Partidos contratan por S/1,6 millones a empresas recién creadas o a sus propios candidatos
Vigilancia Ciudadana identificó que seis partidos políticos han declarado en su rendición de cuentas el uso del financiamiento público directo para contratar los servicios de cuestionados proveedores. Empresas recién constituidas o sin experiencia en el rubro, o los propios candidatos son los principales contratistas de Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado.
Las organizaciones políticas Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú gastaron el año pasado más de 1 millón 507 mil soles en contratar a empresas recién constituidas o compañías de un rubro diferente al servicio solicitado, advirtió la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana.
Dicha cifra proviene del financiamiento público directo que otorga el Estado, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a los partidos políticos que logran obtener representación en el Congreso. La ley establece que ese dinero sólo puede ser utilizado "en actividades específicas como la formación, capacitación e investigación y en actividades de funcionamiento ordinario".
En diálogo con Epicentro TV, Ricardo Gálvez, miembro del Consejo Directivo de Vigilancia Ciudadana, sostuvo que lo mínimo que los partidos políticos deben tener es una administración eficiente y transparente a la hora de gastar el dinero público.
"Lo que nosotros esperamos de los partidos políticos es una mayor transparencia a la hora de elegir sus proveedores, (...) que no sean designados a dedo, que los servicios que se contraten sean óptimos y dentro del valor del mercado. Ellos están utilizando financiamiento público directo que viene del presupuesto nacional y que viene de los impuestos de los peruanos", señaló Gálvez.
El millón de Somos Perú
Más de S/958 mil es el monto que destinó el partido de Somos Perú para pagar los servicios de capacitación y formación brindados por la compañía Central Mediática S.A.C. en el 2022.
Central Mediática tiene como gerente general a Eduardo Ceferino Cabrejos de acuerdo a los datos de Sunat. Ceferino sería amigo de la presidenta del partido del corazón Patricia Li. Asimismo, la empresa sólo tendría 5 trabajadores en planilla y habría facturado 1 millón 257 mil 628 soles en 14 meses, según un informe periodístico.
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Gálvez puntualizó que su asociación identificó "un patrón" en la prestación de este servicio: "Hemos encontrado que en el caso de Somos Perú se ha asignado un monto bastante elevado por capacitaciones que se han dividido en seis actividades, dos de formación y cuatro de capacitación por día, en unas diez o doce oportunidades fueron asignadas a un solo postor: Central Mediática".
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Empresas cuestionadas
Pero otros casos también han sido reportados por Vigilancia Ciudadana. En Perú Libre, por ejemplo, se contrató a la empresa Lliakatel E.I.R.L. por S/45 mil para realizar diversos servicios que van desde la venta de hojas bond, hasta la instalación de video, puertas y chapas eléctricas.
"En un primer análisis se identifica cierto grado de incoherencia entre el servicio brindado [a Perú Libre] y sus registros de actividades en el periodo de enero a junio del 2022. Sin embargo, actualmente ha agregado nuevas actividades económicas que si calzan con los servicios brindados para el periodo de julio a diciembre del 2022", indica el informe.
En el caso de Avanza País, se trata de la firma Global Perú Comunicaciones S.A.C. que cobró 464 mil 920 soles por tres servicios de capacitación supuestamente realizados el 31 de diciembre del 2022, en plena víspera de año nuevo.
Global Perú habría iniciado sus actividades dos semanas antes de brindarle el servicio a Avanza País, según detectó Vigilancia Ciudadana. Además, dos de sus empleados, el abogado Alexander Puma y el administrador Richard Rodríguez, estarían vinculados con el secretario general de este partido, Luis Flores.
La rendición de cuentas de la agrupación Renovación Popular también reveló posibles irregularidades: el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destinó 39 mil 936 soles a la Consultora Focus S.A.C. en el segundo semestre del año pasado.
"[Focus] sólo cuenta con el RUC activo desde el 1 de julio del 2022, lo que despierta la sospecha por la reciente creación de la empresa con coincidencia en la presentación de rendición de cuentas [de Renovación Popular] del semestre comprendido entre julio y diciembre del 2022", precisó Vigilancia Ciudadana.
Ricardo Gálvez precisó que Vigilancia Ciudadana visitó las direcciones donde supuestamente funcionan las mencionadas empresas, sin embargo, no halló información sobre ellas.
Otro millón para candidatos proveedores
Los gastos de Podemos Perú y el Partido Morado también fueron analizados. Gálvez indicó que, según la plataforma Claridad de ONPE, estas agrupaciones contrataron los servicios de sus propios candidatos por más de un millón de soles durante las elecciones regionales y municipales del 2022.
El primer caso detectado es el de Eligorio Llontop Chafloque, excandidato a regidor en Puente Piedra por Podemos Perú, quien cobró 64 mil 723 soles entre el 2021 y 2022. Se desconoce el tipo de servicio prestado.
El segundo caso se refiere a Johan Francisco del Castillo Gamarra, excandidato a la alcaldía de Wanchaq (Cusco), quien recibió 53 mil 320 soles solo el año pasado por "los servicios de movilización, organización y coordinación partidaria".
Gálvez explicó que bajo estas situaciones identificadas se podría estar financiando campañas bajo la simulación de servicios diversos, contraviniendo la prohibición expresa de la norma.
"Los partidos no deberían darle servicios a personas que están candidateando porque estamos entrando a una puerta giratoria, en la cual el candidato recibe del financiamiento público directo y lo puede utilizar en la campaña. (...) Este no es el espíritu de la norma y podríamos estar tergiversando [la ley]", concluyó.
La financiación directa de partidos pretende fortalecer a las organizaciones políticas y garantizar un ejercicio democrático y responsable pero estos casos confirman un abuso inaceptable. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad de castigar los abusos e impedir que sigan ocurriendo.
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Redacción Epicentro
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