Estado incapaz de atender a mujeres con discapacidad

En el Perú, las mujeres con discapacidad no solo deben enfrentar los obstáculos que la vida diaria les pone delante en cualquier calle de cualquier ciudad. La mayoría de los establecimientos de salud no cuentan con las condiciones mínimas para que ellas puedan acceder a las consultas. Existen barreras físicas, como la ausencia de rampas para sillas de ruedas; pero también comunicacionales, como la falta intérpretes en lenguaje de señas o información en sistema Braille. Y si a esas deficiencias le sumamos el hecho de que muchas veces el personal de salud no está capacitado para atender a mujeres con discapacidad, tenemos como resultado una población vulnerable más expuesta a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y cáncer de mama y útero.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú existen 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad, lo que representa el 10% de la población. De esa cifra, el 57% son mujeres con diferentes tipos y grados de discapacidad que ven seriamente restringido su acceso a la salud sexual y reproductiva debido a las barreras que existen en los establecimientos de salud.

En el 2007 el Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado internacional que explicita el derecho a la autonomía, la capacidad legal y el derecho a decidir sobre la propia vida de las personas con discapacidad.

El Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro CLACAI ha publicado un estudio sobre el panorama normativo y los retos que persisten en asegurar la igualdad de acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de Personas con Discapacidad en la región. El documento revela que el Perú tiene una importante inconsistencia normativa entre las leyes antiguas y las más recientes. 

Por ejemplo, en el año 2012, el Perú promulgó la Ley de protección de los derechos de las Personas con Discapacidad, pero no tenemos una legislación específica para la salud sexual y reproductiva de estas personas.

En 2023, la Defensoría del Pueblo publicó un informe de supervisión a los servicios de planificación familiar en 11 regiones del país. El documento revela problemas vinculados a la infraestructura de los establecimientos que impiden a las usuarias con discapacidad motora acceder al servicio. Y el propio Ministerio de Salud reconoce que sólo una cuarta parte de los establecimientos de salud a nivel nacional cumple con las condiciones de infraestructura necesarias para permitir el acceso de personas con discapacidad motora.

El Estado no puede renunciar a su deber de asegurar que reciban información y se realicen exámenes médicos que pueden salvarles la vida. Porque ellas también son ciudadanas peruanas y la salud sexual y reproductiva es un derecho humano.