Un proceso a nivel nacional para contratar el servicio de seguridad y vigilancia se encuentra estancado por casi un año y, entonces, Essalud recurre a la contratación directa de un puñado de empresas que ya acaparaban el 63% de una torta de 630 millones de soles. Aquí se mueve mucho dinero, y las habas que se cuecen habrían apurado la salida de Rosa Gutiérrez de la Presidencia de la entidad, en abierta e inesperada confrontación con Palacio de Gobierno. La Fiscalía ya abrió indagaciones preliminares.
El Ministerio Público abrió este martes indagación preliminar sobre algunos procesos de contrataciones efectuados por Essalud, después de que su expresidenta, Rosa Gutiérrez Palomino, denunciara posibles actos de corrupción y los vinculara con las razones de su despido de la entidad.
El fin de semana, Gutiérrez explicó en un extenso comunicado los motivos de su salida. pero, a pesar de la gravedad de sus afirmaciones, el silencio aún retumba en Palacio de Gobierno.
A la opinión pública: pic.twitter.com/2yKMjMnCuQ
— Rosa Gutierrez Palomino (cuenta oficial) (@rosagutierrezpa) July 23, 2023
La exfuncionaria señaló claramente a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola como los apañadores del gerente general de Essalud al que ella retiró del cargo, Iván Pereyra Villanueva. Hasta hoy, ni Boluarte ni Otárola han salido a desmentirla.
Gutiérrez denunció tres hechos de presunta corrupción a gran escala en Essalud: el proceso de contratación presuntamente direccionado del servicio de seguridad y vigilancia, que no tiene cuándo concretarse, y dos compras más de menor tamaño que la primera.
El servicio de seguridad y vigilancia para todas las redes asistenciales del seguro social a nivel nacional es una contratación que compromete mucho dinero de Essalud. Gutiérrez se refirió a un proceso a nivel nacional de S/ 625 millones, que hasta hoy permanece estancado porque –según su denuncia– se quiere generar desabastecimiento del servicio para contratar por emergencia y de manera directa.
Epicentro Tv ha encontrado indicios de lo que señala la ex presidenta de Essalud. También ha obtenido información sobre el proceso nacional anterior al señalado por Gutiérrez, que costó S/ 633 millones.
Estos contratos se firmaron a mediados del 2019 y culminaron a mediados del 2022. Al finalizar, debían empalmar con el proceso nuevo, el de los S/ 625 millones señalados por Gutiérrez, pero, hasta hoy eso no ocurre debido al incomprensible entrampamiento.
Desde entonces, Essalud ha recurrido a las contrataciones complementarias y a las contrataciones directas, por casi 100 millones de soles, que Epicentro Tv va a documentar en este reportaje.
El domingo pasado, Gutierrez dijo en “Cuarto Poder”:
“Hemos advertido que en el concurso público del servicio de seguridad y vigilancia se ha postergado cuarenta veces para que se llegue a un desabastecimiento y exista una adjudicación directa”.
En julio del 2019, en el proceso nacional por S/ 633 millones, de tres años de duración, tres empresas de vigilancia obtuvieron el 63% de la torta contractual, o S/ 402 '599,416.
Encabezaba la lista la empresa público-privada Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control SAC (Esvicsac), que obtuvo contratos por el 43% del total licitado. Su dominio en Essalud es indiscutible.
El último proceso nacional
Como señalamos, el último proceso que Essalud convocó para contratar el servicio de vigilancia empezó en el 2018, pero fue adjudicado entre julio y agosto del 2019, por S/ 633'443,514.
Se licitaron 34 ítems, por todas las redes asistenciales regionales, las redes de Lima –Sabogal, Almenara, Rebagliati–, el Instituto Incor y el Centro Nacional de Salud Renal.
Del total licitado, reiteramos, tres empresas obtuvieron contratos por S/ 402'599,416, lo que equivale al 63.5% de la torta contractual.
El primer lugar lo obtuvo, por lejos, Esvicsac, por un total de S/ 275’516,907, el 43% del total licitado.
En segundo lugar, obtuvo los mejores contratos la empresa Viproseg SAC, con S/ 102'903,552, el 16% de la torta.
Y, en tercera ubicación, Halcones Security Company SAC, que logró S/ 24'178,957, el 3.8%.
El 36.5% restante se lo repartieron el resto de empresas.
Los contratos tenían un plazo de 36 meses, o 1,095 días, es decir, culminaban entre julio y agosto de 2022.
Por ese tiempo, Essalud inició la convocatoria para el siguiente proceso, ascendente a S/. 625 millones. Era un proceso que debía durar unas pocas semanas, pero ya lleva casi un año sin resultados.
Los contratos fenecieron algunos en julio y otros en agosto del 2022, y Essalud aplicó la figura de los “contratos complementarios” y, después, de los “contratos directos”.
