La Repartija de la Mesa Directiva
La Mesa Directiva del Congreso no sólo ejerce la dirección política de la institución, sino también el manejo administrativo del Fondo Editorial y tres oficinas del Congreso que albergan a más de 150 trabajadores; lo que le permite contratar a militantes y allegados a los partidos que la integran.
La llamada alianza "fujicerronista" ha ganado el control de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2023-2024 y, con ello, ha obtenido una serie de facultades en el manejo político y administrativo de la entidad.
Con 77 votos, la coalición integrada por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País —con el apoyo de Somos Perú y Unidad y Diálogo— logró que el apepecista Alejandro Soto se consagre como el nuevo presidente del Parlamento. Un resultado previsible, aunque preocupante por todo lo que está en juego: comisiones, proyectos de ley, elecciones de altos funcionarios, presupuesto institucional, y otros.
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La Mesa Directiva tiene dos ámbitos de funciones: la legislativa que implica la conducción del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Junta de Portavoces; y la labor administrativa, que está directamente relacionada con el manejo de las oficinas y el personal del Congreso.
El 4 de agosto de 2022, en un acuerdo de la Mesa Directiva presidida por la congresista de APP, Lady Camones, se ratificó de qué oficinas se harían cargo cada una de las vicepresidencias del Parlamento: el Fondo Editorial y la Oficina de Participación Ciudadana están en manos de la primera vicepresidencia; la Oficina de Cooperación Internacional y la autorización de viajes al extranjero están bajo la dirección de la segunda vicepresidencia; y la Oficina de Enlace con el Ciudadano es gestionada por la tercera vicepresidencia.
Acuerdo de Mesa 1 | PDF | Soborno | América del Sur
Si se sigue la tradición y el acuerdo no se modifica, Fuerza Popular se quedaría con el manejo del Fondo Editorial y la Oficina de Participación Ciudadana, pues mantiene la primera vicepresidencia con el congresista Hernando Guerra García en reemplazo de su colega Martha Moyano.
El Fondo está dirigido por Milagros Takayama, expersonera de Keiko Fujimori, y Participación Ciudadana está a cargo de la excongresista fujimorista Karina Beteta. Juntas manejan más de 100 empleados.
Ahora, tras la alianza "fujicerronista", la segunda vicepresidencia ha pasado a manos de Perú Libre con el parlamentario Waldemar Cerrón, a quien le corresponde la Oficina de Cooperación Internacional. Por último, a Avanza País, con Rosselli Amuruz en la tercera vicepresidencia, le toca administrar la Oficina de Enlace con el Ciudadano.
Las anteriores mesas directivas acumulan una serie de críticas por sus decisiones administrativas, entre ellas exonerarse de la política de austeridad, aplicada en todas las instituciones. Esto le ha permitido al Parlamento continuar gastando los recursos públicos en grandes planillas y jugosos bonos al reorganizar a su gusto las mencionadas oficinas.
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La repartición de las comisiones ordinarias
El Congreso cuenta con 24 comisiones ordinarias, cuyas presidencias se distribuyen de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene cada bancada; sin embargo, la repartición de cada comisión suele darse luego de una negociación entre los grupos interesados.
Fuerza Popular, por ejemplo, busca conservar el control de la Comisión de Constitución y Reglamento. Una prueba de fuego para su alianza con Perú Libre, que desde hace mucho quiere dicha comisión. El reto será asumido por sus portavoces.
Por otro lado, Alianza para el Progreso no pretende dejar la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, quiere obtener la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que también es deseada por la bancada de Somos Perú.
La Mesa Directiva ha quedado servida para el deleite del "fujicerronismo", que ahora no sólo le dará prioridad a los proyectos de ley que favorezcan intereses individuales de sus congresistas y los líderes de sus partidos; sino que también están en la capacidad de contratar a sus militantes en las oficinas que tienen asignadas, como si de una agencia de empleos se tratara.
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Redacción Epicentro
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