Dos empresas vinculadas a la marca “Gaceta Jurídica SA”, la compañía de bandera del todavía defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, han hecho ventas al Estado durante parte del tiempo en el que se ha desempeñado como alto funcionario público. Representantes del negocio editorial de Gutiérrez rechazan que haya conflicto de interés; pero otros expertos no piensan lo mismo. El defensor prefiere no pronunciarse.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, suele intervenir en temas políticos cuando se trata de demandarles transparencia a ciertas autoridades. No a todas. Hace siete meses venció su mandato y ahora que le queda poco más de una semana para dejar el cargo –pues, ha anunciado que se va el 20 de abril– hasta se ha dado tiempo para pedir por escrito la renuncia del presidente Pedro Castillo.

Pareciera muy cómodo el todavía defensor en la platea de los que miran la paja en el ojo ajeno.

En cambio, el funcionario con rango ministerial y empresario editorial pierde elocuencia cuando se le pregunta por las actividades de dos compañías vinculadas a su empresa Gaceta Jurídica SA, casi homónimas de ésta, llamadas, una, Gaceta Comercial SA, la otra, Gaceta Consultores SA.  

Hace tres semanas Epicentro.Tv lo contactó y le pidió una entrevista porque tomó conocimiento de que las empresas Gaceta Comercial y Gaceta Consultores, vinculadas a Gaceta Jurídica, su compañía, han hecho ventas al Estado peruano durante buena parte del tiempo en que él lleva como funcionario. De ambas, el caso más interesante es el de Gaceta Comercial.

El 18 de marzo el defensor del Pueblo le respondió a este portal por whatsapp que no se pronunciaría sobre ese asunto.

Captura de pantalla de chat de WhatsApp de Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo.

“Todo lo que yo puedo informarle ya se lo informé. En todo caso, por tratarse de asuntos empresariales de los que en este momento estoy ajeno, quienes pueden responderle son los representantes legales de las empresas que usted refiere”.

Se refería a Gaceta Comercial y a Gaceta Consultores.

Después de eso, el defensor ya no volvió a responder más nuestras consultas por escrito.

Su socio minoritario y gerente general en Gaceta Jurídica, Boritz Boluarte Gómez, que figura hoy como el principal accionista de Gaceta Comercial y de Gaceta Consultores, tampoco quiere saber nada de entrevistas. Sólo acepta conversar de manera informal.

A la tercera fue la vencida. Un asesor de Gaceta Jurídica, Gaceta Comercial y Gaceta Consultores, el abogado Christian Guzmán Napurí, finalmente declaró en representación del negocio editorial:

“Si es que Walter Gutiérrez hubiese sido accionista mayoritario de Gaceta Comercial, sí, ahí hubiese existido el impedimento. Pero no era así. Porque, el impedimento es bien claro, dice que la persona debe ser accionista mayoritaria de la empresa”, señaló Guzmán a este portal.  

El quid del asunto es: ¿podía contratar con el Estado la empresa Gaceta Comercial, cuyo accionista mayoritario ha sido hasta hace poco más de dos años Gaceta Jurídica, la compañía del defensor?  

Boritz Boluarte y Christian Guzmán aseguran que Gaceta Comercial no está impedida de venderle al Estado sus productos de marca Gaceta Jurídica y que no hay conflicto legal ni impedimento alguno. Guzmán dijo:

“La incompatibilidad proviene del señor Walter Gutiérrez, tendría que haber sido Walter Gutiérrez accionista mayoritario de Gaceta Comercial para generar el impedimento para Gaceta Comercial. No existe el impedimento sucesivo, no es que una persona haga que una empresa impida o la convierta en impedida, y ésta, a su vez, impida a la empresa de la cual forma parte. Eso no lo señala la norma. Hacer una interpretación en ese sentido sería una interpretación restrictiva de derecho”.

Dos expertos en contratos públicos cuestionan esta interpretación de la ley. Pero antes de conocer sus opiniones, explicaremos brevemente el antecedente de este caso.

En febrero pasado, un dictamen del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE, publicado por Epicentro.Tv, dio cuenta de presuntos contratos con el Estado obtenidos por la empresa de Gutiérrez, Gaceta Jurídica SA. Él y los representantes de su firma han desmentido las conclusiones del documento.  

También supimos de las otras dos empresas, las casi homónimas Gaceta Consultores SA y Gaceta Comercial SA. Ambas, operan en el mismo edificio de Miraflores en donde funciona Gaceta Jurídica SA, el negocio del que todavía es titular el defensor del Pueblo.

Veamos el caso de Gaceta Comercial.

La empresa fue fundada en octubre del 2004 por Walter Gutiérrez, quien decidió que el accionista mayoritario fuese su empresa de bandera, Gaceta Jurídica.

Por varios años, Gaceta Comercial ha sido, como hasta hoy, la encargada de vender al sector privado y público la marca principal del negocio de Gutiérrez, “Gaceta Jurídica”.

