Fiscal acusa a Evo Morales por trata de personas y confirma orden de captura

Según la fiscalía boliviana, la menor habría tenido un hijo del expresidente cuando tenía 16 años. Morales denuncia persecución política y lawfare en su contra.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez acusó formalmente al expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravada y confirmó que pesa en su contra una orden de detención. El caso está vinculado a la presunta relación de Morales con una menor de edad, quien habría tenido un hijo con el exmandatario cuando ella tenía 16 años.

Los cargos y las implicancias

De acuerdo con la fiscal Gutiérrez, la imputación también incluye a Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, padres de la víctima, quienes habrían facilitado la relación a cambio de beneficios políticos y económicos. Vargas Mamani ya se encuentra bajo prisión preventiva.

La investigación se originó tras una denuncia en septiembre pasado. Según la acusación, la víctima pertenecía al grupo juvenil Generación Evo, creado por Morales durante su gobierno, y habría iniciado la relación con el exmandatario cuando tenía 14 años.

"Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva", declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.

La diputada boliviana Juliana Campero fue quien descubrió el registro de la niña y quien ha investigado este tema. En octubre ofreció detalles del mismo en esta entrevista para Epicentro.tv

Ejecución de la orden: obstáculos y tensiones

A pesar de la orden de captura emitida en octubre, su ejecución ha sido complicada. Morales permanece resguardado en la región del Chapare, Cochabamba, bajo la protección de al menos 500 simpatizantes, según él mismo ha afirmado. Además, las carreteras bloqueadas por manifestantes afines al expresidente han dificultado el acceso de las fuerzas policiales.

La fiscal también denunció que efectivos policiales fueron agredidos por seguidores de Morales y señaló que el exmandatario ha sido visto portando un arma, lo que añade un riesgo operativo a su captura.

Morales denuncia persecución política

El expresidente, quien lideró Bolivia entre 2006 y 2019, ha rechazado las acusaciones y asegura que forman parte de una campaña para impedir su participación en las elecciones de 2025.

"El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares. Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión", expresó Morales en redes sociales. Además, acusó al gobierno de Luis Arce de criminalizar la protesta social y mantener a más de 100 de sus seguidores encarcelados como presos políticos.

Tensiones políticas en el MAS

El caso contra Morales ocurre en medio de un conflicto interno en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, donde Morales disputa con el presidente Luis Arce el control político y estratégico de la organización.

El quiebre entre Morales y Arce, quien fue su ministro de Economía y llegó a la presidencia con su apoyo, se agravó en 2021 cuando Morales mostró su intención de postularse nuevamente en 2025, a pesar de estar constitucionalmente impedido.

Arce ha acusado a Morales de organizar un intento de golpe de Estado al convocar manifestaciones contra su gobierno, mientras que los seguidores de Morales culpan al presidente de la crisis económica y de una supuesta persecución política.

Un caso que trasciende fronteras

Esta no es la primera vez que Morales enfrenta denuncias similares. En Argentina, donde estuvo como refugiado en 2019, se le investigó por trata de personas y abuso sexual, aunque los casos no prosperaron judicialmente.

La fiscal Gutiérrez aseguró que se solicitó una alerta migratoria contra Morales para evitar su salida del país. Sin embargo, aún no se define la fecha de la audiencia cautelar que determinará las medidas en su contra.

El desenlace de este caso podría reconfigurar el panorama político en Bolivia, exacerbando aún más las tensiones en un país profundamente polarizado.

El internacionalista boliviano Jaime Aparicio explicaba así el impacto del caso en la crisis política que aqueja a Bolivia: