Los nuevos hallazgos que han llevado al  fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a abrir sin suspensión o condición alguna la investigación al presidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal y otros.

Ante el Despacho de Lavado de Activos, la aspirante a colaborador eficaz, Karelim López, ha declarado que existiría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el exministro Juan Silva y el presidente de la República, Pedro Castillo, de la que también participaría el empresario Zamir Villaverde, y los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Según Karelim López, el empresario Zamir Villaverde entrevistaría a los gerentes antiguos del MTC para ver quienes serían los más idóneos para su designación en dicha entidad, entre estos gerentes designados con la presunta intervención del empresario estaría Alcides Villafuerte García.

El fiscal de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, así como a seis congresistas de la República.

El pasado 26 de mayo, la fiscal Taquire suscribe y remite a la Fiscalía de la Nación un informe con información vinculada al presidente de la República. La fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro informa que se habrían recabado nuevos elementos contra el exministro Juan Silva con lo declarado por el colaborador eficaz, quien no solamente habría brindado información sobre el investigado Juan Silva, sino también sobre el presidente de la República. El colaborador habría señalado que, días antes que “saquen la plancha presidencial”, Fray Vásquez le habría manifestado a Zamir Villaverde que Juan Silva sería Ministro de Transportes y Comunicaciones y que necesitaban conseguir un profesional para que ocupe el cargo de Director de Provías Descentralizado, puesto que era un requerimiento del mismo Ministro de Transportes.

El empresario Zamir Villaverde, aspirante a colaborador eficaz, declaró que Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente) le habría comentado que el presidente, a través del ministro de Transportes, Juan Silva, tenía interés de designar a funcionarios de Provías Descentralizado con el objeto de poder adjudicar otras a las empresas de provincias que habían apoyado en la campaña, incluyendo otras empresas. Posteriormente, Zamir Villaverde ha declarado que se habría comunicado con el sobrino del presidente y le habría mencionado que tenía una persona para que fuera designada en Provías Descentralizado. Esta persona habría sido Alcides Villafuerte, personaje que se habría llegado a reunir con el entonces ministro Silva, en la casa de este último, con miras a su designación. Por lo que la Fiscalía entiende que Alcides Villafuerte habría sido nombrado, por esta razón, en el cargo de Gerente de Provías Descentralizado.

Posteriormente, en lo que podría ser un intercambio de favores, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, se habría comunicado con el empresario Zamir Villaverde pidiéndole que atienda a un empresario de nombre “Roger” señalándole que este último habría apoyado la campaña.

La fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, remitió al despacho del fiscal de la Nación actas de transcripción de audios que corresponderían a una conversación entre Zamir Villaverde y Juan Altamirano, asesor del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, haciendo alusión a dos licitaciones de dos obras en el MTC, en las que dieron la buena pro a empresas del club.

La Fiscalía considera que tiene indicios suficientes en grado de sospecha de que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal. Esta organización criminal, habría estado conformada también por Juan Silva, en su condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones, funcionarios de Provías Descentralizado y del Despacho Presidencial, empresarios y terceros interesados, habría tenido por finalidad no solo favorecer al Consorcio Puente Tarata III en el proceso de licitación pública N° 01-2021-MTC, sino también a otras empresas, entre ellas las que habrían apoyado al presidente cuando se encontraba en plena campaña electoral y empresas de personas vinculadas al mismo presidente y a personas de su entorno.

Además del pago de favores y beneficios económicos, la Fiscalía considera que esta presunta organización criminal habría tenido también como finalidad copar distintos cargos adentro del ministerio de Transportes y Comunicaciones y del ministerio de Vivienda, que garanticen el funcionamiento de la organización criminal.

Estos son solo algunas de la razones que sustentan la histórica decisión, del fiscal de la Nación de investigar por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada a un presidente en ejercicio, Pedro Castillo Terrones.