Diariamente son robados más de 4 mil 500 celulares, según Osiptel. El Ejecutivo anunció que a través de una nueva norma se fijará en hasta 30 años de cárcel la pena para los ladrones de celulares. Experto opina que este tipo de medidas punitivas no soluciona el problema.
Jesús Mamani Huallpa, de 26 años, fue capturado esta semana por la Policía Nacional. En sus manos tenía 21 celulares marca Iphone. Según las autoridades, él se encargaba de receptar los teléfonos robados por una banda de raqueteros. “Ellos salen a las calles a arrebatar celulares, empleando armas de fuego intimidan a las víctimas y los despojan de sus celulares”, informó el jefe de la División de Robos de la Dirincri, Marco Conde. Y no es la primera vez. Según la policía, Mamani Huallpa ya había sido capturado antes por el mismo delito. Sin embargo, ahí lo encontraron de nuevo, en las calles.
En el Perú, en promedio, se roban 4,566 celulares al día, indican los datos del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG). Solo en el primer semestre de este año, 860 mil 363 celulares fueron reportados como robados a las empresas operadoras de servicios móviles. Para los delincuentes ya no hay límites de días ni horas. Las cifras revelan que diariamente a las 10 de la mañana se roban en promedio 366 teléfonos móviles, siendo el horario con mayor registro de robos durante la semana. Además, el día con mayor denuncias de robo de equipos móviles es el lunes.
Ante esta preocupante situación, el ministro del Interior, Vicente Romero, opinó la semana pasada ante el Congreso: “Cuando un transeúnte o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación y puedan jalarle el celular rompiendo la luna. Todos tenemos que colaborar con la seguridad ciudadana”.
La declaración fue criticada porque parece que se responsabiliza al ciudadano del robo del que es víctima. Esta semana, el Ejecutivo ha salido al frente con otra medida para combatir este delito: aumentar la pena de cárcel para los asaltantes de celulares.
Una nueva salida
Tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó este lunes un decreto legislativo que modifica el Código Penal incluyendo en el delito de robo agravado, el robo de equipos móviles, informáticos u otros similares, como un agravante.
La norma, dictada al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de celulares en el país y establece que este delito será sancionado con penas de entre 12 a 20 años de cárcel si el robo se comete a pie. La sanción podrá alcanzar los 30 años de prisión cuando para cometer el robo se utilicen explosivos o vehículos motorizados.
Hasta ahora, el robo de celulares, entendido como el delito de robo, tenía una pena máxima de entre 3 a 8 años de prisión. Es decir, se han aumentado hasta 27 años de cárcel para este delito.
Asimismo, señala la nota de prensa del Ejecutivo, se incorpora la modalidad de receptación, entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. Es así que está penado también comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM.
Del mismo modo, se incluyen dos tipos penales: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.
Más es menos
¿Aumentar las penas a los delincuentes reducirá los asaltos? Con el cambio propuesto por el Ejecutivo, matar a una persona puede resultar más beneficioso que robar un celular, si a años de cárcel nos referimos. Esto si consideramos que matar está penado con un máximo de 20 años, mientras que ahora robar un celular será castigado con una pena mayor, incluso 10 años más.
Eso sin considerar, además, que el robo agravado es actualmente el primer delito con más número de presos en el Perú (22,195 según el INPE). Es decir, las cárceles están repletas de procesados por este delito. Y de ellos, apenas la mitad, tiene sentencia.
Para el experto en seguridad Frank Casas, elaborar medidas que busquen disminuir el robo de celulares es positivo, sin embargo, considera que la norma dictada es una más de un paquete de estrategias que solo apuntan a reforzar el enfoque punitivo más no el preventivo, que es lo que más se requiere ante este fenómeno delictivo.
“Toda medida que se concentre en abordar el control de celulares robados es oportuna principalmente porque el 70% de víctimas de algún delito lo es por robo de celulares. Desde hace varios años se han generado medidas orientadas para agravar la pena para desincentivar el delito. Eso es reiterativo. Solo gobiernan la seguridad ciudadana a través de decretos de Gabinete”, opinó.
El experto asegura que es necesario primero entender la complejidad del delito que se aborda. El robo de celulares comprende, señala Casas, una cadena de responsables que incluye un mercado ilegal, por lo que las políticas públicas y las medidas del Gobierno no pueden enfocarse solo en los delincuentes.
“También hay que concentrarse en otro tipo de actores, en los que se encargan de duplicar o vulnerar los IMEIS que habilitan al celular, por ejemplo. El otro elemento es quitarle la vida a los celulares a través del control de las líneas. Existen lugares donde venden chips que no requieren un registro del comprador. Si queremos controlar este mercado ambulatorio de chips, se debe sancionar a aquellos empresarios o empresas que continúan ofertando estos chips en el mercado informal”, agregó.
Casas recordó que, desde el 2017, ya existe el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) a cargo del Osiptel que se encarga de hacer un monitoreo de los celulares perdidos y de que se establezcan todas las medidas necesarias para sancionar a todo el circuito del comercio ilegal.
“Esto no ha funcionado porque pueden haber todas las normas pero si no hay quien las ejecute, no funciona. Las preguntas que se deben hacer ahora son ¿Cuántas personas están detenidas y judicializadas por ofertar líneas telefónicas aún cuando está prohibido? ¿Qué están haciendo los alcaldes para fiscalizar los puestos de ventas de chips ilegales, estos centros de comercio y venta de menudeo? Estas son las grandes medidas que debemos controlar. No basta solamente con plantear medidas normativas que son de Gabinete y que no generan impacto ni en la prevención ni en la sanción”, finalizó.
Hasta la publicación de esta nota, la nueva medida anunciada por el Ejecutivo aún no había sido publicada en las normas legales del Diario El Peruano.
