Documento fiscal revela nuevas declaraciones en la investigación iniciada a la exfiscal de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal. Benavides ha sido citada para dar su manifestación para el 25 y 26 de enero.
La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá responder ante el Ministerio Público el próximo jueves 25 y viernes 26 de enero como parte de las diligencias que se realizan por la investigación en su contra por presuntamente liderar la organización criminal ‘La fiscal y su cúpula’, dentro de la fiscalía.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal Delia Espinoza, abrió investigación contra Benavides por la presunta comisión de siete delitos: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y encubrimiento personal.
El documento fiscal ratifica, en gran parte, los hechos en los que supuestamente habría operado la organización criminal, revelados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción (EFICCOP) tras los operativos Valkiria V y VI. Entre ellos están el ejercer influencias ilícitas con un grupo de congresistas para lograr la destitución de la extitular del Ministerio Público Zoraida Avalos; la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo; la destitución del fiscal superior Rafael Vela, el retiro de la fiscal Bersabeth Revilla, las negociaciones con el congresista José María Balcázar y los actos de encubrimientos realizados cuando se dio a conocer la operación Valkiria V.
Según la fiscalía, la organización criminal, liderada presuntamente por Benavides, estaría integrada sus asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, así como por el exministro aprista Hernán Garrido Lecca, el abogado del Sodalicio, José Luis Hauyón, Rudy Aguedo Del Castillo, Claudia Ruiz Mesías, y “otros en proceso de identificación y análisis”. Esta vez, no se incluye directamente al jefe de la Autoridad de Control Nacional (ACN) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí.
Más testigos
Entre las nuevas diligencias realizadas por la fiscalía, está la recolección de testimonios de algunos personajes que no se habían mencionado antes. Uno de ellos es el abogado Eduardo Roy Gates, abogado de Enma Benavides Vargas, hermana de la suspendida fiscal de la Nación.
Según la fiscalía, en julio del año pasado, la fiscal Patricia Benavides concertó con sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, la conclusión de la designación de la fiscal Bersabeth Revilla en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que estaba a cargo de la investigación en contra de la hermana por presunta recepción de dinero a cambio de fallos para liberar a procesados por narcotráfico.
Con ese fin, Miguel Girao propuso a Benavides elaborar un informe de productividad que mostrara que el despacho a cargo de Revilla tenía una baja producción, y así motivar su retiro. Para que la medida pasara desapercibida para la prensa, la resolución de la salida de Revilla se dio a conocer junto a la captura del prófugo exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.
El abogado Roy Gates declaró a la fiscalía que el 1 de septiembre del año pasado fue invitado al estudio del abogado José Luis Hauyón, en donde encontró a la ex fiscal de la Nación junto a sus asesores. Roy Gates reveló que Benavides le pidió que saliera a los medios de comunicación a opinar sobre lo que ocurría en el Ministerio Público, como la destitución de Revilla y el caso de su hermana Enma. Contó que, incluso, los asesores de Benavides le dieron una ayuda memoria con el reporte de baja productividad que se emitió sobre Revilla.
Caso Balcázar
El congresista de la bancada Perú Bicentenario, José María Balcázar, es uno de los nuevos nombres mencionados por la fiscalía en la investigación contra Benavides. Según la documentación fiscal, el asesor de la exfiscal de la Nación, Jaime Villanueva, lo contactó a pedido de ella para que votara en contra de la acusación que tenía en su contra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Balcazar habría pedido a cambio de su voto que Benavides “lo ayude” archivando una investigación en su contra por el delito de apropiación ilícita, en Lambayeque. Jaime Villanueva contactó a la fiscal superior de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, quien se negó al pedido. Balcazar cumplió con votar contra la acusación de Benavides y ella envió a Lambayeque a su adjunto Elmer Ríos para que le insistiera en ese pedido a la fiscal de Miranda quien lo rechazó.
Una señal
La fiscalía suprema también ha imputado de manera preliminar a Patricia Benavides el ser instigadora del delito de tráfico de influencias por la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la destitución de la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Avalos. En el documento fiscal se establece que Benavides habría comprado las influencias reales que ostentaba un parlamentario para que influyera sobre sus colegas y lograra sus votos.
Los congresistas le pidieron a Benavides, a través de su asesor, una “señal” para votar como ella quería, es decir, a favor de la inhabilitación de Ávalos. La fiscalía ha identificado a dos congresistas encargados de supuestamente conseguir los votos de otros parlamentarios a cambio de que archiven sus casos judiciales. Se trata de los congresistas de Perú Libre Katty Ugarte y Nivardo Tello Montes.
Según el documento fiscal, en el caso de Ugarte Mamani, habría convencido entre 5 a 6 congresistas para que votaran según el pedido de Benavides. A cambio, habría solicitado ayuda en los casos en su contra, conocidos como ‘Mochasueldos’ y ‘Niños 2’.
Otra congresista que es mencionada por la fiscalía es Patricia Chirinos. Los asesores de Patricia Benavides le habrían dado a la parlamentaria el texto de una denuncia constitucional por prevaricato que ella presentó contra los miembros de la sala Constitucional que habían concedido el amparo para suspender el proceso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia(JNJ).
La fiscalía ha solicitado su declaración para el próximo 8 de febrero. La parlamentaria actualmente se encuentra de licencia.
Otro nuevo nombre que ha sido mencionado por la fiscalía es el del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Según el documento fiscal, Cerrón habría solicitado, a través de sus asesores, que Benavides lo ayudara con el proceso penal por corrupción que tiene en su contra en Junín a cambio de los votos de su partido. Cerrón pidió que el fiscal a cargo no asistiera a la audiencia del juicio oral del 26 de julio de 2023, con el fin de que dicha causa prescriba.
Entre las diligencias que ha solicitado la fiscalía están también la declaración del presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que responda sobre la moción de orden del día que encargaba a la Comisión de Justicia la investigación sumaria a los miembros de la JNJ.
En tanto, como parte de la investigación la fiscalía ha pedido que se extraiga toda la información posible sobre Patricia Benavides, incluso, hasta de los recorridos de los taxis que ha utilizado.