En su declaración jurada de intereses como funcionario público, Gutiérrez consigna que el 6 de setiembre de 2016, el día que fue elegido defensor del Pueblo, transfirió sus acciones en Gaceta Comercial a Gaceta Jurídica. Así, Gaceta Jurídica pasó a ser socia principal de Gaceta Comercial.

En resumen: como persona natural, Gutiérrez ya no era accionista de Gaceta Comercial; sí lo era su empresa, Gaceta Jurídica. Y así fue, por lo menos, hasta fines del 2019, cuando llevaba más de tres años como defensor del Pueblo.

Un acta de junta de accionistas de Gaceta Comercial del 19 de junio del 2019, obtenido por Epicentro.Tv, acredita que en esa fecha el socio mayoritario de esta empresa, con el 99% de acciones, era Gaceta Jurídica, el negocio del titular de la Defensoría. Boritz Boluarte, su socio minoritario, tenía el 1%.

Como dijimos, Boluarte y el abogado Guzmán Napurí sostienen que así fue hasta noviembre del 2019, cuando Gaceta Jurídica le transfirió a Boluarte la totalidad de sus acciones en Gaceta Comercial.

Epicentro les solicitó a Boluarte, a Guzmán y al propio defensor del Pueblo copias del acta de la junta de accionistas que aprobó dicha transferencia, así como del libro de matrícula de acciones que contiene tal movimiento. Pero, nada. La transparencia se hizo extrañar.

Lo que remitieron fue una ficha de la Sunat, recortada, que indica que el cambio de accionistas ocurrió en la fecha que ellos señalan: noviembre del 2019.

Solicitamos, entonces, los documentos de sustento que enviaron a la Sunat para registrar el cambio de socios. Igual, la misma respuesta. O sea, nada.

Pero, asumiendo que, efectivamente, en noviembre del 2019 Gaceta Jurídica transfirió sus acciones en Gaceta Comercial a Boritz Boluarte. Tendríamos que, desde la elección de Gutiérrez como defensor, en la primera semana de setiembre del 2016, hasta noviembre del 2019, transcurrieron tres años y dos meses. Lapso en el cual Gaceta Comercial le vendió al Estado productos de la marca Gaceta Jurídica, según el Seace, por 800 mil soles, y según Transparencia Económica, por 900 mil soles.

Así responde el abogado del negocio editorial, Christian Guzmán Napurí:

“Aun en el supuesto negado de que acá hubiese un impedimento real, tienes que verlo en perspectiva. El volumen de ventas de Gaceta Comercial al Estado no es ni el 1 por ciento, uno. Y dos, los montos de participación de Gaceta Comercial en el Estado, es decir, los montos de adquisición son pequeñísimos, y dos, son bienes que no admiten sustitutos”.

Para el especialista en contrataciones Patrick Burgos Bardales debe ser el OSCE el organismo competente para definir si en este caso existe o no impedimento. Para él, el análisis que corresponde es uno amplio de la norma, no uno restrictivo ni literal:

“En mi opinión personal, creo que no hay duda de que debería optarse por la interpretación usando la ratio legis porque, como le dije, de lo contrario se vaciarían de contenido los impedimos, sería de verdad relativamente sencillo contratar con el Estado para un alto funcionario público”.

Otra experta en contratos públicos, Cecilia Ruiz Morales, sostiene que sí hay conflicto y que el mismo está enmarcado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se configuran prohibiciones para el funcionario público que pretenda hacer negocios con el Estado.  

Se refiere puntualmente al literal ‘o’ del artículo, que señala que el impedimento también aplica cuando “en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”.

A partir de ello, Ruiz Morales llega a esta conclusión:

“De esta manera, una persona natural o jurídica se encuentra impedida de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista cuando sea usada por un proveedor impedido o inhabilitado para eludir su condición de tal; lo cual ocurre cuando este último se perpetúa en aquel o tiene su control”.

Cecilia Ruiz Morales, especialista en contrataciones públicas

En los tres años y dos meses señalados, Gaceta Comercial ha vendido material editorial de las marcas “Gaceta Jurídica”, “Gaceta Constitucional”, “Gaceta Civil” o “Gaceta Comercial”, así como compendios y análisis legales, a entidades del Estado como la Corte de Justicia de Lima, la Fiscalía, el Ministerio de  Justicia, la Contraloría de la República, dependencias de la Policía, gobiernos regionales, entre otros.

Por eso, le preguntamos al abogado de la empresa editorial si eso no era darle la vuelta a la norma o bordearla, y así respondió:

“No, no, no. No sé si usted ha visto los contratos que existen entre Gaceta Comercial y Gaceta Jurídica. Existen desde mucho antes del 2016 y lo que generan es una relación de exclusividad en la cual Gaceta Jurídica le vende a Gaceta Comercial. Gaceta Jurídica no le puede vender a nadie más que no sea Gaceta Comercial”.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, una gaceta es una publicación periódica con noticias de índole comercial, administrativa o literaria. También es el acto de “mentir mucho”. La riqueza del lenguaje y esa infinidad de joyas que contiene la RAE nos hacen pensar.