El proyecto promovido por Fuerza Popular y que tiene la oposición de la Procuraduría y del Poder Judicial modifica la extinción de dominio, que es la figura que permite que el estado recupere propiedades de origen ilícito, como casas o vehículos.
Actualmente no se necesita una condena, sino que este proceso corre en paralelo al proceso penal y basta con que se acredite que los bienes fueron obtenidos con medios ilícitos o sirvieron como instrumento para delinquir. Pero el proyecto fujimorista exige que solo aplique la extinción de dominio después de una condena.
Si se aprueba el proyecto, por ejemplo, los bienes del expresidente Alan García serían intocables y pasarían directamente a sus herederos y pondría en peligro el pedido de la procuraduría para que 5 millones de dólares en propiedades de Alejandro Toledo pasen a favor del Estado.
¿Para quién juega el Congreso?
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David Gómez-Fernandini G.
