Varios dispositivos de videovigilancia del Cercado de Lima no funcionaban cuando ocurrieron las protestas de noviembre del 2020 y varios episodios de abuso policial se quedaron sin ser registrados. Una comisión de regidores de la Municipalidad de Lima investigó las razones y encontró responsabilidad en el vacado exalcalde de Lima, pues fue alertado a tiempo del problema. Muñoz responde que no ha sido citado ni conoce contenido del informe. Desde enero, el concejo no pone a debate el documento.
No todas las investigaciones sobre las protestas de noviembre del 2020 y la sobrerreacción policial que ocasionó la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado han buscado evadir u ocultar la verdad, como recientemente ocurrió en el Congreso con el informe del parlamentario Alejandro Cavero.
Una comisión de regidores del Concejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima investigó por qué durante la represión policial varias decenas de cámaras de videovigilancia ubicadas en el perímetro en donde se desarrolló la protesta ciudadana se encontraban inoperativas, y ha determinado que fueron adquiridas en procesos que no garantizaron su mantenimiento. Son contratos por los cuales la Municipalidad de Lima desembolsó cerca de S/. 35 millones, y que la comisión ha calificado como “lesivos”.
La inoperatividad de setenta cámaras, ubicadas en el perímetro en el que se desarrollaron los hechos que llegaron a su clímax la noche del 14 de noviembre, fue informada con tres meses de anticipación al entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y a todos los regidores en un pleno del concejo metropolitano, señala el informe. Muñoz ha señalado a Epicentro, a través de su asesora de prensa, que no conoce las conclusiones del documento y que no ha sido citado a declarar.
El contenido del documento, al cual tuvo acceso Epicentro Tv, es relevante.
Señala que el entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, es responsable, al igual que otros funcionarios municipales, por la falta de operatividad de las cámaras. Pese a haber sido advertido, su gestión las mantuvo inoperativas, indica el informe.
El informe concluye que Muñoz “omitió sus funciones” como alcalde, pese a “que tuvo pleno conocimiento de la inoperatividad de cámaras de videovigilancia en la jurisdicción del Cercado de Lima y no adoptó las acciones de su competencia para solucionar dichos problemas de relevancia”.
El problema es que el documento, que fue entregado en enero pasado al Concejo Metropolitano para su debate, aún no es puesto en agenda.
Pareciera que la Municipalidad de Lima estuviera imitando cierta costumbre del Congreso de República de encarpetar algunos temas.
Los autores del informe, los regidores José Luis Pacheco y Víctor Aguilar, de Podemos; Jorge Valdez, de Somos Perú; y Claudia Fajardo, de Acción Popular, aprobaron su trabajo por unanimidad. La línea de su relato indica que la operatividad de las cámaras nunca debió ser un problema para el municipio.
La inoperatividad de cámaras de videovigilancia, según el informe, fue puesta en conocimiento en la sesión del Concejo Extraordinario el 28 de agosto de 2020, en la que estuvo presente el alcalde Muñoz.
Esa tarde, el regidor José Luis Pacheco Moya dio cuenta del problema de inoperatividad de varias cámaras.
Era un problema del que también tenía conocimiento el ex gerente de Seguridad Ciudadana, Augusto Vega García, quien declaró ante la comisión investigadora que se lo informó al alcalde de Lima.
Pero los problemas persistieron.
Por eso, entre el 12 y 17 de noviembre del 2020, días de las protestas, cerca de setenta cámaras no registraron el abuso policial, pese a que habían sido adquiridas apenas en los años 2015 y 2018, en tres procesos por los que el municipio limeño desembolsó, como señalamos, casi S/. 35 millones.
La compra más costosa fue realizada por Invermet, una gerencia metropolitana que en noviembre del 2018, en las semanas finales de la gestión de Luis Castañeda, desembolsó S/. 21.3 millones en virtud a un contrato que la comisión investigadora ha catalogado de “lesivo”.
El mismo informe sostiene que dicho contrato “no contiene ninguna cláusula que determine el servicio de mantenimiento de las video cámaras de vigilancia a pesar del costo de S/ 21, 340, 600. 00”.
Esa falta de mantenimiento las mantuvo inoperativas e inservibles. Tal fue el caso de la cámara de videovigilancia número 30, ubicada en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en donde probablemente ocurrió la mayor demostración de fuerza de la policía, la noche del 14 de noviembre.
Según el informe, dicha cámara no registró “ninguna imagen sobre el área que cubría mediante el registro y la trasmisión de imágenes”.
En dicho sector hubo otras doce 12 cámaras inoperativas, que bien pudieron haber grabado las imágenes de la represión policial para servir de insumo en el cuestionado trabajo que acaba de sustentar el congresista Alejandro Cavero. Es un alto porcentaje de cámaras inservibles para una de las ciudades más grandes de América Latina.
Una situación que se pudo evitar y que no era ajena al entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a su teniente alcalde, el actual alcalde en funciones, Miguel Romero Sotelo, y a ninguno de los regidores oficialistas ni funcionarios de la presente gestión.
No solo por el informe que hizo el regidor Pacheco en presencia de los regidores y del alcalde Muñoz, sino porque hubo auditorías e informes de control que dieron cuenta con anticipación de la falta de mantenimiento de varias cámaras y de la falta de operatividad de decenas de ellas.
En el 2019, la propia Contraloría se lo había informado directamente a Muñoz.
Además de Muñoz, la comisión investigadora ha encontrado responsables al ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Augusto Vega García, al subgerente de Operaciones de Seguridad, Carlos Antonio León Merino, y a la gerente general de la comuna, Gloria María Del Carmen Corvacho Becerra.
Epicentro Tv pidió opinión al exalcalde de Lima por las conclusiones de este informe. Como indicamos, a través de su asesora de prensa comentó que desconoce la existencia del mismo, pues no le han notificado las conclusiones y tampoco ha sido citado para dar sus descargos.
De acuerdo a la exautoridad, si la comisión investigadora no recogió su versión pese a imputarle responsabilidad, no habría respetado el debido proceso y podría plantear la nulidad del informe. Así están las cosas.
