El presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Javier Arévalo, remitió al presidente del Congreso, José Williams, un contundente informe técnico que sostiene que el proyecto de Ley 3577 de 2022 mediante el cual pretenden reformar la figura de la extinción de dominio de bienes de origen ilícito es inconstitucional, inconvencional y altamente lesivo al sistema especializado.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hizo suyo el informe que en ese sentido preparó el juez Supremo Manuel Luján Túpez sobre la inconstitucionalidad del proyecto que ya fue aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que está pendiente para debate en el pleno del Congreso.
En entrevista con Epicentro, el juez Luján Túpez explica que la inclusión de la palabra “penal” en la norma implica un cambio radical a la extinción de dominio, tanto que desnaturaliza la figura legal. Luján Túpez explica que, si esta norma se aprueba, los titulares de bienes ilícitos que no hayan cometido el delito que originó los dineros, es decir los testaferros, no estarían sometidos a los procesos de extinción de dominio. Lo mismo pasaría con los bienes ilícitos que hereden los hijos de los investigados que fallezcan, es decir que con el proyecto que plantea el Congreso, si alguien muere sin ser condenado, sus hijos podrían heredar sus bienes ilícitos sin problema.
Ante estos argumentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le pide al Congreso que devuelva el proyecto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que haya “un debate más amplio y especializado sobre la propuesta”.
Esta es la resolución del Poder Judicial remitida al presidente del Congreso.
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Clara Elvira Ospina Garzón
