En el caso por violaciones de derechos humanos durante las marchas abierto contra la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros, aún no declaran 329 personas, entre deudos, víctimas de lesiones graves y testigos. Por ello, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dispuesto ampliar la investigación preliminar por ocho meses.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, amplió este lunes por ocho meses más el plazo de investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de las violaciones de derechos humanos ocurridos durante las protestas contra el gobierno central. El plazo inicial vencía el miércoles 25 de octubre.
La decisión también alcanza a los investigados Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, César Cervantes Cárdenas, el extitular de dicha cartera, y Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa.
El nuevo plazo dispuesto por la fiscal de la Nación responde a que hasta el momento no han declarado 329 personas, entre familiares de las víctimas mortales, de los heridos y de otros funcionarios públicos. A ellos, se añade el testimonio ampliatorio que debe rendir el general del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En total, son 330 testimonios los que la fiscal Benavides debe recabar.
El abogado de las víctimas, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, criticó que la inacción inicial de la Fiscalía esté conduciendo a esta ampliación.
“La Fiscalía ha perdido ocho meses de investigación en el caso de los aforados, como la presidenta Dina Boluarte. Faltan declaraciones de testigos, de [42] funcionarios públicos, de servidores, y de altos oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las regiones en donde se produjeron las muertes”, cuestionó Quispe.
Los heridos a quienes no se les ha tomado aún declaración suman 251. El problema –según dijo Quispe a Epicentro Tv– es que muchos viven en zonas altoandinas, y para declarar deben trasladarse hasta la capital del país.
“Lo grave es que, hasta el momento, todos esos testigos aún no han sido citados", indicó el abogado del IDL.
El ritmo de la Fiscalía
En la disposición de ampliación firmada por la fiscal Benavides, se recuerda que hay providencias fiscales, como la del 7 de setiembre pasado, para programar declaraciones testimoniales desde el 14 de ese mes hasta el 11 de octubre, a un ritmo de cinco testigos por día, incluso, en días no laborables y sábados. Otras providencias, del 13 y 14 de setiembre, programaron interrogatorios adicionales: 118 en total.
“[Sin embargo] solo ha sido posible llevarse a cabo un total de 26 declaraciones testimoniales. En el caso de los investigados, si bien a la fecha se ha recibido la totalidad de declaraciones –indagatorias y ampliatorias–, no obstante, en su momento se tuvo que reprogramar dichas declaraciones en dos de los casos”, señala la resolución de la fiscal Benavides.
Además, la Fiscalía solo ha recibido siete declaraciones de los deudos.
“No se han llevado a cabo por razones no atribuibles a este despacho, conforme se ha anotado previamente. Por lo que, siendo así, resulta necesario habilitar nuevas fechas y horas a fin de que se realicen tales diligencias, en aras de garantizar el derecho de defensa de tales sujetos”, señala otra parte de la disposición.
Del mismo modo, de las 251 víctimas de lesiones graves, solo se han obtenido diez declaraciones de manera directa. Falta la gran mayoría.
La resolución de la fiscal Benavides también menciona que los investigados César Cervantes Cárdenas y Jorge Chávez Cresta han pedido reprogramar sus declaraciones, y ello ha contribuido al alargue de los plazos.
Por ejemplo, Cervantes debía declarar el 29 de setiembre, pero ha informado que estará fuera del país hasta el 27 de noviembre próximo. Por su parte, Chávez solicitó nueva fecha alegando “motivos de índole laboral”.
Ocho meses más de investigación son 240 días, que culminan a fines de junio de 2024. Pero, solo hasta el 1 de enero próximo, habrá diez domingos y cinco feriados. Quince días menos del 2023 que quizá queden fuera para la investigación, con lo cual, los plazos se acortarían más. Ello, sin contar con los domingos del año siguiente y los feriados que el gobierno determine. En tanto, los testigos a los que la Fiscalía aún debe interrogar suman 330. La Fiscalía tendrá el reloj, a los familiares de las víctimas, y a los organismos de derechos humanos, encima.
