La comisión de Constitución aprobó con votos de fujimoristas y aliados el proyecto de ley que generaría impunidad en los casos calificados de lesa humanidad. Fernando Rospigliosi, autor del proyecto, defiende ahora a los policías y militares procesados, pero en el 2010 su preocupación eran las víctimas de derechos humanos. Hagamos memoria.
El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi presentó el proyecto de ley 6951/2023- CR, que busca exculpar a los procesados crímenes de lesa humanidad. La propuesta legislativa fue aprobada en la Comisión de Constitución con los votos de los fujimoristas y sus aliados, y será agendada en el Pleno para ser debatida.
La línea actual del congresista es coherente con la de la bancada fujimorista pero no con la línea que mostraba cuando defendía los derechos humanos y cuando lo plasmó en un artículo titulado “El regreso a la oscuridad”, publicado en el diario La República en el 2010. En aquella columna, Rospigliosi manifestó su rotundo desacuerdo y una crítica muy dura a una norma similar promulgada por el gobierno de Alan García.
Allí, Rospigliosi señaló:
“(...) Los decretos legislativos promulgados el 1 de setiembre, al amparo de facultades delegadas por un Congreso mediocre y corrupto, posibilitan la puesta en libertad de los asesinos del grupo Colina y otros criminales, así como la impunidad para decenas de otros delincuentes que cometieron crímenes atroces”.
Con estas palabras iniciaba su artículo de opinión titulado ‘El regreso a la oscuridad’, el hoy congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El texto fue publicado en el diario La República en septiembre del 2010, días después de que el gobierno de Alan García emitiera un paquete de decretos legislativos, entre ellos el Nº 1097, que regulaba la aplicación de normas procesales por delitos que implicaban violaciones a los derechos humanos. La norma, en opinión de Rospigliosi, era una ley de “amnistía disfrazada”, hecha con el fin de generar impunidad. Fue un duro crítico con la norma aprobada por García el hoy autor de un proyecto de ley que tiene ese mismo objetivo. Su opinión, en aquel entonces, tenía los siguiente fundamentos:
“(...) insertarse en un mundo globalizado no solo es firmar tratados de libre comercio y abrir las puertas para el intercambio de bienes y servicios. También es ponerse a tono con el sistema internacional de vigencia de libertades democráticas y respeto a los derechos humanos. El desprecio por esos estándares produjo un progresivo aislamiento internacional del régimen de Fujimori y Montesinos, que tuvo consecuencias para la dictadura en el año 2000, precipitando su caída. Y provocó una situación enmarañada desde el punto de vista legal, que llevó a la anulación de juicios y sentencias, y a nuevos y complejos procesos contra los terroristas, delincuentes, corruptos y violadores de los derechos humanos”, escribió en su columna del diario La República.
Dijo, incluso, que los decretos del gobierno de García eran “una bofetada a las miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, casi todos campesinos, pobres, marginales”, y citó, además, parte del discurso de Salomón Lerner en la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Volviendo a la actualidad, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista fujimorista Martha Moyano, aprobó el martes con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, el dictamen recaído en el proyecto de Ley 6951/2023- CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
La propuesta legislativa refiere que, por ejemplo, por hechos cometidos anteriores al 1 de julio del 2002, nadie podrá ser procesado, condenado ni sancionado por el delito de lesa humanidad, debido a que el Estatuto de Roma de la Corte Penal entró en vigencia en esa fecha.
Además, argumenta, al igual que el Decreto Legislativo Nº 1097 del gobierno aprista, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (1968) surte efectos únicamente a partir del 23 de marzo de 2003, es decir, la fecha en que el Perú se adhirió a la Convención.
La autoría de este proyecto legislativo que buscaría impunidad es de Fernando Rospigliosi. Aquí se refiere al tema:
En debate
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución no solo con el apoyo del fujimorismo. Los votos de los congresistas de Renovación Popular, Gladys Echaiz y Alejandro Muñante, así como los de Eduardo Salhuana (APP), Luis Aragón (AP), José Elías Ávalos (Podemos Perú), Alejandro Cavero (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú), Juan Burgos (Unidad y Diálogo) y María Alva Prieto fueron determinantes.
Pero dentro de los votos fujimoristas hay uno que ha generado críticas e indignación por tratarse de alguien tildado de “juez y parte” en este tema. Se trata del congresista Alejandro Aguinaga y esto se debe a que el parlamentario emitió su voto cuando se encuentra investigado en el caso de las esterilizaciones forzadas, considerado también un crimen de lesa humanidad.
Para el abogado de IDL y experto en derechos humanos, Carlos Rivera, los efectos que tendrá esta norma de aprobarse en el Pleno es que generará impunidad y podría liberar a condenados como el expresidente Alberto Fujimori o su asesor Vladimiro Montesinos de casos emblemáticos procesados como delitos de lesa humanidad. Además, Rivera alertó que se avecina un nuevo escenario de confrontación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El objetivo de la ley es que la defensa de condenados como Fujimori, Montesinos, Grupo Colina, General Mori, y cualquier oficial, desde el día siguiente estarán tocándole la puerta al Poder Judicial pidiendo que se anule la sentencia. Nos vamos a enfrentar al mismo proceso que se dio en el año 2010 cuando se promulgó el decreto legislativo , que incluso se asemeja a una ley de amnistía”, dijo Rivera en Réplica.
Tal como refiere Rivera, la presión de instancias internacionales e incluso de diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo o la renuncia a la CVR de Mario Vargas Llosa, logró que el gobierno de Alan García retrocediera con el decreto legislativo Nº 1097 al considerarse que era inconstitucional. La norma, defendida por el entonces ministro de Defensa, Rafael Rey, tuvo que ser derogada semanas después de haber sido publicada.
Pero el debate fue mucho más allá y llegó al Tribunal Constitucional. En un fallo emitido en el 2011, el TC resolvió fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo.El TC fue claro sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que ahora señala el fujimorismo: “(...) como ha quedado dicho, eso no significa que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sólo sea aplicable a las conductas típicas cometidas después de esa fecha. Por el contrario, según se ha argumentado supra, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es una norma de ius cogens aplicable en todo tiempo y que encuentra reconocimiento en el derecho fundamental a la verdad previsto en el ordenamiento constitucional peruano”.
De ser aprobado en el Pleno el dictamen estos serían algunos de los casos procesados como delitos de lesa humanidad, por ser hechos horrendos, que se verían afectados.
Según Carlos Rivera, en dos décadas la antes Sala Penal Nacional y ahora Corte Penal Nacional ha calificado 35 casos de lesa humanidad, cada uno de ellos con decenas de víctimas y familiares de las mismas que se verían perjudicadas. La pregunta que queda ahora es, citando a Rospigliosi en el 2010, ¿Quién abofetea ahora a las miles de víctimas?
