El Ministerio Público afirma que no tiene presupuesto para el trabajo arqueológico forense que permitirá buscar los restos de los tres estudiantes faltantes y del profesor de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por el Grupo Colina, en 1992.
Tres décadas después de que fueron enviados a Inglaterra para certificar si se trataba de los estudiantes secuestrados y ejecutados por el destacamento Colina, el laboratorio del Instituto de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en las fosas de Cieneguilla – y que fueron repatriados al Perú este año – corresponden genéticamente a los estudiantes Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano y Felipe Flores Chipana.
Los primeros restos del caso La Cantuta en ser identificados fueron los de Enrique Ortiz Perea, hallados en Huachipa, en noviembre de 1993. El hallazgo más reciente ocurrió el año pasado, cuando durante una diligencia en las fosas de Cieneguilla se encontró un pequeño hueso humano. Las pruebas de ADN confirmaron que el fragmento óseo del codo pertenecía a Armando Amaro Cóndor, el hijo de Raida Cóndor.
En total, han sido plenamente identificados seis de los diez desaparecidos de La Cantuta y los forenses del Instituto de Medicina Legal tienen serias razones para pensar que los restos de los otros tres estudiantes y el profesor ejecutados por el Grupo Colina, permanecen sepultados en el sitio 2 de las fosas de Cieneguilla, un terreno con un área de 1315 metros cuadrados.
El 13 de febrero, el arqueólogo forense del Instituto de Medicina Legal, Luis Rueda Curimania, la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en DDHH e Interculturalidad de Lima, Lina Montes Reynalte, acompañados por representantes de los familiares de los desaparecidos visitaron la quebrada de Chavilca, en el distrito de Cieneguilla, para definir el tipo de maquinaria y los días que requeriría la intervención arqueológica forense para buscar los restos de las cuatro personas faltantes.
El informe del arqueólogo forense detalla que se recomienda la participación de un fiscal especializado en el tema, tres arqueólogos (un responsable y dos monitores), dos asistentes de excavación arqueológica y un fotógrafo forense. Además, señala que es indispensable el apoyo de obreros con sus respectivos instrumentos de trabajo (picos, lampas, cernidores y otros) y el apoyo de maquinaria pesada: un cargador frontal, una retroexcavadora y un bobcat con sus respectivos operarios.
El cronograma de trabajo establece un plazo total de 35 días hábiles distribuidos de la siguiente manera:
Los trabajos debían iniciarse después de Semana Santa, pero el Ministerio Público ha argüido que no cuenta con el presupuesto necesario para llevarlos a cabo. Por este motivo, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia ha decidido financiar tres de las siete semanas que contempla el cronograma y - para completar el presupuesto de las cuatro semanas faltantes - le ha solicitado apoyo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El 14 de abril, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUS le envió un oficio al Viceministro de Transportes, Alberto Ñecco Tello, solicitándole la maquinaria necesaria para cubrir de manera total o parcial las cuatro semanas faltantes y poder empezar con los trabajos de excavación y búsqueda de restos.
Sin embargo, el 17 de mayo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contestó la solicitud del Ministro de Justicia alegando que actualmente no cuentan con la maquinaria pesada para los trabajos de excavación.
Para Gloria Cano, abogada de APRODEH, organización que representa a los familiares de las víctimas, el problema es, sobre todo, de falta de voluntad política.
“Nosotros nos hemos entrevistado con la Fiscal de la Nación, pero nos dijo que, para la búsqueda de desaparecidos, lamentablemente no tenía presupuesto. Sin embargo, el Ministerio de Economía le da al Congreso y a otras instituciones presupuestos suplementarios para cubrir algunas actividades. Al mismo gobierno para hacer campañas de incidencia; entonces, el Ministerio Público podría hacer un esfuerzo y pedirle al Ministerio de Economía el presupuesto para poder culminar con esta tarea”, sostiene Cano.
La búsqueda de los restos de los desaparecidos de La Cantuta es una obligación del Estado Peruano en virtud de una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que le ordena agotar todos los esfuerzos para hallar los restos de todos los secuestrados y asesinados por el destacamento Colina. “Nosotros le estamos informando todo a la Corte Interamericana porque estamos en una supervisión de cumplimiento de sentencia. Ya se cumplió con lo de Londres, pero después del hallazgo de esa pieza ósea en Cieneguilla en un lugar que no había sido intervenido por los arqueólogos, es necesario intervenir y agotar, como lo ordena la Corte, esa búsqueda en ese lugar”, afirma la abogada de APRODEH.
Para que el Ministerio Público entregue los restos de los 6 estudiantes ya identificados a sus familiares, deben terminarse los trabajos de búsqueda. Es indispensable que el Ministerio Público termine con el trabajo de excavación y búsqueda en la fosa 2 de Cieneguilla donde se presume que se encuentran los restos de los 4 desaparecidos faltantes del caso La Cantuta. Solo de esa manera, los familiares de los desaparecidos Heráclides Pablo Meza, Juan Mariños, Robert Teodoro Espinoza y el profesor Hugo Muñoz podrán empezar a cerrar una dolorosa herida que se abrió hace más de treinta años.
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