Fiscal de la Nación archiva la inacción ante los incendios de 2024
Del humo de los masivos incendios forestales de 2024 ya no queda nada. Su rastro se ha disipado, tanto como las responsabilidades de quienes no atendieron oportunamente la emergencia y prefirieron mirar a otro lado.
Durante casi seis meses de ese año, el Perú se incendiaba. Literalmente, miles de hectáreas repartidas de bosques en decenas de incendios fueron consumidos. El gobierno de Dina Boluarte, ante el tamaño de la tragedia, tomó una decisión sencilla: no hacer nada.
Las consecuencias: una tragedia que se pudo al menos aliviar, ciudadanos muertos y miles de hectáreas calcinadas.
Para cuando Boluarte decidió actuar, el fuego ya había acabado con la vida de peruanos en diversas partes del país.
Ahora, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, ha archivado la investigación que se abrió contra Boluarte por omisión de funciones. En su Disposición N° 06, Gálvez optó por el formalismo burocrático para exculpar a la expresidenta y a sus ministros, argumentando que no hubo omisión porque, sencillamente, estaban esperando un papel.
En Epicentro TV hemos documentado que, lo que la Fiscalía llama "cumplimiento del procedimiento administrativo", es en realidad una cadena de negligencias protegidas por un sistema de registro que nació ciego.
El SINPAD y el subregistro
El argumento central del fiscal Gálvez es que el Ejecutivo no podía declarar la emergencia de oficio sin un informe técnico del INDECI que acreditara niveles de peligro 4 o 5.
¿Cómo se generan dichos informes? Aquí es donde la investigación expone la trampa del sistema.
En los reportajes preparados por periodistas de diversos medios y los que produjimos para Epicentro, se demostró que el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) padece de un subregistro estructural. Mientras los satélites de la NASA y del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) del Ministerio de Ciencia de Brasil, mostraban miles de focos de calor devorando la Amazonía, el COEN de Perú reportaba apenas una fracción.
Por ejemplo, el reportaje presentado por Epicentro mostraba claramente como el Ministerio de Agricultura a través del SERFOR reportaba zonas con casi 10 veces más incendios que los reconocidos por el INDECI en las misma fechas. El ex ministro Manero, parte de los exonerados de responsabilidad por el fiscal Gálvez, tenía a la mano esta información, pero no hizo nada al respecto.
Esto se debe a que el sistema solo reconoce el fuego si un funcionario local, a menudo sin internet o sin capacitación, sube un formulario manualmente al sistema. Es decir, si el alcalde no informa, el incendio "no existe" para el Ejecutivo. Y, si el incendio no existe, entonces, no hay obligación de actuar, según la Fiscalía.
Al 16 de septiembre de 2024, un conteo basado en datos satelitales ya advertía de 234 incendios activos en 22 regiones. Ese mismo día, el gobierno descartaba la emergencia argumentando falta de sustento técnico.
Adicionalmente, como mostró la investigación de Epicentro Tv del 7 de octubre del 2024, se hallaron evidencias de un posible ocultamiento de información por parte de INDECI y del SERFOR.
"Discrecionalidad" del humo
La Fiscalía sostiene que la demora no fue ilegal porque se ajustó a la "discrecionalidad técnica y política". Sin embargo, los números no mienten: la brecha entre la realidad y los hechos, el decreto costó vidas.
Para el 6 de septiembre, el gobernador de Amazonas ya había advertido que su capacidad estaba sobrepasada. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Esperó 12 días más para firmar el D.S. N.º 097-2024-PCM. En ese lapso, los fallecidos pasaron de 16 a 22, y la destrucción superó las 10,000 hectáreas.
"Esperar el sustento técnico no constituye una demora ilegal", dice la Fiscalía en su disposición de archivo.
No importaron los reclamos de pobladores y autoridades locales, ni la evidencia mostrada en reportajes, fotos, videos y audios procedentes de casi todo el Perú.
¿A quién beneficia el fuego?
No podemos hablar de estos incendios sin volver a mirar la Ley 31973, conocida como la "Ley Antiforestal", debido a que esta norma incentiva la quema de bosques para "limpiar" terrenos y legalizar el tráfico de tierras.
Entonces, ¿la inacción del gobierno fue funcional a un sistema que legaliza la deforestación?
Al archivar los casos de los ministros de Ambiente, Desarrollo Agrario y Defensa por los incendios, ¿no significa esto que el funcionario puede ignorar la evidencia científica y satelital si sus propios formularios burocráticos (los mismos que ellos controlan) no dicen lanzan la alerta?
Nuestra hipótesis es que el subregistro de incendios no fue un error técnico.