Representantes del gobierno avalan ante la Corte IDH la Ley de Impunidad que el Congreso ya ha aprobado en primera votación. Indican que esta no liberará a condenados por crímenes de lesa humanidad y que el Ejecutivo no puede “invadir el fuero del Congreso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) citó para hoy a representantes del Gobierno de Dina Boluarte para que respondan ante la polémica de la denominada nueva “Ley de Amnistía” que fue aprobada por el Congreso en primera votación el pasado 6 de junio.

Esta iniciativa de ley permitiría que se archiven los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2003, lo que supondría que condenas podrían quedar anuladas, juicios paralizados y muchos casos de violación a los derechos humanos impunes. Entre ellos los de Barrios Altos y La Cantuta, con sentencia en la Corte IDH.

Tras la votación en el pleno, los familiares de las víctimas de estos casos solicitaron medidas provisionales a dicho tribunal, por lo que este lunes representantes del Gobierno de Dina Boluarte tuvieron que responder ante dicha corte qué acciones están tomando ante la también denominada “Ley de Impunidad”.

En negación

Los abogados César Pastor Briceño y Jorge Luis Cáceres Arce intervinieron en defensa conjunta como agentes del Estado peruano. Ambos negaron que el proyecto de ley 6951/2023-CR se trate de una Ley de Amnistía y aseguraron que esta norma no excarcelará a los condenados por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta, todo ello sin argumentar por qué las consecuencias de esta norma no impactarían en estos casos.

“Que quede claro, este es un proyecto de ley y no pretende ser una norma gemela ni similar a la Ley de Amnistía que protegió a los señores militares del grupo Colina”, sostuvo Cáceres.

Quedó también claro que a lo largo de toda la audiencia, los representantes de Boluarte trataron sin éxito de desbancarse de la Ley de Amnistía dada durante el Gobierno de Alberto Fujimori, la cual tuvo que ser derogada.

El representante de Dina Boluarte dejó claro ante la instancia internacional que el gobierno no va mover un dedo ni una palabra frente a esta ley. Su argumento fue que respeta la separación de poderes. “El Poder Ejecutivo no puede invadir el fuero del Congreso, eso es violar la separación de poderes, quebrar el equilibrio de la función pública”.

Ley de Amnistía: ¿qué pasará de ser aprobada?

Al ser consultados sobre el impacto que tendría esta ley de ser aprobada, Pastor Briceño trató de minimizar las consecuencias señalando que es un proyecto de ley que aún está en etapa preliminar, pues falta una segunda votación. También recalcó que no es parte de la tradición parlamentaria que se produzcan segundas votaciones en la Comisión Permanente.

“Si el proyecto de ley llegara a votarse y fuera eventualmente, si así lo decide el Poder Ejecutivo, observado, se necesitaría una votación calificada para su insistencia, lo cual no podría hacer la Comisión Permanente”, sostuvo.

La jueza Nancy Hernández López, presidenta de la CIDH, terminó la audiencia recordando que sigue vigente la medida por la que se le requirió al Estado peruano que suspenda el trámite legislativo del proyecto de ley 6951/2023-CR, hasta que la corte se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de medidas provisionales aún pendiente.

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