El gobierno ha respondido al congreso con todas las de la ley: si quieren reformas, que se hagan todas. Para que el poder legislativo y el ejecutivo convivan con cierto equilibrio de poderes, con las mismas armas para poder liquidar al otro, existen diferentes figuras constitucionales. Los misiles del congreso son: la censura a ministros y sobretodo la vacancia presidencial. El ejecutivo también tiene sus armas mortales: la cuestión de confianza y el cierre del congreso. Digamos que están tas con tas, aunque, en los últimos años, tanto un poder como el otro han hecho uso y abuso de estas figuras. Los vacíos se han prestado a todo tipo de interpretaciones para utilizarlas, por eso parece que una reforma de las mismas es necesaria. Pero se trata de regular el arsenal de uno y de otro lado para mantener el equilibrio de poderes, pilar de la democracia.
El congreso ha tirado la primera piedra para regular estas figuras, pero solo ha regulado las armas del ejecutivo y éste se ha rearmado. El congreso pretende cambiar las reglas de juego para que el gobierno presente cuestión de confianza, pero no dice ni una palabra sobre sus armas, la censura y la vacancia por incapacidad moral. Un pequeño paréntesis aquí; si el congreso niega dos veces la confianza pedida por el ejecutivo, éste puede cerrar el congreso. Dicho esto, el congreso aprobó, en sábado de puente, el dictamen de la Comisión de Constitución para cambiar las reglas de juego de la cuestión de confianza. Pretende limitar su uso y ponerle límites. El texto que se votará en el pleno pretende que el ejecutivo pueda plantear cuestión de confianza solo por temas con relación directa a la política general de gobierno. Es el congreso el que pretende mellar las herramientas de control político que tiene el ejecutivo sobre el legislativo, pero dejar las suyas intactas. Esto sin duda llevaría a un desequilibrio de poderes, porque dejaría al congreso armado como si fuera EE. UU. y al ejecutivo lo convertiría en Suiza, un país sin ejército. La reforma de la cuestión de confianza debería hacerse mediante una reforma constitucional, pero el congreso, en otra particular interpretación auténtica de la constitución, pretende saltarse los pasos requeridos para una reforma constitucional, tratando este tema como si se tratara de la reforma de una ley común. Una reforma constitucional requiere de más tiempo y de más votos para ser aprobada. Esta norma fue observada por el ejecutivo, sin embargo, el congreso pretende aprobarla por insistencia.
Cómo es lógico, el ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados y ayer, en consejo de ministros, aprobó un proyecto de ley de, ahora sí, reforma constitucional, que propone una salida salomónica, regulando las herramientas de control político de los dos poderes, de los dos y mediante reforma constitucional. El proyecto regula la figura de la incapacidad mental del presidente o presidenta, así como la cuestión de confianza y la moción de censura.
Este proyecto propone que por incapacidad moral del presidente o presidenta se entienda: su permanente incapacidad mental o física, que sea incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del congreso. Es decir, pretende interpretar por incapacidad moral, la incapacidad mental acreditada médicamente.
Por otro lado, pretende modificar el artículo 130 de la constitución para que los gabinetes no tengan que pedir la confianza cuando se estrenan y van al congreso a exponer la política del gobierno. Si el congreso no está de acuerdo con lo planteado, hace efectiva la responsabilidad política del consejo de ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza. La propuesta es que la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial. Además, el proyecto de ley del gobierno propone que la moción de censura solo proceda por materias relacionadas al ejercicio del cargo. Es decir, el congreso ya no podría censurar a un ministro por un pasado que políticamente no gusta. Pero sí mantiene que, tanto el presidente del consejo de ministros como el ministro censurado, debe renunciar y también se mantiene que, si es censurado del presidente del consejo de ministros, se va todo el gabinete. Y mantiene también parte de la propuesta del congreso, ya que establece que no procede que el ejecutivo presente cuestiones de confianza cuando se trata sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos constitucionales autónomos.
El proyecto de ley del ejecutivo plantea una de cal y otra de arena para unos y para otros. Ahora el proyecto de ley también tendrá que ser debatido en el congreso, ahora tienen dos propuestas completamente diferentes que mirar y aprobar. Variar las condiciones del equilibrio entre los dos poderes es sumamente delicado y merece un debate alturado y en profundidad. Si finalmente el congreso se empecina en aprobar su propia propuesta, el ejecutivo podría presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad y, según la mayoría de los expertos, ganaría el ejecutivo, porque no se puede hacer una reforma constitucional como si no lo fuera.
La mesa para el debate o para la confrontación, según se comporten los vecinos del Centro de Lima, está servida.
