La Z marca el lugar
Durante el fin de semana, cientos de ciudadanos nos volvimos a encontrar en las calles en la denominada "Marcha de la Generación Z". Sin embargo, la convocatoria no vino de la nada. Tanto la marcha de la semana pasada, pequeña pero significativa, como la fuerte actividad en redes sociales fueron importantes precedentes a las acciones de estos dos días. Hacer una evaluación íntegra de lo ocurrido aún es complicado, pero conforme se van desarrollando los hechos es bueno comenzar a tener algunas reflexiones.
Lo primero que hay que mencionar es que la fuerte presión en redes sociales hizo que las bancadas que habían apoyado la rechazada ley de secuestro de las AFP quisieran sacar el cuerpo, negando su responsabilidad y buscando salvaguardar su capital político ad-portas de la temporada electoral. Ese es un logro. La ciudadanía se manifestó, generando pánico entre las filas del pacto de gobierno. Sin embargo, también es cierto que, aunque hubo una convocatoria de varios cientos de personas (especialmente jóvenes) en los dos días de protestas, estas estuvieron lejos de llegar a tener la concurrencia que la difusión en redes hacía creer; que sí tuvo la marcha que logró la censura de Juan José Santivañez meses atrás o algunos de los paros de transportistas en respuesta a la ola de extorsiones.
Estos dos ejemplos que acabo de mencionar logran demostrar algo que ayuda a abrir la reflexión. Al contrario de lo que se ha creído, Lima sí marcha. En los años que lleva Dina Boluarte en el poder se ha extendido precisamente la idea opuesta. Dicho argumento se sostiene en la ausencia de movilización por parte de la capital en el estallido social que siguió al golpe de estado de Pedro Castillo a finales del 2022 e inicios del 2023. La marcha contra Santiváñez muestra lo contrario, lo mismo los paros de transportistas. Se pasa así de la afirmación "Lima no marcha" a una pregunta: ¿por qué Lima marcha algunas veces y otras no? Propongo dos hipótesis.
La primera tiene que ver con quiénes convocan a la marcha, lo cual responde, a su vez, a la coyuntura política del momento. El estallido del 2022-2023 alcanzó su punto crítico tras los asesinatos de ciudadanos cometidos por miembros de fuerzas del orden. Como mostró en su momento Omar Coronel, estos crímenes sí catalizaron un repudio generalizado en toda la ciudadanía y se mostraban como el gran punto común capaz de aglutinar el descontento. ¿Por qué no vimos que el estallido lograse replicarse en la capital?
Creo que hay dos razones para esto. Lo primero es que salíamos de un escenario de alta polarización política tanto por las elecciones del 2021 como por todos los meses que llevaron a ese 7 de diciembre del 2022. Esto generó a que los sectores limeños que se oponían a Castillo vieran en la entonces desconocida vicepresidenta y el Congreso un mal menor frente a lo que significaba Castillo que llevó a otorgarle el beneficio de la duda. Lo segundo es que, contrariamente a lo que algunos propugnaban, dicho estallido sí tuvo un fuerte componente pro-Castillo, o al menos relativizó los atropellos y el golpe de Estado perpetrados por el expresidente. Este es un lugar común entre la derecha que buscaba deslegitimar las marchas, pero en este caso, y como alguien que estuvo en la organización de dichas manifestaciones, puedo dar fe de que el argumento tiene más de verdad de lo que nos es cómodo admitir.
Entre quienes nos opusimos al golpe de Estado de Castillo, pero que también buscábamos canalizar la indignación contra los crímenes de Boluarte, teníamos la premisa de que lo más importante era poner gente en la calle, luego podríamos discutir quiénes eran. En otras palabras: que la marcha sea concurrida sin importar quiénes estén. Ahora creo que nos equivocamos. Considero que no haber hecho un deslinde de posturas y grupos pro-Castillo, o que desde otros sectores no se haya tenido la disposición de poner por detrás dichas consignas para protestar en contra de los crímenes fue un factor fundamental en desincentivar la participación de sectores que venían de jugar políticamente a la defensiva desde las elecciones del 2021.
Eso lleva a la segunda hipótesis: la consigna. Algo que, a mi juicio, ha quedado demostrado es que lo que funciona en Lima son consignas mínimas (o puntuales). Exigencias como la salida de un ministro (Santivañez) o la derogación de leyes (pro-crimen o ley de AFP) son más convocantes que consignas maximalistas o muy ambiciosas como #QueSeVayanTodos o el pedido de una nueva constitución. Más aún, repito, entre una población que sale de haber jugado a la defensiva en un período altamente polarizado.
Contar con consignas mínimas tiene ciertas ventajas además de su ya comprobada capacidad de convocatoria en la capital. Son cuestiones sobre las que se puede obtener resultados tangibles de forma rápida. ¿Qué peruano no se sintió bien viendo a Santivañez censurado como producto de la presión ciudadana? ¿No fue impactante ver a las bancadas que apoyaron la reciente ley de AFP sacar hipócritamente el cuerpo con comunicados oficiales cuando vieron que la gente los tenía en la mira? En un escenario político en que los delincuentes con corbata y Rolex se quieren enroscar al poder como sea, pequeñas victorias estratégicas pueden ser de mucha utilidad.
A manera de conclusión, sobre los hechos de este fin de semana también hay que decir que si no tuvieron la concurrencia que se esperaba se debe en gran medida al accionar policial, irresponsable y matonesco. Hay algo profundamente cobarde en encerrar a los manifestantes en una plaza sin permitir que la marcha pueda llevarse a cabo, como pasó el sábado. Si bien la convocatoria descentralizada y esporádica es ventajosa, ese fue un punto que hace notar la necesidad de mayor planificación a futuro. Es momento de volver a tejer las redes de organizaciones que nos hacen fuertes en la adversidad. Aun así, las manifestaciones fueron exitosas porque llevaron el mensaje de una juventud que está tomando la posta en aquella vieja y bella tradición de decencia que hay en el Perú, como decía Basadre. La esperanza sigue, aquí seguimos.