Los contratos complementarios están permitidos por ley hasta por el 30% del contrato principal. Pero debían culminar apenas el proceso nuevo tuviera ganadores.
Como nunca los hubo, los contratos directos se prolongan hasta hoy.
En OSCE, dos meses más
Recién en la última semana de mayo pasado, el nuevo proceso nacional empezó a moverse un poco, cuando un postor, Esvicsac –el mismo que obtuvo la mayor parte de la torta en el contrato de 2019– hizo consultas y observaciones a las bases.
A inicios de junio, dichas observaciones fueron elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para su pronunciamiento y aclaración.
El pronunciamiento de OSCE debía ocurrir en los siguientes quince días calendario, pero hasta el cierre de esta edición no hay noticias de ello. Por eso, hasta hoy no hay bases integradas o definitivas.
Si bien en los dos últimos meses el proceso ha estado en compás de espera en OSCE, la mayor parte del tiempo –diez meses– estuvo en el limbo en Essalud. Un estancamiento de casi un año sin el servicio de seguridad debidamente licitado.
Por esa razón, la saliente presidenta de Essalud sostuvo en “Cuarto Poder”:
“Para cualquier persona sin mayor estudio, un proceso que se viene arrastrando desde el 2022 por 624 millones, y generar un desabastecimiento permanente, esto termina en adjudicaciones directas que, hasta el momento en que yo asumí, ya se habían dado por 110 millones, que representa el 17% de los 624 millones”.
En estos casi doce meses sin licitación definitiva, Essalud ha contratado directamente a los proveedores de seguridad y vigilancia. Las empresas no han dejado de ganar.
Cien millones más
La ex presidenta de Essalud también mencionó que tras la finalización de los contratos grandes a nivel nacional por concepto de seguridad y vigilancia, la entidad ha adjudicado contratos de manera directa por S/ 110 millones.
Epicentro Tv encontró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) que entre junio de 2022 y marzo de 2023, Essalud ha suscrito contratos complementarios millonarios.
El proveedor que sigue concentrando los más importantes contratos, Esvicsac, obtuvo 206 órdenes de servicio (entre procesos por 8 UIT y 9 UIT, procesos de selección y exoneraciones) por S/ 95 millones.
Eso empalmó luego con los contratos directos que suscribió el mismo proveedor con Essalud entre abril y lo que va de julio, a través de 47 órdenes de servicio (entre procesos por 8 UIT y 9 UIT, procesos de selección y exoneraciones) por S/ 3 millones.
Son S/ 98 millones más que esta empresa ha obtenido post contrato nacional, en el que, reiteramos, se hizo con S/ 275'516,907.
Otro contrato: la Sede Central
La llamada “Sede Central” de Essalud es el complejo ubicado entre las avenidas Arenales y Rebagliati, en el distrito de Jesús María.
Más de 200 vigilantes resguardan sus instalaciones, y su contratación requiere de un proceso distinto al nacional.
Essalud convocó a dicho proceso en octubre de 2022. Como siempre, los postores hicieron consultas y observaciones a las bases, y en abril de 2023 presentaron sus propuestas técnicas y económicas.
En mayo, el comité de selección le otorgó la buena pro a la empresa Grupo Vicmer Security SAC.
Esvicsac –la que tiene la mayor parte de los contratos a nivel nacional– participó, pero fue descalificada en la etapa de presentación de propuestas, debido a que su nuevo local no contaba con la “autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio”, expedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Tal descalificación quedó consignada en el “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro”, del 10 de mayo pasado, cuya copia tiene Epicentro Tv.
Pocos días después, el comité de selección le imputó a Vícmer haber presentado documentos con problemas. Uno de los requisitos eran certificados de capacitación en seguridad privada, pero éstos no estaban validados por ningún representante de la empresa. Solo figuraba la firma del instructor de Sucamec, según Essalud.
Fuentes cercanas a esta empresa indicaron que ese no era un requisito establecido en las bases. No obstante ello, el 4 de julio pasado, el todavía gerente general de Essalud, Iván Pereyra Villanueva –el mismo por el que Palacio de Gobierno abogó, según la denuncia de Rosa Gutiérrez– firmó la nulidad de la buena pro con la Resolución de Gerencia General Nº 902.
Con esta resolución se le retiró la buena pro a Vícmer Security, se declaró nulo el proceso y se regresó el mismo a la etapa de absolución de consultas.
Con ello, las empresas postoras –Esvicsac, entre ellas– aún pueden seguir en carrera.
La inesperada denuncia de Rosa Gutiérrez, ex presidenta de Essalud y antes ministra de Salud, puede abrir la “caja de Pandora” de una institución que maneja grandes sumas de dinero que no necesariamente benefician al asegurado, y que es usada como caja con liquidez por diversos gobiernos. El de Pedro Castillo y, ahora, el de Dina Boluarte, parecen no ser la excepción.
