En los últimos 4 años, se emitieron más de 700 sentencias por extinción de dominio que permitieron que el Estado recupere inmuebles obtenidos a través de actividades ilícitas, la mayoría por tráfico ilícito de drogas. El Congreso espera debatir un proyecto de ley que retrasaría lo avanzado.

En espera de la luz verde para ser debatido en el Pleno del Congreso, ha quedado el proyecto de ley 3577, de Fuerza Popular, que busca modificar el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio. La propuesta legislativa plantea incluir las palabras delictiva y penal en el inciso 3.1 del artículo 3 de la norma que define la actividad ilícita. Con ese cambio el nuevo concepto de actividad ilícita quedaría así:

Pareciera poco pero no lo es, diversos especialistas y autoridades han alertado sobre la peligrosidad de este cambio. En mayo, un mes después de que el proyecto legislativo fuera aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución del Congreso, el juez supremo y coordinador del Subsistema Especializado en Extinción del Dominio, Manuel Luján Túpez, explicó a Epicentro Tv que la inclusión de la palabra “penal” en la norma implica un cambio radical a la extinción de dominio, tanto que desnaturaliza la figura legal.

Vea la entrevista:

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Es decir, esto implica que la Procuraduría General del Estado (PGE), que se encarga de  ver las solicitudes de extinción de dominio, no pueda ejecutar acciones mientras no exista una sentencia penal por parte del Poder Judicial. De esta manera, afectaría el sistema de extinción de dominio que es el que actualmente permite que el Estado pueda recuperar miles de soles en incautaciones de bienes que se hayan adquirido de manera ilícita.

Pese a que el dictamen fue incluido en la agenda del Pleno en septiembre último, aún no se ha priorizado en el debate del mismo. Sin embargo, podría retomarse en cualquier momento.

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Sistema eficaz

¿Cómo ha beneficiado al Estado el actual DL 1373 sobre la extinción de dominio? Según detalló el magistrado Luján Túpez, en un foro realizado hace algunos días en el Poder Judicial, desde el 2019 se observa un incremento destacable en las sentencias emitidas respecto a la extinción de dominio, y, por ende, en la recuperación de dinero en favor del Estado.

“816 sentencias confirmadas, solo 47 que son revocadas, es decir que no las podemos contar, que representan menos del 5% de todo el trabajo. En esas 816 sentencias se traduce en 271 millones 785 mil y un poquito más de soles”, precisó el juez supremo.

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Foto: Poder Judicial

Estas cifras también se evidencian en la incorporación de bienes provenientes de la extinción de dominio, es decir, patrimonio ilícito recuperado, al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Hasta septiembre de este año, suman 1,874 bienes.

Por su parte, el juez especializado en Extinción de Dominio, Eduardo Torres Vera, recordó precisamente que en el 2018 se aprobó el DL 1373 para independizar la extinción de dominio de los procesos penales. Situación que se revertiría con la nueva propuesta legislativa que pretende aprobar el Congreso.

Recordó que con el actual DL 1373, para investigar por extinción de dominio solo basta que se tome conocimiento de la existencia de un bien patrimonial de presunto origen o destino ilícito.

La norma vigente ha generado un impacto directo en el patrimonio ilícito de organizaciones criminales relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, entre otros.

Según el magistrado Torres Vera, en el caso peruano, la mayoría de sentencias emitidas por extinción de dominio están relacionadas con tráfico ilícito de drogas. Casi todos los casos habían concluido de manera paralela sus procesos penales.

Uno de los casos más emblemáticos y la primera sentencia por extinción de dominio, refiere el juez Torres Vera, es el caso de Antonio Américo Ibárcena Amico, almirante de la Marina de Guerra del Perú, que estuvo relacionado con la organización criminal dirigida por el expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos en la década de 1990.

Foto: Facebook

En el proceso penal, se comprobó que el vicealmirante recibió pagos por conceptos de sobornos por parte de empresas que adjudicó bajo su gestión, en dos cuentas abiertas en el extranjero, a nombre de su esposa e hijo. Ibárcena fue investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sin embargo, el proceso penal aún no concluye porque se encuentra prófugo.

En el 2019, el Ministerio Público obtuvo el decomiso de la cuenta bancaria de la offshore Southland Securities Inc. que se encontraba incautada en Luxemburgo desde inicio del año 2000. El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio estableció que la cuenta le perteneció a Américo Ibárcena, y que fue utilizada para disimular las comisiones ilícitas que recibió de empresas extranjeras vendedoras de armas. Con esta sentencia se logró la transferencia a favor del Estado de más de un millón de dólares (US $1 000 000) incautados en Luxemburgo.

Otra de las más recientes sentencias por extinción de dominio, ha sido el Caso Concorde. En el 2020 se declaró fundada la extinción de dominio sobre el inmueble del Hotel Concorde, ubicado en Surquillo. El Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio de Lima  estableció que las 18 unidades inmobiliarias que conforman el edificio de 10 pisos, son fruto de las actividades de lavado de activos de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.

El inmueble, valorizado en 5 millones de dólares, fue adquirido en el año 2005 por la empresa Negocios Generales Concorde, con dinero proveniente de las actividades ilícitas de tráfico ilícito de drogas que gestionó el ciudadano Ment Flor Dijkhuisen Cáceres. Él fue detenido en Holanda, en el 2005, luego de que se le incautó una carga de 1,655 kilogramos de cocaína, acondicionada en latas de conserva de espárragos procedentes del Perú, en el caso conocido como “Los espárragos blancos”.

Foto: Poder Judicial

Asimismo, en julio de este año, el Estado logró recuperar más de S/ 18 millones del financista de la red Orellana Rengifo, Mario Córdova Huamanccari.

Se trata de una demanda que fue declarada fundada respecto a los montos de dinero ascendente a S/ 1 '332,352,46 y USD $105,376.49, obtenidos ilícitamente, y que serán transferidos al Estado.

Según la investigación, Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de dinero ilícito, que fueron objeto de lavado de activos.

“No creo que debamos regresar al pasado, no nos va ayudar. No podemos competir con los niveles económicos de la delincuencia. Si hay algo que modificar en la norma es en qué destinamos lo que recuperamos. En el proyecto (entregado por el Poder Judicial al Congreso) dice que una parte sea devuelta al lugar donde se realizó la actividad ilícita con una obra controlada por la Contraloría”, afirmó el juez Luján frente a lo que se espera en el Congreso. Alertados estamos.


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