Fiscalía: Muertes en Lima y Macusani "son graves violaciones de derechos humanos"

Equipo especial que investiga homicidios y lesiones durante protestas contra Dina Boluarte encuentra indicios que lo llevan a tomar importante decisión. Pero también se topan con obstáculos, como en Macusani, en donde jefes policiales han entregado copia "ilegible" del Plan de Operaciones.

Las muertes de Sonia Aguilar Quispe y Salomón Valenzuela Chúa, ocurridas en Macusani, Puno, y de Raúl Santisteban Yacsavilca, acontecida en Lima, todas durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, constituyen, además de homicidios calificados, graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con recientes decisiones adoptadas por fiscales del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales.

Las magistradas Nancy Chávez Torres y Delmy Díaz Fernández, quienes investigan los casos de Macusani y Lima, respectivamente, señalan en sus disposiciones que los citados homicidios deben ser considerados como violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como actos contrarios del Estado peruano al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados suscritos por el país y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.

Como se recuerda, la rondera Sonia Aguilar murió el 18 de enero por un impacto de bala en la cabeza, disparada aparentemente por uno de los efectivos de la Comisaría de Macusani. En esta ciudad, esa misma tarde hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y la delegación policial fue incendiada.

Por su parte, el manifestante Salomón Valenzuela fue impactado en el tórax por un proyectil letal, y falleció al día siguiente en el hospital de emergencias de Macusani.

En la capital del país, el 28 de enero, un efectivo policial disparó a corta distancia una bomba lacrimógena que impactó en el cráneo de Raúl Santisteban, quien caminaba con otros manifestantes a la altura del cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

La orden de disparar en Macusani

La disposición firmada el 2 de agosto pasado por la fiscal Nancy Chávez incorporó como investigados a un comandante, un teniente y tres suboficiales destacados en la comisaría de Macusani.

Durante las investigaciones, uno de ellos, el suboficial Luis Alberto Choque Albino, declaró ante la Fiscalía y señaló al comandante Freddy Arellano Mendoza como el oficial que ordenó efectuar los disparos.

"(...) Escuché que al comandante PNP Arellano Mendoza Freddy le habían roto la cabeza producto de una piedra que traspasó el techo de calamina, quien dispuso que se realice disparos [...] procedí a utilizar mi arma de fuego Sig Sauer con serie 24B306852, realizando disparos disuasivos a la falda del cerro, no habiendo respuesta favorable, por lo que el S2 PNP Linares Zegarra Ángel procedió a realizar disparos disuasivos con su arma afectada, trabándose dicho armamento, continuando el S3 PNP Guido Hancco Flores a proceder con tiros disuasivos con su AKM, pero viéndose afectado por el gas, le pedí su arma para realizar disparos disuasivos hacia la falda del cerro...".

Uno de los inmuebles ubicados en la zona sobre la que dispararon los efectivos de la comisaría de Macusani está ubicado en la intersección de las calles Miraflores y Jorge Chávez. La vivienda, de propiedad de Mariluz Riquelme Ramos, registró durante una inspección ocho orificios de proyectil de arma de fuego.

Según la resolución fiscal, la comandancia de la Décima Macrorregión Policial de la Región Puno remitió a la Fiscalía su Plan de Operaciones en copia "ilegible" y, por ello, "es necesario que [el] personal fiscal se constituya hasta las instalaciones de la Macrorregión Policial de Puno, toda vez que por su intermedio se sirva proporcionarnos [el documento] en copia certificada correctamente legible".

Acumulación en Lima

En la capital, la fiscal Díaz Fernández, a cargo de la investigación por el homicidio de Raúl Santisteban, acumuló este caso con la carpeta en la que se investiga las lesiones contra los manifestantes Freddy Gustavo Huamanchumo Llontop, Harold Brian Reynoso Salas, Teodoro Espinoza Torres, Kevin Aroquipa Cáceres, Juan Roberto Jaimes, Mario Jesús Chalco Ramírez, Claudio Griceldo Ramos Valera, Jhon Santos Lapa Laime, Carlos Salcedo Lozano y Milene Margot Cuya García.

También acumuló al mismo caso la carpeta fiscal por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Rolando Marcas Arango, y una decena más de manifestantes que resultaron seriamente lesionados.

El 28 de enero pasado, durante una de las jornadas de protesta en la capital contra el gobierno de Boluarte -la misma en la que murió Raúl Santisteban-, Rolando Marcas y su pareja, Luz Marina Silvestre Taypa, caminaban por la avenida Abancay, cuando Marcas fue impactado en la parte izquierda de su cabeza por un proyectil.

De acuerdo con la resolución fiscal, Marcas cayó al suelo inconsciente e inmediatamente fue rodeado por un grupo de policías, quienes patearon a Luz Marina Silvestre en la cabeza y en el torso, a la vez que le gritaron frases como "¡así mueren los terroristas!".

Silvestre fue conducida al Hospital Almenara y terminó con "fractura de los huesos del pie y otros".

La decisión de las dos fiscales del equipo especial que investiga los homicidios y las lesiones graves durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte apuntala estos casos como violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la legislación y los compromisos internacionales asumidos por el país. En teoría, debería ser un paso clave en las investigaciones.