Las pruebas contra Becerril que el Congreso pasó por alto

Comisión Permanente aprobó archivar denuncia constitucional en su contra pese a que la fiscalía presentó elementos de convicción que lo relacionan con la presunta organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’. Los testimonios de hasta 5 exfuncionarios ediles y empresarios sindicaban a Becerril como el brazo político de la organización.

Sin debate y en menos de 5 minutos, la Comisión Permanente del Congreso mandó al archivo la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. La denuncia fue realizada en julio del 2020 por la fiscalía en el marco del caso ‘Los Temerarios del Crimen’.

La Comisión Permanente aprobó con 14 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba el archivo de la denuncia constitucional al considerar que “no se encontraron medios probatorios fehacientes que aludan la existencia de los delitos que se le imputan al denunciado”.

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Los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático – Juntos por el Perú y Podemos Perú votaron en contra, mientras que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y Unidad y Diálogo Parlamentario respaldaron el archivamiento de la denuncia.

La denuncia fiscal

En julio del 2020, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional contra el exparlamentario fujimorista por presuntamente pertenecer a la supuesta organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’. A finales de agosto de ese mismo año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia e inició la investigación correspondiente.

La fiscalía fundamentó que, por el delito de tráfico de influencias agravado, el congresista era acusado por supuestamente haber prometido para sí y otras personas vinculadas a él, diversos beneficios económicos a los representantes de la empresa Constructora CRD S.A. Sucursal Perú, para que se beneficien con la adjudicación de la buena pro para la ejecución de la obra "Construcción, equipamiento e instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos municipales de la localidad de Chiclayo".

Según la teoría fiscal, en su condición de congresista Héctor Becerril podía interceder ante el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y demás funcionarios encargados del proceso de selección  de la licitación. Becerril también habría ofrecido a la misma empresa beneficiarse con el pago de adelanto de materiales, cambios en el cronograma de la licitación, entre otras cosas.

Respecto al delito de cohecho pasivo impropio, la fiscalía postula que Becerril habría pedido beneficios económicos al exalcalde David Cornejo Chinguel para que como congresista se presentara ante diversas entidades del Estado para "gestionar" personalmente la asignación presupuestal para la ejecución de tres obras públicas. Además, se habría encargado de acordar la transferencia presupuestal de los fondos públicos a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo , habiendo recibido por ello el 5% del valor total de cada una de las obras.

El Ministerio Público también incluye al exparlamentario en el delito de organización criminal por supuestamente haber integrado, en su condición de brazo político, la organización criminal "Los Temerarios del Crimen", entre los años 2016 , 2017 y 2018. La organización habría estado liderada por el exalcalde David Cornejo Chinguel e integrada por funcionarios y servidores públicos de la municipalidad de Chiclayo. Esta organización está siendo investigada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.

Según los testimonios de David Cornejo Chinguel, Boris Gustavo Bartra Grosso, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Mirtha Cristina Gonzales Yep y Homero Edmundo Vigo Quinta, sí existió un acuerdo previo clandestino, entre Héctor Becerril Rodríguez y David Cornejo Chinguel, para que la empresa Constructora CRD S.A. Sucursal Perú, vinculada a los hermanos Becerril Rodríguez, se beneficie con la adjudicación de la buena pro de la obra "Construcción equipamiento e instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos municipales de Chiclayo".

En su declaración, el entonces regidor Boris Gustavo Bartra contó a la fiscalía que, incluso, luego de una de las reuniones para concertar las licitaciones, Héctor Becerril cerró “la negociación” con un fuerte abrazo con el exalcalde David Cornejo Chinguel.

En la carpeta fiscal también está el testimonio de la empresaria Mirtha Cristina Gonzales Yep, ex asesora de la empresa Constructora CRD Sucursal Perú, quien contó que entregó como pago a Héctor Becerril, la compra de porcelanatos (y productos complementarios) adquiridos en la tienda Decor Center, y que fueron utilizados como material de construcción para la remodelación de la casa del fujimorista en Trujillo.

En octubre del 2020, el Poder Judicial le negó el pedido presentado por la defensa legal de Becerril para anular el testimonio de la empresaria quien también es investigada en el caso. Ella incluso denunció haber recibido amenazas de muerte luego de dar su testimonio.

Tras la presentación de hasta 5 testimonios en el caso, la fiscalía asegura que en el curso de la investigación “quedó acreditada la participación de los tres hermanos Becerril Rodríguez en los actos ilícitos descritos, uno de ellos incluso con sentencia por éstos mismos hechos y otro prófugo de la justicia (reo contumaz)”.

“Sin embargo, lo que no se debe perder de vista es que la presencia e intervención de los hermanos Víctor Antonio y Wilfredo sólo tiene explicación en el poder detentado por el investigado, pues ellos por sí mismos carecían de potestad o capacidad alguna al no ejercer cargo o función que sí la puede tener un Congresista de la República; en tal sentido, los hermanos resultaban ser los intermediarios u operadores de las decisiones adoptadas por el investigado”, señala el Ministerio Público.

En agosto del 2020, el Poder Judicial basándose en la denuncia presentada por la fiscalía, dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Héctor Becerril por tratarse de un proceso complejo por la gravedad de los delitos.

No obstante, para el Congreso, así como para la defensa legal de Becerril, los medios probatorios presentados por la fiscalía no bastan para evidenciar la responsabilidad del exlegislador fujimorista.

Camino impune

“Tal como lo dijo mi abogado, la persona más interesada en que se esclarezcan estos hechos soy yo. Hace mucho tiempo que hay imputaciones en mi contra sin ningún asidero legal, solo son dichos. Esta es la gran oportunidad para que se comience de una vez a terminar con esta estigmatización que han hecho conmigo. En este caso, por ejemplo, personas como dos regidores que han estado en prisión y que para mejorar su posición en este proceso no han hecho más que declaraciones en mi contra”, dijo Becerril en la audiencia de impedimento de salida en su contra en el 2020.

En sus descargos, Becerril aseguró, al igual que el Congreso en su informe final, que las declaraciones presentadas por la fiscalía presentaban contradicciones por lo que carecían de veracidad.

¿Qué pasará ahora con la investigación en su contra? Debido a la decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional, Becerril no podrá ser investigado penalmente por los delitos antes mencionados por la fiscalía.

Según el artículo 99 de la Constitución, establece que los congresistas de la República, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales del Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, tienen el privilegio del antejuicio político. Esto significa que tienen el derecho de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria si no han sido sometidos previamente a un procedimiento ante el Congreso de la República.

Para la abogada en Derecho Constitucional, Beatriz Ramírez, es necesario hacer una reforma constitucional para impedir que este beneficio sea utilizado para generar impunidad.

“Creo que hay que eliminar el antejuicio porque se usa mal y promueve impunidad. Se supone que es para que se analice si no hay alguna venganza política, pero se está utilizando como un filtro de pedidos del Ministerio Público bastante fundamentado”, opinó a Epicentro TV.

Ramírez considera que el caso de Becerril es precisamente un ejemplo de este mal uso del antejuicio.