El gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia tres distritos con altos índices de criminalidad; sin embargo, el decreto supremo aún no es oficial. El premier Alberto Otárola adelantó que las Fuerzas Armadas están elaborando un plan estratégico en apoyo a la Policía. Pero el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, y el ex ministro del interior y exdefensor del Pueblo Walter Albán, consideran que es “una medida improvisada”. Además, recuerdan que la labor de las FF.AA. no está orientada a combatir el crimen común ni a restablecer el orden público.
La presidenta Dina Boluarte anunció sorpresivamente una declaratoria de estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), en Lima; y en el de Sullana, en Piura, debido al incremento de la inseguridad ciudadana.
“Hemos decidido declarar en emergencia a tres distritos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en Lima; y Sullana (en Piura) para que podamos, de manera decidida y más cercana a la población, que esté la Policía y el Ejército (para enfrentar la delincuencia)”, dijo Boluarte desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El fin de semana en SJL, la explosión de una granada en una discoteca dejó quince heridos con cortes e incrustaciones de vidrios, entre ellos, tres personas en estado de gravedad.
Según el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, en lo que va del año el crimen organizado ha cobrado la vida de 81 personas; por ello, ha considerado que el estado de emergencia “es necesario” en su distrito. No obstante, remarcó que solo funcionará si va acompañado de un plan de seguridad ciudadana.
"Hasta que no tengamos una estrategia integral, todo seguirá siendo igual. Se debe regular los penales ubicados en el distrito, que el Ministerio Público no libere delincuentes. Si el día de mañana ingresan las Fuerzas Armadas y no hay nada más, no sirve para nada”, aseveró Maldonado.
El burgomaestre de SMP, Hernán Sifuentes, coincidió con su homólogo de SJL y le pidió al Gobierno “tener objetivos claros y medibles” para que los esfuerzos “no sean en vano”.
En tanto, el alcalde provincial de Sullana, Marlen Mogollón, celebró la medida porque, según él, permitirá que se realice un trabajo con mayor firmeza y eficacia contra la extorsión y el sicariato. Mogollón había solicitado el estado de emergencia para su jurisdicción desde abril de este año, pues “la situación se le ha escapado de las manos a la Policía”.
Este martes, el premier Alberto Otárola aseguró que las FF.AA. “se encargarán de elaborar un plan estratégico en apoyo a la PNP”. Además, afirmó que el estado de emergencia ya entraba en vigencia, sin embargo, hasta el cierre de esta nota el decreto supremo aún no ha sido publicado.
En entrevista con el programa Replica, de Epicentro Tv, el congresista, ex ministro de Defensa y general en retiro del Ejército Roberto Chiabra sostuvo que lo que ha hecho el gobierno demuestra la falta de estrategia. Por ejemplo, sostuvo, no necesita pedir facultades extraordinarias para reforzar las comisarías de los distritos declarados en emergencia, y aseguró que estos estados de emergencia no resuelven el problema, como ha quedado demostrado en El Callao.
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Alejandra García
Lima Norte y Lima Este también piden estado de emergencia
Los alcaldes de la Mancomunidad Municipal Lima Este —conformada por los municipios de San Luis, Santa Anita, La Molina, Ate, El Agustino, Lurigancho-Chosica— han suscrito un pronunciamiento para solicitarle a la presidenta Dina Boluarte que sus jurisdicciones sean incorporadas en el estado de excepción.
“Instamos que se incorporen los distritos de Lima Este en la declaratoria de emergencia e intensifiquen la estrategia en la lucha frontal contra la delincuencia con una intervención integral y territorial en las zonas con mayor índice delictivo”, indica el comunicado.
El burgomaestre de Puente Piedra, Rennán Espinoza, expresó que “lo razonable” es que su distrito y Los Olivos, Comas, Carabayllo, Independencia, Santa Rosa y Ancón también sean declarados en emergencia como SMP, debido a que comparten “continuidad territorial urbana y sufren los mismos delitos: extorsión, sicariato y hurto agravado”.
Decisión del Gobierno es “irresponsable”
En diálogo con Epicentro Tv, el exviceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, lamentó que la gestión pública en materia de seguridad ciudadana es “deficiente” en el país. Explicó que un estado de excepción sólo se dictamina cuando no existe otra estrategia para combatir la delincuencia.
“Se pueden hacer muchas cosas antes de suspender los derechos fundamentales con un estado de emergencia. Incrementar la presencial policial en las calles, estableciendo turnos de 8 horas, modificando la disposición para que las motos patrullen durante todo el día, adelantando el egreso de las promociones de oficiales del último año”, precisó.
El exviceministro Valdés también sostuvo que la decisión de la jefa de Estado “ha sido un improntus, improvisada, secundada por sus ministros”. “Si el estado de emergencia se aplica como se aplicó por más de 200 días el año pasado, con (Pedro) Castillo como presidente y la señora Dina Boluarte como vicepresidenta y ministra, no va a conducir a nada”, añadió.
Por otro lado, el ex ministro y exdefensor del Pueblo Walter Albán, dijo que la medida “es demagógica y poco responsable”. “Creo que se está actuando para obtener el aplauso fácil en aparente atención a una demanda ciudadana, pero no es así. Esto es una muestra de la improvisación y la actitud poco seria con la que se conducen las políticas públicas en el país”, lamentó.
El exdefensor Albán cuestionó que el Estado no trabaje por el fortalecimiento de la PNP y que se considere correcta la participación de las FF.AA. en el control del orden público “cuando no están capacitados para ello”. Advirtió que una medida así abre la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Me parece que se está tratando de suplir las carencias de la Policía, llamando a las Fuerzas Armadas. Con mucho facilismo se pretende señalar que la Policía ya no se da abasto, y eso es una pésima señal porque eso hace vulnerable al ciudadano promedio. El crimen organizado está más experimentado y con posibilidad de sortear este tipo de ‘dificultades’”, acotó.
