Matanza en Juliaca: las madres que quedaron atrás

Se cumplen dos años de la masacre de Juliaca, donde 18 personas fueron asesinadas por la Policía y el Ejército, entre ellas tres menores de edad. Después del dolor de la muerte, sus madres cuentan el agravio de que sus hijos sean hoy considerados -equivocadamente- delincuentes y terroristas.

Hace dos años, tres adolescentes fueron asesinados por la Policía Nacional del Perú en Juliaca, Puno. Era el 9 de enero y la población exigía la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, además de nuevas elecciones generales y una asamblea constituyente. Dos días antes, Pedro Castillo había intentado dar un golpe de Estado, lo que motivó su vacancia por el Congreso. La crisis política gatilló una severa crisis social que en Juliaca tuvo su punto álgido en una violenta toma del aeropuerto Inca Manco Cápac.

Durante la sangrienta represión de la Policía, 18 personas fueron asesinadas, entre ellas los menores de edad Brayan Apaza Jumpiri (15), Elmer Zolano Leonardo (16) y Jhamileth Aroquipa Hancco (17 años). Como la amplia mayoría de los fallecidos, los adolescentes no participaban de la protesta. De hecho, la Fiscalía no ha encontrado ninguna prueba de pertenencia a grupos criminales en las investigaciones que a la fecha ha realizado en Juliaca. Quienes murieron o resultaron heridos en su mayoría fueron transeúntes y espectadores.

"¿Entonces qué hacían allí?", resulta una de las preguntas de quienes aún hoy insisten en que las muertes fueron el costo necesario de retomar el control de la ciudad. Resulta que las zonas de la matanza son de alto tránsito urbano: la avenida Independencia, hoy rebautizada Mártires del 9 de Enero, que delimita uno de los extremos del aeropuerto Inca Manco Cápac, tomado ese 9 de enero, es la vía principal de Juliaca, donde miles de personas transitan todos los días; el centro, donde fue asesinado Brayan Apaza, es la zona comercial de la ciudad.

A pesar de las pruebas contundentes que demuestran la inocencia de las víctimas, una serie de políticos, funcionarios públicos y medios de comunicación han instalado la narrativa de que quienes murieron eran delincuentes comunes, narcotraficantes, comunistas o terroristas, calificativos que ahondan el dolor de sus madres.

A finales del 2023, a casi un año de la matanza, este periodista viajó a Juliaca para reconstruir los hechos en una serie para OjoPúblico titulada Adolescentes en la mira. Extractos de audios de las entrevistas con las madres de los menores de edad se publican aquí por primera vez.

Dominga Hancco, madre de Jhamileth Aroquipa Hancco (17 años)

A pocas horas de que la Policía del Perú asesinara a Jhamileth Aroquipa Hancco, de 17 años, en Juliaca ese 9 de enero de 2023, funcionarios del nuevo gobierno de Dina Boluarte y no pocos medios de comunicación calificaron a los muertos como delincuentes, narcotraficantes, comunistas y terroristas.

Jhamileth y su familia caminaban a un mercado a comprar carne cuando, al cruzar la avenida Independencia, vía central de Juliaca que limita con el aeropuerto, donde se libraba la represión policial, fue alcanzada en el abdomen por una bala 9 mm compatible con las que disparaba la Policía ese día. Jhamileth estudiaba psicología y también quería ser policía.

Una tarde de finales del 2023, cerca de cumplirse un año de la muerte de su hija, a Dominga Hancco le duele algo más que la pérdida. De pronto su hija, estudiante de psicología que vivía en Bolivia, con ambición de ser policía, se convirtió en una delincuente, según la narrativa.

"Son vándalos, son terroristas que han muerto. Eso mucho más duele", dijo Dominga en la sala de su casa. "Yo nunca me había dado cuenta qué era partido de izquierda, derecha. No somos ningún político", comentó en referencia a movimientos políticos que pudieran haber ‘azuzado’ a la población a manifestarse y crear destrucción. "¿Qué es político? ¿Izquierda, derecha? No sé qué es. Recién me doy cuenta".

