamente se reduce la valla de la supervisión, sino que, además, estando ad portas de otros procesos electorales a nivel regional, local, esto significa que va a haber un baile de cuentas nada claras y de pocas sanciones que lamentablemente tendría la ONPE si es que confirma este proyecto que se ha propuesto”, critica la abogada.
El país salió hace cinco meses de un proceso electoral tenso, polarizado y complejo. Después, por reportajes periodísticos, entre ellos, de Epicentro Tv, asistió a la revelación de cómo un puñado de partidos gastan los millones de soles que reciben del Estado, de todos los peruanos. Con todo ello, bajar los estándares del control y facilitar que los políticos sigan evadiendo los controles, sería un flaco favor al país y a la cada vez más débil institucionalidad.
