Epicentro presenta recurso de hábeas data para que Fiscalía entregue información
El acta y el audio de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo pasado parecen un tema “tabú” para la Fiscalía, que desde julio se niega a acatar el fallo del Tribunal de Transparencia que le ordenó entregar la información a este medio. Por ello, presentamos demanda de hábeas data al Poder Judicial para que ordene a la gestión de Patricia Benavides cumplir con la ley. El hecho ha llegado a la SIP como caso de agresión de la Fiscalía a la prensa.
Epicentro Tv, con el patrocinio legal del Estudio Arbizu & Gamarra, presentó una demanda de hábeas data al Poder Judicial solicitando que disponga que la Fiscalía de la Nación le entregue a este portal periodístico un acta y un audio que hasta el momento se niega a entregar, pese a existir un fallo del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado peruano que le ordena cumplir con entregar la información requerida.
A fines de mayo pasado, Epicentro Tv, amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, copia del audio y del acta de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo pasado. El 6 de junio, la Fiscalía rechazó nuestro requerimiento alegando una supuesta “confidencialidad” en la información solicitada.
Este medio apeló dicha decisión, como dispone la ley, ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instancia que el 25 de julio pasado se pronunció, ordenando a la Fiscalía que proceda con la entrega de la información que en mayo pasado requirió la periodista María José Mellado, de Epicentro Tv.
Sin embargo, han pasado casi cuatro meses y el Ministerio Público sigue desacatando el fallo del Tribunal de Transparencia.
No solo eso. El 11 de agosto –tres días después de notificado el fallo del Tribunal de Transparencia del 25 de julio–, la Fiscalía acudió al Poder Judicial para pedirle que anule dicha orden y, en paralelo, presentó una medida cautelar para no entregar la información solicitada, tal como lo informamos el 3 de octubre pasado.
En su momento, similar información fue requerida por la fiscal suprema Zoraida Ávalos. El 6 de agosto, la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos le remitió el Oficio 000900, en donde le informaron que los audios habían sido “desechados”, vale decir, eliminados.
El 4 de octubre, este portal hizo un nuevo pedido de información a la Fiscalía usando los mecanismos de la Ley de Transparencia.
Solicitó:
1) La copia del acuerdo y/o acta de la Junta de fiscales Supremos que dispuso la eliminación o depuración de toda grabación, audio o registro magnetofónico de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos; y 2) Copia del acuerdo y/o acta de la Junta de Fiscales Supremos que dispuso la eliminación de la grabación de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de .
El 16 de octubre la Fiscalía respondió.
Remitió el Acta Nº 1018 de la sesión ordinaria de la Junta de Fiscales Supremos del 7 de agosto pasado, en la que participaron los fiscales supremos titulares Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, y la secretaria de la Junta, Carmen del Pilar Díaz Vásquez.
Supuestamente, en dicha acta, de 19 páginas, se encontraba la respuesta a nuestro primer requerimiento, pero solo encontramos lo siguiente:
Se trata de una referencia al pedido realizado en su momento por la fiscal Zoraida Ávalos. No obstante, la fiscal Ávalos no ha recibido los audios y las actas que también pidió.
Sobre nuestro segundo requerimiento –el acuerdo que dispuso eliminar el audio de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo–, la respuesta de la Fiscalía fue: aún no podemos entregarla porque le falta una firma.
La firma faltante es la de la suspendida fiscal Zoraida Ávalos. La gestión de la doctora Patricia Benavides aún no le envía el acta a su domicilio para la toma de su firma.
¿Es por el factor Enma Benavides?
El audio y el acta que Epicentro Tv solicitó desde fines de mayo deberían contener lo discutido por los fiscales supremos titulares en la sesión de la Junta de Fiscales Supremos el 24 de ese mes, cuando, entre otros puntos , las fiscales Zoraida Ávalos y Patricia Benavides sostuvieron un tenso cruce de palabras.
El 19 de junio informamos que los temas tratados en aquella sesión “están contenidos en dos oficios que Zoraida Ávalos le ha enviado a la fiscal de la Nación y mencionan asuntos referidos a la investigación contra la jueza superior Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides, y con presuntos acercamientos a congresistas de la República para que voten a favor de la inhabilitación de Ávalos".
¿Quiere evitar la Fiscalía de la Nación que este medio conozca y, eventualmente, divulgue los detalles de dicho momento de la sesión? Es una interrogante central.
La negativa de la Fiscalía a entregar información a este medio, y su desacato al fallo del Tribunal de Transparencia, ha sido considerada por el último informe del Consejo de la Prensa Peruana sobre atentados a la libertad de expresión en el país, como una de las agresiones al periodismo ocurridas en el presente año.
“En el último año, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en un nuevo frente de agresión contra el periodismo en el Perú. Al amedrentamiento para obtener las fuentes de periodistas de investigación, se ha sumado la negativa a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en casos que tienen como protagonista a la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides”, señala el informe que ha sido remitido a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Extracto del informe del Consejo de la Prensa sobre las agresiones a la prensa por la Fiscalía.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las entidades del Estado a entregar la información que la ciudadanía le demande, “en aplicación al principio de publicidad”.
Y lo que resuelve el Tribunal de Transparencia es de obligatorio cumplimiento y precedente vinculante en materia de transparencia y acceso a la información pública. La entrega de información pública a la ciudadanía no es un acto de voluntad, es una obligación. En este caso, el Ministerio Público la está incumpliendo.
Redacción Epicentro
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