La ‘culpabilidad’ de su hija, según este discurso, está ligada a su piel, cree su madre. "De todo prácticamente nos discriminan [...] ¿Qué de diferencia, porque ellos tienen piel blanco? Ellos no tenían derecho a matarnos".

Faustina Huanca Calla, madre de Elmer Zolano Leonardo (16 años)

Las acusaciones de delincuencia también alcanzan a Elmer Zolano Leonardo Huanca, un adolescente de 16 años que estaba en los alrededores del aeropuerto Inca Manco Cápac presenciando la represión. Nunca había visto una protesta. Los días previos, con el aumento de la presión social y helicópteros de la Policía sobrevolando los cielos de Juliaca, aumentaron su curiosidad.

Mientras miraba el enfrentamiento, Elmer fue alcanzado en el pecho por un proyectil de fusil calibre 7.62 mm, compatible con las armas de guerra AKM utilizadas ese día por la Policía en el aeropuerto.

Faustina Huanca, madre de Elmer, culpa a la presidenta Dina Boluarte de las 18 muertes en Juliaca. "Ese señora Dina, ¿por qué ha matado así? Ahora amenazando, ahora somos delincuentes, terroristas nos dice. Nosotros no somos terroristas, somos peruanos trabajadores. Ese señora debe salir. ¿Más muertos quiere, amenazando?"

Elmer ayudaba a su madre -quien no sabe leer ni escribir- a mantenerse económicamente vendiendo salteñas en la calle. Eso era lo que hacían ambos el 9 de enero antes de que Elmer decidiera ir a ver cómo era una protesta.

Asunta Jumpiri Olvea, madre de Brayan Apaza Jumpiri (15 años)

Brayan Apaza Jumpiri, un adolescente juliaqueño de 15 años, quería ser policía. "A mis 18 años voy a entrar al cuartel y luego voy a ser policía", cuenta su madre, Asunta Jumpiri, que le decía su hijo. Pero tras el 9 de enero de 2023, Asunta dice: "Ahora odio a los policías".

Esa noche, Brayan fue asesinado por la Policía Nacional del Perú de un balazo en la cabeza. El adolescente salía de una cabina de Internet, en el centro de Juliaca, a dos cuadras de la comisaría principal de la ciudad. Cruzaba una calle, en medio de una balacera policial, cuando cayó al piso. "Mi hijo no estaba en huelga. Estaba viniendo a encontrarse hacia mí", recuerda Asunta.

La necropsia practicada no determinó el calibre de la bala, pero el amigo que estaba con él, Paul Franklin Mamani, asesinado junto a Brayan ese día, fue abatido por una de calibre 7.62 mm, compatible con AKM asignados en esos días a la Policía.

Avances de la Fiscalía

A dos años de los asesinatos de 49 peruanos por la Policía Nacional del Perú y el Ejército durante las protestas contra Boluarte y el Congreso, entre ellos siete menores de edad, la Fiscalía ha realizado importantes avances en el proceso de justicia.

Ya se han formalizado investigaciones preparatorias contra 19 policías y militares por la represión en Juliaca, y se les sindica como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

A pesar de los avances, reconocidos por la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, comienzan a pender algunas dudas. Quien fuera coordinador del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas (Eficavip) hasta finales del año pasado, Luis Enrique Valdivia, bajo cuyo liderazgo se formalizaron las investigaciones, fue recientemente cambiado por la fiscal de la nación, Delia Espinoza. Hoy la coordinación la lleva la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, que además del Eficavip tiene a su cargo otras responsabilidades en asuntos de derechos humanos. Para la asociación de familiares, se busca "descabezar" a fiscales que investigan las masacres, lo que supone una "preocupante situación" que podría devenir en "la impunidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos".