Los servicios de la editorial Gaceta Jurídica SA, en la que Walter Gutiérrez es accionista mayoritario, fueron contratados por organismos del Estado entre 2016 y 2020, durante su período como defensor del Pueblo. Para el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, OSCE, hay “una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. El funcionario rechaza las conclusiones del ente supervisor.

Un dictamen del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) ha concluido que la empresa editorial del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, tuvo contratos con organismos públicos pese a los impedimentos legales que pesan sobre el alto funcionario público y sobre sus parientes más cercanos.


“El defensor del Pueblo, señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho, se encuentra impedido para contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de cesar en sus funciones”,

indica la primera conclusión del dictamen que suscribió el 6 de diciembre del 2021 la subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos de OSCE, Wendy Melissa Cruz Kamiche.

En diálogo con Epicentro Tv (ver la entrevista al final de este informe), el defensor del Pueblo ha dicho que se trata de un error de OSCE, pues su empresa no tiene vínculos contractuales con el Estado y tampoco registro vigente como proveedor del Estado desde hace más de diez años. OSCE ha dicho que su información es oficial, basada en lo que registraron las entidades públicas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace). En el portal de Transparencia Económica, sección “Proveedores del Estado”, no hay pagos girados a la razón social Gaceta Jurídica SA desde el 2017 en adelante.

La funcionaria de OSCE, Wendy Cruz Kamiche, ha elevado su dictamen –cuyo “Asunto” dice “Impedimentos para contratar con el Estado” – al Tribunal del OSCE para que se pronuncie en última instancia administrativa sobre la figura detectada en este caso.

El dictamen de OSCE indica que, entre octubre del 2016 y noviembre del 2020, la empresa editorial de Gutiérrez Camacho, Gaceta Jurídica SA, registra once contratos con distintas entidades públicas.

Se trata del Ministerio de Energía y Minas (2016), la Municipalidad Provincial de Satipo (2017), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017), la Contraloría General de la República (2018), el Proyecto Majes-Siguas del Gobierno Regional de Arequipa (2018), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019), la Municipalidad Provincial de Piura en dos ocasiones (2019), el Banco de Materiales en Liquidación (2020) y el Ministerio de la Producción (2020).

Son servicios por suscripción y compra de la revista Gaceta Jurídica. En el caso de la Contraloría –cuando Nelson Shack ya era contralor general de la República– fue un servicio por S/. 3,890, para “dotar a las diversas unidades orgánicas de la entidad de los bienes necesarios para el desarrollo de sus funciones encomendadas constitucionalmente y para el logro de los objetivos estratégicos institucionales”.
Todos los servicios, se habrían generado durante el mandado oficial de Gutiérrez como defensor del Pueblo, cargo en el que fue nombrado por el Congreso de la República el 8 de setiembre del 2016.

De acuerdo a OSCE, el defensor reportó haber sido parte del accionariado de Gaceta Jurídica SA hasta noviembre del 2020, como vamos a detallar enseguida.

Accionistas de Gaceta Jurídica.

El 12 de noviembre del 2020, el defensor del Pueblo presentó su Declaración Jurada de Intereses a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Allí declaró que entre el 1 de enero del 2013 y el 5 de setiembre del 2018 fue poseedor del 99% de acciones de la empresa Gaceta Jurídica.

Y que, desde el 6 de agosto del 2018 hasta el 21 de noviembre del 2020, su participación disminuyó a 66% de acciones.

Del mismo modo, en la Declaración Jurada de Intereses que entregó a la Contraloría General de la República, Gutiérrez consignó que desde el 1 de enero del 2013 hasta el 5 de setiembre del 2018, tenía 1’388,290 de acciones en la referida empresa editorial, y desde el 6 de agosto del 2018 hasta noviembre del 2020, fueron 919,774 acciones.

Su condición, de acuerdo a esta información, es la de accionista mayoritario. Situación que no ha variado, según dijo Gutiérrez a Epicentro Tv.

OSCE también hace notar que en el Registro Nacional de Proveedores, sección “Información del proveedor”, Walter Gutiérrez figura como accionista, con una participación de 59%.

