Año 2015. Un colombiano, procesado por narcotráfico, es liberado por la sala que integra la jueza Enma Benavides, y debe cumplir mandato de comparecencia en un inmueble en el Cercado de Lima. Años más tarde, un agente de la Diviac descubre que la dirección era la misma del abogado que está sindicado como el presunto enlace entre los procesados ​​y los jueces.

El caso de las liberaciones de procesados ​​por narcotráfico a cambio de presuntos sobornos, que compromete a la sala penal que integró a la jueza Enma Benavides Vargas , hermana de la fiscal de la Nación , Patricia Benavides , tiene varios momentos de mucha sospecha y de coincidencias de Cuento policial. Coincidencias que debieron investigarse en su momento, pero que quedaron en la duda. Vamos a narrar una de ellas.

En el año 2012, dos colombianos, Roberto Gómez Herrera y José Edison Ruiz Martínez, fueron detenidos en Lima cuando intentaban sacar del país casi mil kilos de droga y luego recluidos en el penal Piedras Gordas II, a la espera de juicio. En el 2013 pidieron que se les cambie la detención por la comparecencia restringida, aduciendo que cumplirían esta medida en inmuebles ubicados en el distrito de Miraflores y el centro de Lima, respectivamente.

Ambos fueron liberados. En el caso de José Ruiz Martínez, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional , el de la jueza Enma Benavides , le dio libertad en marzo de 2015. Poco después, el liberado fugó del país. El medio IDL-Reporteros ha cubierto ampliamente este caso.

Cinco años después, la fiscal suprema Bersabeth Revilla investigó el caso de las liberaciones de investigados y procesados ​​por narcotráfico a cambio de supuestas tarifas. Ella le pidió a un agente de inteligencia de la Diviac que constate si el inmueble que el colombiano Ruiz Martínez había arrendado para cumplir su comparecencia, existía.

Existía, sí.

Pero el agente que verificó la dirección, el suboficial de la Policía Nacional, Alexis Franco Peña, nunca imaginó que la vivienda acreditada por Ruiz Martínez coincidiría con la del abogado sindicado como el nexo entre procesados ​​que pagaban presumiblemente por su libertad y aparentemente jueces probablemente emitirá resoluciones de excarcelación: el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez .

La verificación

Los pormenores de la verificación del inmueble que arrendó Ruiz Martínez están plasmados en un documento “secreto” de la Diviac, el Informe 051-2020, cuyo asunto dice: “Sobre diligencias referencias a la medida de videovigilancia recaída en los letrados Walter Máximo Mendoza Pérez y Ana Vásquez Aliaga ”. La abogada Vásquez está señalada por ser otra presunta operadora de la red.

En los antecedentes, el Informe 051 menciona a la jueza Enma Benavides Vargas y un monto de 150 mil dólares que, según un colaborador eficaz, se habría destinado para ella:

“El 17 de octubre de 2019 se recibió la declaración del aspirante a colaborador eficaz Nº 02-2019, quien “refiere tener información que el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez solicitó al interno Percy Coromoto Matos Sandoval y/o James Victoria Herrera la suma de ciento cincuenta mil dólares (US$ 150,000) para que sea entregado a la jueza superior Enma Benavides Vargas, presidenta de la Sala E, con el objetivo de que le conceda libertad. A su vez, el mencionado colaborador sostiene que dicho abogado ayudó con la excarcelación de los reo José Ricardo Panta Ortiz, José Edinson Ruiz Martínez y Roberto Gómez Herrera”.
Párrafo del Informe 051 que señala a la jueza Enma Benavides.

Líneas más abajo, después de la mención de la jueza Benavides , el Informe 051 narra cómo encontró la dirección del abogado Walter Mendoza Pérez :

“Respecto de la ubicación del letrado Walter Máximo Mendoza Pérez, se obtuvo información de referencia a su oficina, sito en Jr. Contumazá Nº [no consignaremos el número de la vivienda ni de los departamentos señalados], Cercado de Lima, lugar en donde se aprecia un estudio jurídico bajo el nombre “Ma Mendoza”. Además, se supo, por intermedio de la recepcionista del edificio, que dicho letrado “debe estar en su departamento… que también es de su propiedad”, por lo que una vez escuchada tal versión se procedió a constatar el hecho, encontrando dicho departamento con las puertas cerradas, por lo que se presume que dicho ambiente podría ser utilizado para otros tipos de ejercicios, ya que el mencionado departamento no es el que consigna en sus datos de Reniec ni en la página web del mencionado estudio jurídico”.
Extracto del Informe 051-2020, de la Diviac.

El agente Franco Peña cotejó la dirección del abogado Mendoza con las direcciones de los demás investigados, y cuando revisó la sentencia liberadora del Colegiado E de la Sala Penal Nacional -cuya ponente fue la jueza Benavides- descubrió un hecho muy grave. Era la misma dirección que el colombiano Edison Ruiz Martínez había acreditado como lugar de comparecencia cuando obtuviera su libertad.

Cuando se evaluó el pedido de libertad de Ruiz, ningún juez solicitó realizar verificaciones domiciliarias.

Esta coincidencia de película fue consignada por el suboficial Franco en el literal D del Informe 051:

“Es pertinente informar que, con relación al domicilio ubicado en Jr. Contumazá Nº [no consignaremos el número de la vivienda ni el número de departamento] –que sería de propiedad del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez, según información obtenida de la verificación realizada– es el mismo que el procesado Edinson Ruiz Martínez consignó en el pedido de variación de mandato de detención por el de comparecencia restringida solicitado a la Sala Penal Nacional, integrada por la juez Enma Benavides Vargas, según el Expediente Nº 640-2012-5-JR”.
Extracto del Informe 051-2020, de la Diviac.

Esta sorpresa, que fue grande, era en realidad la segunda sorpresa que se había llevado el mismo efectivo de inteligencia. La primera había ocurrido poco antes.

La primera gran coincidencia

Aquel asombro inicial fue un hecho que reveló Epicentro TV el 21 de junio pasado, en el reportaje "La casa de la calle Alcanfores".

El mismo policía de inteligencia de la Diviac había recibido la orden de verificar el inmueble en el que cumpliría mandato de comparecencia el coprocesado de Ruiz, el también colombiano Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, quien había alquilado un departamento en la cuadra 4 de la calle Alcanfores, en el distrito de Miraflores. Por un error, no se sabe si voluntario o involuntario, el contrato consignó una numeración en la cuadra 2 de dicha calle, y ese dato incorrecto fue reproducido por la Sala Penal Nacional.

Es decir, a Gómez Herrera le dieron libertad gracias –entre otros factores– a un contrato de alquiler de una vivienda con una numeración inexistente.

Cuando el suboficial Alexis Franco fue a verificar el departamento, en trabajo encubierto de inteligencia, lógicamente no encontró la dirección. Pero no se quedó con los brazos cruzados. Cruzó la pista en dirección al edificio de enfrente y empezó a hacer preguntas a los conserjes. Para su sorpresa, uno de los vigilantes –de nacionalidad colombiana– le aseguró haber conocido a Roberto Gómez Herrera, ‘Huevo’, y a un pariente suyo, Alexander Jaramillo Herrera, a quienes vio años atrás en el edificio.

Franco plasmó toda esa historia en un documento “secreto” de la Diviac, el Informe 050-2020.

Tiempo después, el mismo policía, revisando los papeles de la carpeta de investigación de la fiscal Revilla, advirtió que la dirección del edificio en el que habló con los conserjes era la misma de la jueza María Luisa Apaza Panuera, una de las integrantes del Colegiado E de la Sala Penal Nacional y compañera de tribunal de la jueza Enma Benavides.

Cuando tomó conocimiento de este hecho, la jueza Apaza enfureció y denunció al efectivo ante los órganos disciplinarios de la Policía Nacional. Éstos no defendieron su investigación, sino que le abrieron al policía sendos procesos.

La jueza Apaza, a través de su abogado, ha rechazado cualquier vinculación con los procesados y ha reiterado la figura del error en la numeración.

Ambos casos debieron ser diligentemente investigados, pero la fiscal Bersabeth Revilla fue removida del despacho por la fiscal de la Nación y se desconoce si el magistrado que la reemplazó, Uriel Terán Dianderas, realizó las diligencias necesarias para saber qué ocurrió realmente.

El fiscal Terán ha solicitado el archivamiento de la investigación por sobreseimiento para los magistrados involucrados en el caso, el juez Rafael Martínez Vargas y los vocales María Apaza Panuera, Enma Benavides Vargas y Pablo Ilave García.

Ello, pese a que el plazo de todo este caso fiscal era de 36 meses, los mismos que aún se encontraban vigentes, y que había piezas por reconstruir. Parece que avanzar en la búsqueda de la verdad a veces pesa.

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