Junta Médica del Hospital Regional de Loreto declaró improcedente la interrupción del embarazo de la menor poniendo en riesgo su salud y su vida.
La vida en las zonas rurales de Iquitos está marcada por la extrema pobreza. Sin acceso a los derechos más elementales, como la salud, la educación y la justicia, los habitantes de la periferia viven en una precariedad que, en algunas ocasiones, es caldo de cultivo para terribles delitos que suelen quedar en la impunidad. Mila es una niña de sólo 11 años de edad que fue sistemáticamente abusada por su padrastro desde que tenía solo 6 años de edad.
“Ese día nos fuimos a hacer la captura, llegamos hasta donde vivían, lo encontramos en la casa de su hermana, lo llevamos y estuvo en la carceleta. Ese mismo día ella se quedó en la UPE, pasó por el médico legista y medicina legal”, relata la prima de la víctima que la acompañó a hacer la denuncia.
Cuando denunció los vejámenes a los que la pareja de su madre la sometía, descubrió con espanto que tenía un embarazo de 13 semanas. Pero, incomprensiblemente, el Poder Judicial dejó en libertad a su agresor. Lo que sí hizo el mismo día de la denuncia la Unidad de Protección Especial de Loreto fue internar a la víctima en uno de sus albergues, aislándola de su madre y de toda su familia.
En su declaración, Mila dijo que le había contado a su madre sobre los abusos de los que era víctima, pero ésta no hizo nada para ayudarla. Su madre afirma que también era víctima del mismo agresor, quien la había amenazado de muerte.
“La madre de Mila ha colocado una denuncia por violencia psicológica, física y sexual contra el mismo agresor. Allí podemos evidenciar que el Estado ni siquiera ha hecho una investigación para entender la situación de la familia y en lugar de entender a la familia en conjunto, los ha separado a todos”, sostiene la coordinadora de litigio estratégico de Promsex, Isbelia Ruiz.
La Unidad de Protección Especial no sólo separó a Mila de su madre; también envió a diferentes albergues a sus tres hermanos menores, incluyendo a un bebé de solo 4 meses de edad a quien se le ha negado el acceso a la lactancia materna desde ese momento.
Pese a que la madre de Mila solicitó que se le practicara un aborto terapéutico, la Unidad de Protección Especial nunca activó el protocolo, que incluye informar a la víctima y a la madre sobre esta alternativa y consultarles si desean optar por ella.
Recién tras la solicitud de Promsex como defensa legal de la madre, la UPE envió a la menor al hospital regional de Loreto para que una junta médica determine si se le puede realizar un aborto terapéutico. Había pasado un mes desde la denuncia. Mila ya tenía 17 semanas de gestación y este procedimiento sólo se puede practicar hasta las 22 semanas.
El 3 de agosto, la Junta médica decidió que Mila debe ser forzada a continuar con el embarazo; que no procede el aborto terapéutico porque tiene un estrés postraumático y un trastorno ansioso depresivo leve. El Jefe de Psicología del Hospital Regional de Loreto, Dr. Johnny Guabloche, afirma que la menor no tiene ningún problema psicológico y que “dentro del protocolo del aborto terapéutico no dice que sea para casos de violación.”
El 13 de junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una menor que había sido víctima de violación sexual al no proporcionarle información ni acceso a un aborto legal y seguro; pues la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el embarazo infantil siempre pone en grave riesgo la vida y la salud física y mental de las niñas. Una menor de 15 años, tiene hasta 4 veces más riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo que una mujer adulta.
El otro argumento que utilizaron los médicos para negarle el derecho al aborto terapéutico es que la propia menor habría declarado que quiere continuar con el embarazo.
Susana Chávez, directora de Promsex, sostiene que “es terrible que se someta a esta niña a enfrentar el sistema sola porque se la separa de la madre, de la tía, de la prima y la dejan sola, una niña analfabeta, separada de su familia, ¿bajo qué criterio se puede decir que esta niña tomó esta decisión?.”
Según el doctor Guabloche, la menor afirmó que no quería interrumpir su embarazo de compañía de Lisbeth Mori, quien se presentó como su tutora. Lisbeth Mori es la directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, o sea quien tomó la decisión de separar a Mila y sus hermanos de su madre. Y la misma que, como se escucha en una grabación, ha intentado convencer a la madre de la menor de no solicitar el aborto terapéutico.
Un mes después de arrancarlos de su lado, la UPE les devolvió a sus tres hijos menores a la madre de Mila, pero Mila sigue hospitalizada. Promsex ha solicitado una reconsideración de su caso y el Ministerio de la Mujer ha informado que se conformará una nueva junta médica para reevaluar si se le permite acceder a su derecho al aborto terapéutico. Pero la directora de la UPE, además de haber presionado a la madre para que no solicite la interrupción del embarazo, ahora le ha recomendado renunciar a la defensa legal de Promsex.
La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNFPA y Unicef han expresado su profunda preocupación por el caso de Mila y le han pedido al Estado peruano que reconsidere la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico a ella y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual, porque forzarlas a continuar sus embarazos constituye un acto de tortura, un trato cruel, inhumano y degradante.
“¿Qué va a ser de ella en un futuro? Es apenas una niña, no sabemos qué otra cosa puede pensar, no va a poder estudiar, es una niña, qué va a saber ella de ser mamá, no sabe cómo criar un bebé, una bebe criando un bebe, nosotros queremos que por favor le interrumpan ese embarazo a mi prima, no queremos que ella sufra más”, dice su prima.
Mila fue violada sistemáticamente por su padrastro, quien hasta el día de hoy continúa inexplicablemente en libertad. Mila quedó embarazada a los 11 años y cuando denunció a su agresor, fue separada de su madre y sus hermanos, a quienes no puede ver desde hace más de un mes. Y ahora el Estado peruano pretende obligarla a continuar con ese embarazo y dar a luz, haciendo añicos su proyecto de vida y la posibilidad de sanar sus profundas heridas. La nueva junta médica tiene en sus manos la decisión de permitirle acceder el aborto terapéutico, que solo se puede aplicar hasta la semana 22 y Mila tiene 18 semanas de embarazo. El tiempo avanza, inexorablemente.