Según esta información, Walter Gutiérrez y su hermana, María Elena Gutiérrez Camacho, suman 99.13% de acciones. El defensor registra el 59.63% y su hermana el 39.50%. La norma establece que cuando la participación societaria de un funcionario público o de sus familiares supera el 30% del accionariado, se activan los mecanismos para que esa empresa quede prohibida de contratar con el Estado.

Los otros accionistas de Gaceta Jurídica SA no suman ni el 1 por ciento.
En la partida registral de la empresa editorial no se advierte ninguna renuncia, venta o cesión de acciones a su hermana o a terceros, indica OSCE. Sólo está registrada la aceptación de la Junta General de Accionistas a su renuncia al cargo de gerente general, el 6 de setiembre del 2016, un día antes de su oficialización como defensor del Pueblo.

“No se advierte información distinta de aquella declarada ante el RNP (Registro Nacional de Proveedores) relacionada con el porcentaje de acciones de los señores Walter Francisco Gutiérrez Camacho, María Elena Gutiérrez Camacho, Iván Boritz Boluarte Gómez y Augusto Manuel Muro Rojo”, se lee en el dictamen de OSCE.

Pero, incluso, si hubiese cedido sus acciones, la hermana del defensor, María Elena Gutiérrez Camacho, sería poseedora de más del 30% de acciones. Por lo tanto, allí también se aplicaría el mecanismo de los impedimentos para contratar con el Estado, pues el hermano de un funcionario público tiene segundo grado de afinidad y segundo de consanguinidad.

“En la medida que el señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho consignó en su Declaración Jurada de Intereses que habría contado con más del 30% de acciones de manera individual y conjunta (con su hermana María Elena Gutiérrez Camacho) del capital social de la empresa Gaceta Jurídica SA, por lo tanto, el impedimento a nivel nacional de la mencionada autoridad se extiende a dicha persona jurídica”, señala el dictamen suscrito por la subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos de OSCE.

Por tal motivo, “la empresa Gaceta Jurídica SA se encontraría impedida de contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo del señor Walter Francisco Gutiérrez Camacho como titular de la Defensoría del Pueblo, cargo que ocupa desde el 8 de setiembre del 2016, y hasta doce meses después de dejar el mencionado cargo”.

Según el documento de OSCE, en el caso del defensor del Pueblo se advierte indicios “de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado”.

Se refiere al literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que contratar con el Estado pese a encontrarse impedido por ley “constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado”.

Dictamen OSCE Sobre Walter Gutiérrez Con Sello_page-0001 by Epicentro TV on Scribd

Otras dos empresas

En los registros oficiales del Seace también aparecen dos empresas: Gaceta Comercial SA y Gaceta Consultores SA.

Según el Buscador de Proveedores del gobierno peruano, Gaceta Comercial SA tiene dos accionistas: Gaceta Jurídica SA y Walter Gutiérrez Camacho. Por whatsapp, el defensor dijo que Gaceta Jurídica y él ya no tienen acciones en Gaceta Comercial. En su Declaración Jurada de Intereses de noviembre del 2020, Gutiérrez reportó que fue accionista del “046%” de Gaceta Comercial entre enero del 2009 y setiembre del 2016.

En el Seace, esta compañía registra varias órdenes de compra con el Estado, y en el portal de Transparencia Económica del MEF se indica que entre 2017 y 2021 tuvo contratos con el Estado peruano por S/. 1’208,205.

En el caso de Gaceta Consultores SA, en el portal de proveedores del Estado figuran como sus socios accionistas la ya conocida Gaceta Jurídica SA y Rafael Fernando Gutiérrez Camacho, otro hermano del defensor del Pueblo. De igual modo, Transparencia Económica da cuenta de contratos con el Estado, entre 2017 y 2021, por S/. 167,029.

Anoche consultamos al defensor del Pueblo si aún mantiene participación accionaria en estas dos empresas. Respondió que no es accionista de Gaceta Comercial. No remitió información sobre su situación en Gaceta Consultores.
OSCE podría realizar un proceso de verificación de esta información. Por supuesto que también la Contraloría General de la República. Son las entidades llamadas a hacerlo.